Inversión en infraestructura vial: motor para el cierre de brechas en América Latina

Durante años, el debate sobre la inversión en infraestructura vial en América Latina se ha centrado en si las Asociaciones Público-Privadas (APP) son o no necesarias. Hoy, esa discusión resulta insuficiente. La pregunta relevante es cómo fortalecer las capacidades institucionales, mejorar el diseño de los proyectos y asegurar que la inversión genere valor público sostenido en el tiempo.

Esta fue la conversación que en enero pasado se sostuvo en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La finalidad fue identificar cómo modelos innovadores de APP pueden estructurar proyectos de infraestructura bancables y cerrar brechas de inversión en una América Latina que depende de una infraestructura vial de 3.6 millones de kilómetros.

Repensar la inversión en infraestructura desde una perspectiva de sostenibilidad implica ir más allá de la construcción de carreteras. Supone avanzar hacia modelos de financiamiento que integren eficiencia económica, solidez financiera y una gestión rigurosa de los riesgos. Bajo este enfoque, la rentabilidad de los proyectos se alinea con una visión de largo plazo. Una visión que reconoce la capacidad de la infraestructura vial para generar bienestar social, dinamizar economías locales y ampliar el acceso a servicios y oportunidades. Todo ello sin comprometer recursos públicos destinados a sectores esenciales como la educación, la salud o la seguridad.

A nivel regional, existen diversos proyectos innovadores y sostenibles que ya demuestran este tipo de inversión y el poder que tienen las APP para combinar recursos públicos y privados, elevar estándares técnicos, asegurar el mantenimiento de los activos y distribuir los riesgos de manera más eficiente. Colombia ofrece un ejemplo ilustrativo, donde el incremento del 0.7% del PIB en inversión en infraestructura contribuyó a reducir 0.8 puntos porcentuales la tasa de desempleo y 0.6 puntos la tasa de pobreza.

En esa misma línea, Colombia muestra cómo estos principios se materializan en proyectos concretos. La Autopista Río Magdalena, que forma parte del programa Vías de Cuarta Generación (4G) del Gobierno Nacional, es una vía de 144 kilómetros operada por el sector privado que conecta Antioquia con Santander, la segunda mayor zona de productividad económica del país. Más allá de su relevancia técnica, el proyecto visibiliza cómo la infraestructura genera impactos sociales significativos. Desde el inicio de su construcción se han creado alrededor de 18 mil empleos y promueve acciones de desarrollo socioeconómico en beneficio de más de 5 mil personas de las comunidades aledañas. Estas acciones incluyen cursos y capacitaciones orientadas al fortalecimiento comunitario, programas de emprendimiento y proyectos productivos para mejorar la competitividad de emprendedores locales. A ello se suma la implementación de una Escuela de Derechos Humanos y Liderazgo, una estrategia educativa dirigida a niñas, niños, adolescentes y docentes para fortalecer el conocimiento y cuidado de las garantías individuales. En el conjunto de todas sus aristas, este proyecto refuerza el vínculo entre infraestructura, desarrollo territorial y cohesión social.

A pesar del ejemplo anterior, el potencial de las APP aún es desigual en la región. De acuerdo con diagnósticos recientes, solo la mitad de 26 países de América Latina cuenta con entidades reguladoras especializadas. Otros siete países operan con unidades de alcance o capacidad limitada, mientras que seis no cuentan con ningún marco institucional dedicado a estos modelos de inversión. Estas brechas institucionales limitan la capacidad para diseñar, licitar y supervisar proyectos complejos, y explican por qué los resultados de estos modelos son heterogéneos en la región.

América Latina no debería postergar el fortalecimiento institucional y preparación para modelos de inversión sostenibles e innovadores. Es necesario reconocer que la calidad institucional es tan determinante como el capital invertido. Solo así la infraestructura vial podrá consolidarse como un verdadero motor de cierre de brechas y de desarrollo sostenible en la región.

El futuro de la movilidad en América Latina depende de transformar la visión que se tiene de las APP para convertirlas en mucho más que fórmulas contractuales. Éstas deben ser catalizadores de impactos sociales, ambientales y económicos duraderos. Para llegar ahí, se requiere una visión compartida, certidumbre jurídica, mecanismos de resolución de controversias e instituciones comprometidas con el largo plazo, donde las alianzas entre el sector público y el privado conecten oportunidades de vida, equidad y desarrollo para las comunidades.

*El autor es Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Aleatica.