Infancia digital

Este martes 25 de agosto, un ilustrador de la corte federal de Oakland retrató a Adam Mosseri en el estrado. El jefe de Instagram explicaba ante un jurado cómo se diseñan las funciones que mantienen a un adolescente pegado a la pantalla. Al día siguiente tocaba el turno de Mark Zuckerberg. Nunca llegó: la mañana del miércoles, antes de que el fundador de Meta jurara decir verdad, las partes presentaron un convenio ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Meta pagará hasta 16 mil 680 millones de dólares a 29 estados de la Unión Americana, y los procuradores hablan de una cifra que puede alcanzar los 18 mil millones. El testimonio del hombre que construyó todo esto quedó sepultado bajo una montaña de dinero.

Conviene distinguir qué se compró y qué no. Meta niega expresamente cualquier responsabilidad y el acuerdo no equivale a una condena. Tampoco impresiona el cheque: representa cerca de un trimestre de utilidades para una empresa que vale más de un billón de dólares. Lo verdaderamente relevante son las obligaciones de conducta. Meta deberá imponer límites diarios de uso y bloqueos nocturnos en cuentas de adolescentes, endurecer la verificación de edad y ampliar las herramientas de control parental, y hacerlo en cuestión de meses. Dicho de otro modo: los fiscales estatales lograron por vía judicial lo que ningún Congreso consiguió en una década de audiencias televisadas: rediseñar el producto.

No es un episodio aislado. En marzo, un jurado de Los Ángeles ya había encontrado responsables a Meta y a Google por diseñar productos adictivos para menores. En abril, la Comisión Europea determinó preliminarmente que Instagram y Facebook incumplen la Ley de Servicios Digitales en materia de protección de menores, con multas potenciales de hasta 6% de la facturación global. Y quedan más de tres mil demandas acumuladas de familias y distritos escolares. La litigación se convirtió en la política regulatoria que el legislador no quiso escribir.

México llega tarde y desarmado. Aquí 95.1% de los adolescentes de 12 a 17 años y 79.7% de los niños de 6 a 11 usan internet: penetración de país rico con protección de país ausente. El Congreso acumula iniciativas que compiten entre sí para prohibir redes a menores de 12, de 14, de 15 o de 16 años, la Ciudad de México aprobó su propia ley en febrero, y Nuevo León y el Estado de México empujan reformas locales. Ninguna define un estándar de diseño seguro, ninguna toca el bucle infinito ni las notificaciones nocturnas, y ninguna establece quién verifica el cumplimiento. Regulamos la edad del usuario, jamás la arquitectura del producto.

El problema de fondo es institucional. Oakland fue posible porque 29 procuradores estatales, con facultades propias y presupuesto, litigaron años contra la empresa más rica del planeta. México desmanteló en 2025 precisamente esa arquitectura: desaparecieron el IFT y el INAI, y sus funciones migraron a dependencias del Ejecutivo sin autonomía ni vocación litigiosa. No tenemos quien demande. Y sin capacidad de demandar, no hay nada que negociar.

El resultado previsible es que los adolescentes mexicanos recibirán las protecciones que se desborden desde California, cuando Meta decida que le sale más barato homologar su producto globalmente que mantener dos versiones. Seremos beneficiarios accidentales de la ley ajena. Mientras tanto seguiremos haciendo lo de siempre: esperar el caso que indigne al país, ponerle el nombre de la víctima a la reforma y llamarle justicia.

En Oakland, la infancia acaba de costar 18 mil millones de dólares. En México, todavía es gratis.