Infraestructura e inversión privada: nuevas reglas del juego para crecer

En un contexto de bajo crecimiento y cautela empresarial, el debate sobre la nueva iniciativa Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar no puede entenderse sin mirar el camino que la antecede. No se trata de una reforma aislada, sino de una secuencia de iniciativas que reflejan la evolución y las tensiones en la forma de concebir la relación entre el Estado, el capital privado y el desarrollo económico.

Los datos permiten dimensionar con mayor precisión el problema. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Empresariales del IPADE, solo 35.2% de los empresarios considera que es un buen momento para invertir, el nivel más bajo desde que se tiene registro. La caída es significativa. Casi uno de cada tres empresarios que antes percibía condiciones favorables ha modificado su expectativa.

A ello se suman los resultados de las encuestas del Banco de México, que de manera consistente identifican como principales obstáculos la incertidumbre jurídica, la inseguridad y la falta de claridad regulatoria. Según México, ¿cómo vamos?, la inversión cerró 2025 en 22.9% del PIB, por debajo del umbral mínimo de 24% necesario para detonar crecimiento sostenido. Más preocupante aún es la trayectoria. Se observa una caída frente al 24.4% registrado en 2024, acompañada de una contracción anual de 3.9% en la formación bruta de capital fijo. El deterioro es particularmente severo en la inversión pública, que cayó 15.3% anual y representa apenas 3.4% del PIB, mientras que la inversión privada también muestra retrocesos.

México no enfrenta únicamente un nivel insuficiente de inversión. Lo que comienza a consolidarse es una tendencia descendente. Detrás de este comportamiento persiste un factor que los propios inversionistas han señalado de forma reiterada, la falta de certeza jurídica. El problema no radica en la ausencia de oportunidades, sino en la falta de condiciones que permitan invertir con previsibilidad.

En este entorno, el gobierno ha colocado a la infraestructura como una de las principales palancas de crecimiento. La apuesta es relevante. La propia iniciativa reconoce que la inversión en infraestructura tiene efectos multiplicadores sobre el PIB, la productividad y la competitividad, y que puede convertirse en un instrumento clave en contextos de bajo dinamismo económico.

Al mismo tiempo, el diagnóstico incorpora un componente político. El modelo de Asociaciones Público-Privadas, vigente desde 2012, es cuestionado por haber generado asimetrías en la distribución de riesgos, opacidad contractual y una priorización de proyectos con mayor rentabilidad financiera por encima de aquellos con mayor impacto social.

Esa crítica se materializa en la primera iniciativa del sexenio, presentada en julio de 2025 por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. La propuesta de Ley General de Infraestructura para el Bienestar no se limita a plantear un nuevo marco jurídico. Busca redefinir el sentido de la inversión al posicionar la infraestructura como un derecho y como un instrumento de equidad territorial. El documento identifica fallas estructurales del modelo anterior, entre ellas la socialización de pérdidas, la privatización de ganancias y la opacidad en la ejecución de proyectos, y propone una mayor rectoría del Estado. Esta rectoría no excluye al sector privado, pero sí lo inserta en una lógica donde el interés público es el eje de decisión.

Meses después, en octubre de 2025, surgió una segunda propuesta. La Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar, presentada por la diputada Gabriela Jiménez, mantiene la lógica de colaboración público-privada, pero introduce un diseño más sofisticado. Incorpora mayor apertura a propuestas no solicitadas, esquemas de gobernanza más complejos y una visión ampliada de la inversión que abarca no solo infraestructura física, sino también proyectos productivos en tecnología, cultura o cambio climático. Se trata de un modelo con mayor cercanía a prácticas de mercado y con un componente experimental más marcado.

La iniciativa de 2026 impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada esta semana en la Cámara de Diputados, se ubica en un punto distinto dentro de esta evolución. Retoma la idea de inversión mixta, pero la reorganiza bajo una lógica más ejecutiva y centralizada. Su propósito no es construir un ecosistema amplio de inversión, sino establecer un marco operativo para acelerar proyectos estratégicos definidos por el gobierno. Para ello introduce contratos de hasta 40 años, esquemas de financiamiento mixto, vehículos financieros especializados y una mayor flexibilidad presupuestaria que permitiría iniciar proyectos sin contar con la totalidad de los recursos desde el inicio.

