Lectura 3:00 min
Los límites internacionales de la justicia selectiva
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
La aplicación selectiva de la justicia puede tener la careta de un asunto interno; sin embargo, la manera en que el régimen usa el sistema judicial después de haberse apropiado de sus instituciones sí tiene todo que ver con la seguridad que los capitales extranjeros necesitan para atender la súplica del régimen de invertir en territorio nacional.
Es evidente que a Washington le interesa la forma en que este gobierno protege a aquellos que persigue la justicia estadounidense, como Rubén Rocha Moya, por más que califiquen de cortina de humo el encarcelamiento del opositor Ernesto Ruffo Appel. Pero no pasa desapercibido para nadie en el extranjero que el régimen mexicano aplica una justicia asimétrica entre el manto protector otorgado a presuntos delincuentes internacionales y el Estado persecutor de un referente histórico de la alternancia democrática, encarcelado bajo flagrantes violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Al interior, las encuestas le marcan al régimen un mínimo control de daños; pero al exterior se han encendido las alarmas internacionales. La declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, integrada por decenas de exjefes de Estado, acusó al gobierno mexicano de utilizar el sistema judicial para silenciar la disidencia. Para este foro internacional, la detención de Ruffo Appel reúne las características inequívocas de una persecución de Estado destinada a enviar un mensaje intimidatorio a la sociedad: disentir del poder conlleva la privación de la libertad.
Es verdad que la defensa de los valores democráticos ha pasado a un segundo plano ante el propio gobierno estadounidense, el cual se ha dado permisos no precisamente institucionales en su propio funcionamiento. Sin embargo, bajo la llamada “Doctrina Donroe”, Washington prioriza una alineación ideológica y la colaboración pragmática en temas de su interés, que en el caso de México son los temas migratorios, fronterizos y el combate al terrorismo criminal.
Pero, suponer que cierta cooperación en la agenda de la Casa Blanca es equivalente a conseguir un cheque en blanco para consolidar un régimen híbrido sin consecuencias, puede ser un error.
México es un país sin oposición ni contrapesos internos; no hay una organización interna que haga frente a la deriva autoritaria. El régimen no tiene necesidad de contrarrestar una narrativa que haga del conocimiento del gran público la realidad del desmantelamiento institucional; esta batalla la tienen ganada a través de la dispersión de recursos asistencialistas.
Sin embargo, a diferencia de dictaduras aisladas como la de Nicaragua, la simbiosis económica, comercial y de seguridad entre México y Estados Unidos vuelve insostenible la impunidad absoluta.
El acuerdo comercial que conocemos como T-MEC ya no puede ser visto únicamente como un pacto de libre comercio, sino como un mecanismo regional que busca privilegiar la seguridad interna de los Estados Unidos; eso no solo incluye los aranceles o las estrictas reglas de origen, sino toda clase de protección de los intereses estadounidenses, incluida la certeza jurídica que brinda un Poder Judicial independiente.
Perseguir y encarcelar opositores puede ser el alter ego del mandatario estadounidense, pero cuando la persecución interna amaga la certidumbre de los mercados y la seguridad bilateral, la complacencia internacional de Washington puede encontrar sus límites.