¿Es la inversión extranjera un asunto de seguridad nacional?

¿De dónde viene el impulso para reformar la regulación de la inversión extranjera? Aquí va una pista: en diciembre de 2023, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, estuvo en México y, en medio de una agenda dedicada a la integración de América del Norte, versión Biden, planteó una pregunta: ¿Cuál es la dimensión real de la inversión china en México?.

La cuestión planteada por Yellen no era una ocurrencia de último momento ni un asunto trivial. La funcionaria no consiguió una respuesta convincente porque no la había (no la hay). En el registro oficial de inversiones extranjeras, China no aparece entre los primeros diez principales inversionistas en México, a pesar de que es el segundo país con el que tenemos más comercio y de la presencia creciente de empresas y empresarios chinos en nuestro territorio.

Tres años después, Estados Unidos sigue con la duda, pero no es la administración Biden la que hace las preguntas, sino el equipo de Donald Trump. Muchas cosas han cambiado, de forma y de fondo. La tensión entre Estados Unidos y China se ha agudizado y las exigencias hacia México han crecido: debe dejar claro que es aliado de Estados Unidos y tomar distancia respecto a China.

En este contexto, debemos entender los aranceles que México impuso el año pasado a China (y otros países con los que no tenemos tratados de libre comercio). Más allá de los aranceles, en medio de la revisión del T-MEC, está la necesidad de responder a las acusaciones de que el territorio mexicano sirve para que China haga operaciones de manufactura simulada e introduzca productos chinos a Estados Unidos, "disfrazados". Estas acusaciones están contenidas en un documento de 25 páginas titulado la Gran Estafa y producido por la oficina de Peter Navarro, en la Casa Blanca.

¿Cómo entra en esta trama la iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera? México cuenta desde hace muchos años con una legislación al respecto, incluyendo una Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que depende de la Secretaría de Economía. No obstante, lo que tenemos está lejos de ser un régimen de revisión plenamente desarrollado, aunque establece restricciones para la adquisición u operación de empresas extranjeras en México. El esquema actual carece de parámetros y lineamientos claros, reconoce la iniciativa que está presentando la Presidenta Sheinbaum.

No sorprende que haya una propuesta para poner al día la regulación de la inversión extranjera e incorporar a ella una visión de Seguridad Nacional. México necesita hacerlo porque así conviene a nuestros intereses, pero también para cuadrar con las expectativas/exigencias de nuestro principal socio comercial.

La iniciativa reconoce el riesgo de que algunos activos en sectores estratégicos sean operados por grupos o personas que podrían constituir una amenaza o estar en contra de los intereses nacionales. La lista de las actividades sujetas a revisión y mayor control incluye Energía; Transporte; Sector Salud; Comunicaciones; Minería; Procesamiento de Datos; Sector Aeroespacial; Defensa e Instalaciones Sensibles. Contempla también tecnologías críticas como robótica, semiconductores, ciberseguridad y biotecnología.

Los cambios en la composición de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras han llamado la atención. La Secretaría de la Defensa y la de Marina se incorporan con voz y voto. En sesiones relacionadas con Seguridad Nacional participarán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Participarán también la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y el SAT.

En materia de revisión de la Inversión Extranjera, pasaremos de un pequeño andamiaje a un edificio complejo. Muchos de los cambios se justifican porque en estos años hemos aprendido que la economía está estrechamente vinculada a la Seguridad Nacional y es intensiva en Geopolítica.

Con tantas instituciones participando, algunas dudas flotan: ¿Qué lógica predominará, la política, la tecnocrática o la militar? ¿Quién tendrá la última palabra en casos complejos o controvertidos? ¿Hay manera de evitar que esto burocratice e inhiba la captación de inversión? ¿Cómo se reglamentará el uso y manejo de información sensible? ¿Qué pasará la próxima vez que los funcionarios de Estados Unidos pregunten sobre el verdadero tamaño de la presencia china en México? ¿Cómo nos coordinaremos con nuestro principal socio comercial y cómo resolveremos conflictos con ellos?