La militarización de la economía

El domingo pasado, el Congreso de la Unión recibió la iniciativa de reformas a la Ley de Inversión Extranjera, orgullosamente firmada por la Presidenta Sheinbaum y por Luisa María Alcalde. La iniciativa es francamente una aberración, tanto jurídica como económicamente, que desincentiva la inversión extranjera aproximadamente desde sus primeras páginas.

De acuerdo con la exposición de motivos, la inversión extranjera “constituye un elemento importante para el desarrollo económico y social del país, que genera empleo, fomenta la innovación y contribuye al bienestar de la población”, pero desafortunadamente, en la actualidad la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que evalúa y aprueba los proyectos de inversión, ha tenido una visión limitada. Se ha enfocado nada más “en criterios de desarrollo económico tales como (I) el impacto sobre el empleo y la capacitación de los trabajadores; (II) la contribución tecnológica; (III) el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, y (IV) la aportación para incrementar la competitividad de la planta laboral”. Esos economistas siempre andan priorizando nimiedades, cuando lo verdaderamente importante no es la creación de empleos y la competitividad, sino el combate al crimen organizado transnacional que sin duda se verá debilitado si dejamos a la milicia, la revisión de proyectos de inversión extranjera en México.

Así de absurda es la propuesta. Según la Presidenta y su Consejera, México enfrenta amenazas a su seguridad nacional, derivadas de factores internos y externos, incluyendo el crimen organizado transnacional y el financiamiento al terrorismo. La iniciativa prevé entonces que la inversión extranjera que vaya a participar en un porcentaje mayor al 49% del capital social de una sociedad mexicana, deberá obtener una aprobación de la CNIE, a la cual se integrarán representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana. La aprobación supuestamente se requerirá solamente para ciertas actividades económicas, pero el listado es tan general, que casi cualquier industria podría verse afectada. De acuerdo con el artículo 30 Bis que se propone adicionar a la Ley de Inversión Extranjera, las actividades económicas involucradas incluyen a las infraestructuras estratégicas, ya sean físicas o virtuales, vinculadas con el sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, así como tecnologías críticas, incluida la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, el almacenamiento de energía, la biotecnología, el acceso a información sensible o datos personales, o la capacidad de controlar dicha información y cualquier otra actividad análoga que decidan los militares. ¡Vaya! Ni las tortillerías se salvan.

Se supone que la aprobación solamente va a ser obligatoria para la inversión que supere ciertos umbrales económicos, pero esos también los van a decidir los militares, en los 180 días siguientes a la publicación de la reforma. Sheinbaum y Alcalde todavía tuvieron el cinismo de aclarar que si la inversión no supera los umbrales, los inversionistas tienen el derecho de presentar la solicitud de manera voluntaria. Que no se diga que el Gobierno mexicano está imponiendo restricciones innecesarias a la inversión extranjera.

Por si fuera poco, la iniciativa propone actualizar el régimen de sanciones porque “no ha sufrido modificaciones” desde 1993. El pobre Gobierno casi no le saca ganancia a las multas en mucho tiempo. Ya le toca un incremento. La multa más alta ahora será de 200,000 UMA, más de 23 millones de pesos. Ahora resulta que la solución final para combatir al crimen organizado en nuestro país ya no son los abrazos, sino que los militares revisen con lupa los proyectos de inversión extranjera formal, sobre todo en los sectores de comunicaciones, centros de datos e IA. La motivación real es obvia. Todo régimen autoritario se siente incómodo ante la presencia extranjera, porque amenaza su control interno. Morena se ha esforzado mucho por restringirla, ya sea regulando la publicidad, las elecciones, los candidatos, y ahora la economía.