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México, hacia una crisis autoinducida. No hay “otros datos”
Gabriel Quadri de la Torre | Verde en serio
Cifras ominosas se acumulan en el horizonte de nuestro país, en prácticamente todos los ámbitos. Los números son fríamente amenazadores, y reflejo, casi todos ellos, de la propia naturaleza y decisiones explícitas del régimen. Nos deslizamos gradualmente, casi sin darnos cuenta, a un caleidoscopio obscuro de quiebra fiscal, estancamiento y disfunción económica, desempleo, desmantelamiento de servicios públicos, y creciente violencia letal, en un escenario de corrupción cada vez más difícil de encubrir. La economía se encuentra virtualmente estancada, habiéndose expandido marginalmente 0.7% en 2025. En enero se perdieron 8,000 empleos netos en vez de generarse nuevos, y cerca de 6,000 empresas cerraron. En 2025 desaparecieron 26,000 empresas. El padrón de empresas del IMSS lleva 20 meses con disminuciones, mientras el indicador de confianza del consumidor ha retrocedido. La inflación subyacente ya asciende a 4.5%; es el impuesto más injusto y regresivo que existe. La inversión física se redujo 23% en 2025, y la inversión del gobierno fue 10.4% menor a lo programado. La caída en la inversión cierra opciones de crecimiento en el futuro. Pemex es insostenible. La Secretaría de Energía hizo engrosar masivamente su presupuesto para prodigar subsidios y apoyos a Pemex, que sumados a transferencias y alivio de deuda de la SHCP llegaron al año pasado a 396 mil millones de pesos (mmdp); pero Pemex sólo aportó 240 mmdp al erario. Así, la renta petrolera es negativa para el Estado en 156 mmdp. La producción de Pemex es cada vez menor; bajó de 1.8 a 1.6 mdbd entre 2018 y 2025, y pierde más de 20 USD por cada barril de petróleo refinado. México hoy depende en 75% de gas natural importado de Estados Unidos para la industria, y en 90% para el abastecimiento a las centrales de gas de ciclo combinado que representan el 60% de la generación eléctrica (¿soberanía energética?). Las pensiones contributivas y no contributivas (“del Bienestar”) aumentan exponencialmente y ya superan los 2 billones de pesos, más un volumen creciente de otros subsidios (“Programas Sociales” o “Protección Social”) que ronda un billón de pesos; hacia el 2030 desfondarán a las finanzas públicas. No obstante, un desesperado acoso fiscal a empresas y consumidores, la recaudación apenas aumenta, pero impone costos brutales a la sociedad. Los consumidores tendremos que pagar nuevos aranceles y IEPS que alimentarán la inflación. Nuevos impuestos (IVA) a las aseguradoras harán impagables los seguros médicos para adultos mayores, al tiempo que se ha desmantelado el sistema de salud pública con consecuencias trágicas. Durante este régimen, la población con carencia de servicios de salud se elevó en 24 millones de personas, mientras la población vulnerable por carencias sociales subió 9 millones El dato fue peor para las personas en pobreza extrema.
El déficit público ronda el 5% del PIB; el gobierno vive literalmente de prestado. La deuda pública apunta ya a los 20 billones de pesos o 60% del PIB, algo suicida con una economía estancada y una recaudación constreñida por la informalidad, que ya supera al 55% de la fuerza de trabajo. El costo financiero (intereses y comisiones) de una deuda cada día mayor ascenderá este año a 1.5 billones de pesos. El gobierno recauda poco, gasta mucho, y gasta mal, gran parte en subsidios clientelares improductivos, pensiones asistenciales no contributivas, subsidios masivos a Pemex (para “rescatar” la soberanía), mega proyectos absurdos no rentables, y negocios y proyectos insolventes de los militares.
Entre tanto, el gobierno hostiga a la industria minera, que contribuye con más del 4% del PIB. Ha prohibido nuevas concesiones, y pretende confiscar (“recuperar”) cientos de ellas. Bloquea la puerta a la posible producción de minerales críticos (como Tierras Raras) esenciales para la transición energética y la tecnología moderna. El crimen organizado cierra la pinza, extorsiona, exige derecho de piso y masacra a ingenieros y trabajadores de empresas mineras. Las inversiones se cancelan, y las empresas huyen. La violencia alcanza niveles extremos. El gobierno oculta las cifras de desapariciones para argumentar falazmente que la violencia en México se ha reducido. Aumentan 213% las desapariciones en la última década. La violencia letal (asesinatos + desapariciones) se disparó casi 70% en los últimos diez años, en un escenario de insurgencia criminal. Es del dominio público que el régimen está impregnado por la delincuencia organizada.
Y, la corrupción lo envuelve todo. México ha caído a los peores lugares en el mundo (141 de 180 países) en percepción de la corrupción en los últimos años, y hoy, de acuerdo al reciente informe de Transparencia Internacional, hemos quedado siniestramente por debajo de Pakistán, Liberia, Irak, Mali y Gabón. A esto contribuye la destrucción del Sistema Anticorrupción, conocidos e impunes escándalos de corrupción cada vez más frecuentes, y, la opacidad y discrecionalidad otorgadas a los militares (por “seguridad nacional”) sobre todos sus proyectos y negocios incluyendo aduanas, aeropuertos, aerolínea, puertos, ferrocarriles, centros turísticos, y carreteras. Y no hay otros datos.