La incertidumbre permanente sobre los aranceles en Estados Unidos elevará los costos

NEW HAVEN – La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 representó una clara victoria para quienes creen en el estado de derecho y las instituciones democráticas. Sin embargo, la celebración duró poco, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, ya que el fallo de la Corte generó rápidamente aún mayor incertidumbre sobre la política comercial y las relaciones exteriores de Estados Unidos, incluso con sus aliados históricos.

Para empezar, los importadores estadounidenses tienen derecho a que se les reembolsen los aranceles ilegales que pagaron. Determinar cuándo, a quién y por qué importe deben realizarse los reembolsos es una pesadilla burocrática que tardará años en resolverse. En un momento en que la IA amenaza muchos empleos de cuello blanco, incluidos los de abogados y contables, algunos podrían ver con buenos ojos el aumento de la demanda de este tipo de trabajo. Pero este resultado contradice rotundamente la promesa del gobierno actual de mayor eficiencia y mínima intervención gubernamental en los negocios.

Más importante aún, la búsqueda por parte del gobierno de una nueva justificación legal para los aranceles ha creado un entramado complejo de medidas temporales, investigaciones sectoriales, negociaciones bilaterales y excepciones por motivos de seguridad nacional. El gobierno ha invocado la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para iniciar nuevas investigaciones sobre prácticas comerciales desleales, centrándose en China, la Unión Europea y otros socios de Estados Unidos. Sin embargo, también ha dado a entender que seguirá recurriendo a otros instrumentos legales, como los aranceles temporales previstos en la Sección 122 y las medidas sectoriales específicas contempladas en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, para preservar la esencia de su estrategia comercial.

Si bien la base legal de los aranceles puede cambiar, la orientación política se mantendrá, y se prevé que las tasas arancelarias sigan siendo prácticamente las mismas que en 2025. Sin embargo, esto ya no se limita al costo económico directo de los aranceles, que afortunadamente ha sido moderado hasta ahora, principalmente debido a una implementación inconsistente. Ahora habrá tres costos adicionales.

Ante todo, las nuevas investigaciones y las negociaciones subsiguientes aumentarán aún más la incertidumbre. Incluso con —o quizás debido a— los inevitables desafíos legales, las empresas y los gobiernos seguirán enfrentándose a cambios en las políticas, investigaciones y amenazas, con efectos negativos en las inversiones y las decisiones a largo plazo sobre la cadena de suministro.

Las investigaciones económicas han demostrado que la incertidumbre sobre las futuras barreras comerciales puede frenar la entrada al mercado, la inversión y la actividad exportadora. La razón es sencilla: las empresas basan sus decisiones no solo en los costes actuales, sino también en las expectativas sobre el acceso futuro a los mercados. Cuando esas expectativas se vuelven inestables, las empresas retrasan o reducen sus compromisos a largo plazo.

Esto es especialmente cierto para las cadenas de valor globales. La manufactura moderna depende de relaciones que son costosas de construir y difíciles de reconfigurar rápidamente. Una empresa que decide dónde obtener componentes, dónde ubicar una nueva planta o a qué mercado servir desde una ubicación de producción específica no responde únicamente al arancel vigente, sino también a la credibilidad de las normas que rigen el intercambio transfronterizo.

Cuando esas normas se sustituyen por amenazas, investigaciones, exenciones temporales y cambios abruptos, incluso las empresas que no son el objetivo directo tienen un incentivo para adoptar estrategias más defensivas. Invierten menos, diversifican de forma ineficiente o simplemente esperan. El impacto puede no reflejarse de inmediato en los precios de importación o en las estadísticas de crecimiento, pero los efectos adversos en la economía acaban apareciendo.

En segundo lugar, la guerra arancelaria se está transformando en una competencia global por los subsidios, las decisiones de ubicación y el acceso a los mercados, a medida que los gobiernos buscan satisfacer las demandas estadounidenses de forma bilateral. Esto ejerce una presión insostenible sobre el sistema de comercio mundial, como advirtió recientemente el gobierno británico. Corea del Sur ha aprobado una legislación que permite importantes inversiones en industrias estratégicas estadounidenses bajo un marco comercial anterior, mientras que los debates actuales en Europa también se están desplazando más allá de los aranceles hacia estrategias industriales más amplias.

Estos ejemplos ponen de relieve el tercer coste adicional, y quizás el más significativo, asociado a la política comercial estadounidense: el paso de un sistema comercial basado en normas a uno basado en el poder. Los aranceles discrecionales fomentan la negociación bajo presión, propician las represalias, debilitan la credibilidad de los acuerdos comerciales y socavan valiosas alianzas a largo plazo.

En este sentido, el enfoque actual de Estados Unidos está llevando al mundo a un equilibrio institucional particularmente desfavorable. Los aliados que deberían coordinarse para afrontar desafíos comunes —desde la resiliencia de las cadenas de suministro hasta el cambio climático— se ven envueltos en constantes negociaciones bilaterales con Estados Unidos, lo que genera fricciones políticas. Y los países más pequeños o pobres, con escaso o nulo poder de negociación, quedan a merced de las grandes potencias económicas.

Esto puede parecer un asunto secundario en medio de una nueva guerra en Oriente Medio, con repercusiones económicas potencialmente graves. Sin embargo, la política comercial suele ser un presagio de cambios y conflictos geopolíticos más amplios. La creencia de que la primacía global exige el hundimiento del resto del mundo, que sustentó el giro proteccionista de Estados Unidos en 2018 y que desde entonces ha definido su política hacia aliados y no aliados por igual, no difiere mucho de la mentalidad iraní, que precipita una crisis energética mundial en nombre de la supervivencia. Cuando la mayor economía del mundo da el ejemplo, los demás tienden a seguirlo.

Si bien la Corte Suprema pudo haber limitado un instrumento de política económica, no resolvió el problema de fondo: el uso cada vez mayor de la política comercial discrecional. A menos que se revierta esta tendencia, el mundo se enfrentará a una nueva realidad de incertidumbre permanente, que podría resultar incluso más perjudicial que los aranceles.

*La autora es execonomista jefe del Grupo del Banco Mundial y redactora jefe de la American Economic Review, es profesora de Economía en la Universidad de Yale.

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