Solo hablar de salud mental ya no basta: el reto es que todos puedan acceder a ella

Cada octubre, la salud mental ocupa un lugar más visible en la conversación pública. El día 10 se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que invita a reflexionar sobre el bienestar emocional, cuestionar prejuicios y recordar la importancia de pedir ayuda. Las campañas cumplen una función importante, pero hay una pregunta que merece tanta atención como los mensajes de sensibilización: ¿qué ocurre cuando alguien decide buscar apoyo y no puede pagarlo o encontrarlo?

Durante los últimos años hemos avanzado en el reconocimiento de la salud mental como parte del bienestar de las personas. Hoy existe más apertura para hablar de ansiedad, depresión, duelo o malestar emocional. Sin embargo, reconocer una necesidad no significa tener los medios para atenderla. Entre identificar que algo no está bien y recibir atención psicológica profesional existe una distancia que todavía debemos resolver.

Esa brecha tiene consecuencias concretas.

Por ejemplo, una persona puede saber que necesita terapia y posponerla porque el costo rebasa sus posibilidades, porque no encuentra un especialista disponible o porque sus horarios de trabajo y estudio no le permiten acudir a una consulta. También puede desistir después de una primera sesión si no tiene recursos para sostener el proceso. La decisión individual importa, pero las condiciones de acceso también determinan lo que una persona puede hacer con ella.

Por eso me parece importante cambiar la pregunta que hacemos durante octubre. Además de preguntarnos cuánto hemos avanzado en visibilizar la salud mental, necesitamos saber cuántas personas consiguen atención, cuánto tiempo deben esperar, cuánto les cuesta y qué posibilidades tienen de continuar con un tratamiento. La sensibilización es difícil de medir por sus efectos inmediatos; el acceso, en cambio, permite plantear objetivos concretos y evaluar resultados.

Esto va más allá de las campañas. Una publicación puede alcanzar a miles de personas y contribuir a que alguien reconozca sus emociones, pero su alcance no demuestra que esa persona haya encontrado ayuda. Si queremos que la conversación pública produzca cambios, debemos conectar la información con servicios disponibles, orientación confiable y rutas claras para recibir atención profesional.

La primera acción consiste en reducir las barreras económicas. El costo de una consulta puede parecer manejable para algunas familias, pero representa un obstáculo para quienes viven al día o deben cubrir otras necesidades básicas. Ampliar la oferta de servicios asequibles, crear mecanismos de apoyo y explorar esquemas de financiamiento compartido puede ayudar a que la atención psicológica deje de depender exclusivamente de la capacidad de pago de cada persona.

La segunda tiene que ver con la disponibilidad. No basta con que existan profesionales capacitados si la demanda supera la oferta, las citas tardan demasiado o los servicios se concentran en determinadas zonas. La atención presencial y las modalidades digitales pueden complementarse para ampliar horarios y cobertura, siempre que existan condiciones adecuadas de privacidad, calidad clínica y seguimiento. La tecnología puede facilitar el primer contacto, pero debe formar parte de un modelo de atención responsable.

También necesitamos fortalecer la prevención. En escuelas, universidades y centros de trabajo existen oportunidades para ofrecer información confiable, desarrollar habilidades socioemocionales, identificar señales de alerta y orientar a las personas hacia servicios profesionales. Estas acciones no sustituyen la terapia ni convierten a docentes, familiares o empleadores en especialistas. Su valor consiste en facilitar una detección oportuna y evitar que alguien tenga que llegar a una situación límite para encontrar apoyo.

Otra medida indispensable es evaluar qué funciona. Los recursos destinados a salud mental, tanto públicos como privados, necesitan objetivos claros e indicadores que permitan conocer sus resultados. No basta con contar asistentes a un taller, reproducciones de un video o personas que recibieron información. También importa saber cuántas accedieron a una consulta, cuántas pudieron continuar su proceso y qué barreras encontraron en el camino. Los datos deben servir para corregir decisiones, ampliar las intervenciones que funcionan y reconocer dónde persisten las carencias.

Esta responsabilidad no corresponde a un solo sector. Los gobiernos tienen un papel central en la construcción de políticas públicas, el financiamiento y la ampliación de los servicios. Las empresas pueden incorporar medidas de bienestar y facilitar el acceso a atención profesional; las escuelas, fortalecer la prevención y la orientación; las universidades, contribuir con investigación y formación; y las organizaciones sociales, desarrollar modelos que respondan a necesidades que hoy permanecen desatendidas.

Desde mi experiencia en el diseño de proyectos de salud emocional, he aprendido que una iniciativa puede partir de una convicción genuina, pero necesita una estructura que la convierta en una respuesta concreta. La voluntad abre una posibilidad; la organización, los recursos, los profesionales y la evaluación permiten sostenerla. Si queremos ampliar el acceso, debemos construir más alternativas, establecer alianzas y reconocer que una necesidad de esta magnitud requiere soluciones diversas.

Esto también implica revisar cómo entendemos la innovación. No siempre significa crear una tecnología sofisticada o desarrollar un servicio completamente nuevo. A veces consiste en reorganizar los recursos existentes, facilitar una cita, reducir el tiempo de espera, ofrecer horarios compatibles con la vida cotidiana o diseñar un esquema que permita continuar la terapia. Una mejora puede parecer pequeña desde la perspectiva de una institución, pero resultar decisiva para quien necesita atención.

Estamos en un buen momento para iniciar estas conversaciones, anunciar compromisos y revisar los avances. El problema aparece cuando la atención pública se extingue al terminar el mes de la salud mental y las barreras permanecen intactas. La salud mental necesita continuidad: presupuestos, servicios, profesionales, mecanismos de evaluación y decisiones que no dependan de una fecha en el calendario.

Sin embargo, no creo que debamos restar importancia a la visibilidad. Hablar de salud mental ayuda a cuestionar estigmas, compartir experiencias y reconocer que pedir ayuda es legítimo. Pero esa conversación adquiere un sentido distinto cuando una persona encuentra una opción asequible, recibe atención oportuna y cuenta con condiciones para continuar su proceso. El verdadero alcance de la sensibilización se juega, en parte, en lo que sucede después.

La pregunta que deberíamos llevarnos cada octubre no es únicamente cuánto hablamos de salud mental, sino qué hicimos para que más personas pudieran acceder a ella.

Necesitamos pasar de los mensajes a las medidas, de las intenciones a los servicios y de las cifras que describen el problema a los indicadores que permitan evaluar nuestras respuestas.

Porque el bienestar emocional no debería depender del lugar donde una persona vive, de sus ingresos o de la posibilidad de reorganizar toda su vida para encontrar una consulta. Hablar de salud mental abre una puerta; construir las condiciones para recibir atención permite cruzarla. Ese es el trabajo que debe continuar cuando octubre termine.

@maferolverac

*La autora es especialista en políticas públicas para juventudes y salud emocional. Fundadora y directora de HOPE.