El contraste con el modelo de Asociaciones Público-Privadas es relevante. Mientras las APP se estructuran alrededor de proyectos específicos, con financiamiento predominantemente privado y reglas que exigen suficiencia presupuestaria previa, la nueva ley articula una política nacional de infraestructura con un papel más activo del Estado en la planeación y coordinación. En este esquema, el Estado define prioridades y estructura los mecanismos para atraer capital. El financiamiento deja de ser mayoritariamente privado para convertirse en mixto, y la disciplina presupuestaria se flexibiliza en favor de la ejecución.

El cambio más profundo, sin embargo, no está en los instrumentos, sino en la conducción del proceso. La iniciativa presidencial concentra la originación, selección y priorización de proyectos en un Consejo de Planeación Estratégica bajo liderazgo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que será responsable de filtrar, estructurar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos.

Este rediseño responde a la necesidad de coordinar inversiones de gran escala en sectores prioritarios, especialmente en un país con brechas regionales persistentes. No obstante, cuando la conducción se concentra, también se modifican los incentivos. La toma de decisiones puede volverse más rígida, el espacio para la iniciativa privada se reduce y la capacidad de innovar en el diseño y ejecución de proyectos tiende a limitarse.

La evidencia internacional muestra que el reto no es sustituir al mercado, sino establecer reglas que permitan su funcionamiento. Cuando no existen evaluaciones rigurosas, procesos competitivos y una asignación clara de riesgos, los proyectos pierden eficiencia y los costos tienden a trasladarse al sector público. En ese contexto, el capital privado actúa con mayor cautela y, en muchos casos, opta por no participar.

En materia de gobernanza, el diseño de la iniciativa concentra de manera significativa la conducción de la política de infraestructura en el gobierno federal. La definición de prioridades, los criterios de selección y los lineamientos operativos quedan sujetos a las directrices de las autoridades centrales, particularmente desde Hacienda. Esto implica que el funcionamiento del sistema depende menos de reglas estables y más de decisiones que pueden ajustarse conforme a la agenda gubernamental en turno.

El punto crítico no es únicamente normativo, sino operativo. La capacidad del Estado para ejecutar proyectos con eficiencia, disciplina financiera y criterios técnicos será determinante. Sin estos elementos, el modelo puede derivar en un esquema donde el control prevalece sobre los resultados, con implicaciones en términos de rentabilidad, costos fiscales y participación privada.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la iniciativa reconoce la necesidad de dar seguimiento al uso de los recursos públicos, pero el diseño privilegia mecanismos de control internos. La información se concentra en instrumentos como la Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica y en los órganos de planeación encabezados por Hacienda, sin que se desarrollen con el mismo nivel de detalle obligaciones de acceso público, criterios de divulgación o esquemas de evaluación independiente. Esto deja abierta la interrogante sobre cómo se materializará el escrutinio y bajo qué parámetros se evaluará el desempeño de los proyectos.

En cuanto a la resolución de controversias, el modelo prevé la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos y, en su caso, al arbitraje que acuerden las partes. Se trata de un elemento relevante, en la medida en que reconoce la necesidad de contar con vías especializadas para dirimir disputas, particularmente en un contexto de desconfianza en el Poder Judicial derivado del mecanismo de designación por voto popular. Sin embargo, el alcance dependerá de cómo se estructuren estos mecanismos en cada proyecto, lo que puede dar lugar a esquemas heterogéneos y distintos niveles de certidumbre jurídica. La herramienta existe, pero su efectividad dependerá de la consistencia con la que se implemente.

La discusión de fondo permanece abierta. El modelo de APP, con sus limitaciones, ofrece reglas relativamente claras y una separación más definida entre el Estado y la ejecución de los proyectos. La nueva ley apuesta por una rectoría estatal más fuerte, pero aún requiere mayor claridad en aspectos de gobernanza que resultan centrales para generar confianza y atraer inversión.

México se encuentra en una posición relevante para atraer capital, impulsado por el nearshoring, su red de tratados comerciales y su ubicación geográfica. La conducción del Consejo por parte de la Secretaría de Hacienda introduce una lógica de disciplina fiscal que puede ser positiva. Sin embargo, la solidez del modelo dependerá de la claridad en su arquitectura institucional. En un entorno donde la confianza es el principal insumo de la inversión, la falta de definición no es un tema menor. La certidumbre no se establece por decreto, se construye en la práctica. Y la pregunta sigue vigente: si este nuevo arreglo institucional será suficiente para incentivar a los empresarios a invertir.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.