Las empresas de IA antiamericanas de Estados Unidos

FILADELFIA — En Washington, casi todas las propuestas serias que podrían limitar a las empresas estadounidenses de IA se topan con la misma objeción: las restricciones pondrían en peligro la seguridad nacional y la prosperidad futura al dar ventaja a China. Como afirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en una audiencia del Senado en 2025, Estados Unidos necesita una regulación sensata que no nos frene.

Esta formulación resulta intuitiva. Nadie defiende normas mal diseñadas que debilitarían innecesariamente la innovación estadounidense. Sin embargo, la frase “no nos frenen” se convierte con demasiada frecuencia en una exigencia para que las instituciones democráticas se hagan a un lado mientras un puñado de empresas privadas deciden cómo se construirá, implementará y gestionará una de las tecnologías más poderosas de la historia.

Sin duda, hay mucho en juego en la competencia con China. Un mundo donde Pekín domine la IA estaría más censurado, más vigilado y sería inherentemente hostil a los derechos humanos y la democracia. Pero Estados Unidos puede prevalecer aprovechando las fortalezas de una sociedad abierta: la rendición de cuentas democrática, el estado de derecho, una competencia sólida y un debate público libre. Es precisamente aquí donde las empresas estadounidenses de IA pueden superar a sus rivales chinas, no a pesar de la supervisión democrática, sino gracias a ella.

Al fin y al cabo, si un sistema de IA se utiliza en un hospital, una escuela, una comisaría o en el campo de batalla, la gente quiere saber que está sujeto a normas, que las decisiones que afectan a sus vidas pueden ser impugnadas y que existen mecanismos eficaces para obtener reparación cuando algo sale mal. Estas características requieren normas de responsabilidad claras, transparencia, el debido proceso para las decisiones automatizadas de alto riesgo y una aplicación efectiva de la ley.

Si bien los controles democráticos pueden, en algunos casos, ralentizar la implementación, también pueden acelerar su adopción al aumentar la confiabilidad de los sistemas de IA. Las normas de responsabilidad pueden incentivar a las empresas a abordar los riesgos previsibles antes de que causen daños; la transparencia puede ayudar a los investigadores a identificar fallas que las empresas pasan por alto o prefieren no divulgar; y los estándares para las pruebas, la notificación de incidentes, la protección de datos y la revisión humana pueden brindar a los clientes mayor certeza al tiempo que reducen los riesgos para la sociedad.

Estados Unidos no vencerá a China en una carrera hacia el abismo, porque el sistema político chino está mejor preparado para ello. Puede obligar a empresas y agencias públicas a compartir datos sobre finanzas, viajes, salud, seguridad y comunicaciones cotidianas, para luego usar esa información para controlar y explotar a los ciudadanos a una escala que ninguna democracia debería intentar emular. Puede dirigir a las empresas hacia la consecución de objetivos industriales nacionales porque los tribunales, los legisladores y la sociedad civil no limitan al partido-estado. Si Estados Unidos intenta competir otorgando a sus propias empresas mayor secretismo, mayor impunidad o mayor poder sobre la vida de los ciudadanos, ya ha perdido.

El historial global de las empresas tecnológicas chinas demuestra aún más la importancia de la rendición de cuentas democrática. Huawei ha promovido sus sistemas de “ciudades seguras” como herramientas para la seguridad pública, pero en algunos países han suscitado preocupación por el espionaje político y la debilidad de las garantías de los derechos humanos. Los proyectos de infraestructura y vigilancia respaldados por China también han generado inquietud por la opacidad de los contratos, la corrupción y la influencia política.

Esa diferencia tiene repercusiones más allá de las fronteras estadounidenses. Las personas afectadas por empresas estadounidenses en cualquier parte del mundo pueden visibilizar sus casos, obtener cobertura mediática y recurrir a organizaciones de la sociedad civil estadounidense para que aboguen por ellas. Del mismo modo, las empresas extranjeras pueden buscar reparación a través de los tribunales, los organismos reguladores y los canales de mediación independientes de Estados Unidos. Ninguna de estas vías independientes existe en China para impugnar a las empresas que actúan con el apoyo del partido-estado.

Las empresas estadounidenses de IA deberían aprender de la historia reciente de las redes sociales. Las principales plataformas se resistieron durante años a la regulación, mientras sus modelos de negocio degradaban el discurso democrático, difundían desinformación, vulneraban la privacidad, creaban adicción en los niños y concentraban un poder descomunal. Sin embargo, a pesar de la creciente frustración pública, estas empresas evitaron una rendición de cuentas política contundente porque gran parte del daño era difuso y acumulativo, lo que dificulta determinar por qué una empresa tuvo mayor responsabilidad que otra.

Las empresas de IA tendrán mucho menos margen de maniobra. Cuando un sistema de IA descarta a alguien para un puesto de trabajo, le niega un beneficio o un préstamo, le da consejos perjudiciales o produce una coincidencia falsa en el reconocimiento facial, las consecuencias son inmediatas, cuantificables y, a menudo, rastreables hasta un producto y una empresa específicos. Esta clara línea de responsabilidad hace que sea más probable que se produzca una reacción negativa y más difícil de eludir. Los estadounidenses ya desconfían de la IA, y una encuesta reciente del Pew Research Center reveló que el 52% está más preocupado que entusiasmado con el creciente papel de esta tecnología en la vida cotidiana, frente al 37% en 2021; solo el 9% está más entusiasmado que preocupado.

No obstante, las empresas de IA parecen estar siguiendo los pasos de las redes sociales. En lugar de ser más transparentes, buscan un acceso privilegiado a un pequeño círculo de funcionarios y negocian políticas a puerta cerrada. En vez de defender la competencia abierta, compiten por controlar la capacidad de procesamiento, los datos y los canales de distribución antes de que sus rivales puedan alcanzarlas, difuminando la línea entre la ventaja del pionero y el comportamiento monopolístico u oligopolístico. Y en lugar de confiar en los procesos democráticos, sus ejecutivos e inversores están invirtiendo grandes sumas de dinero para derrotar a los políticos que podrían regularlas. A pesar de proclamar que defienden la IA democrática frente al modelo autocrático de China, parecen cada vez más dispuestas a negociar directamente con los líderes políticos en lugar de someterse a las normas establecidas por instituciones abiertas.

Al buscar acceso privilegiado, reprimir la competencia y comprar influencia para evitar aceptar las restricciones democráticas, la industria se está volviendo impopular y políticamente dependiente. Esto significa que podría lograr la desregulación hoy solo para descubrir mañana que ha cedido su autonomía a la administración que controle el acceso a la energía, los chips, los contratos gubernamentales, las licencias de exportación y la aplicación de las leyes antimonopolio. Una administración que puede decidir qué empresas reciben esos beneficios también puede castigar a aquellas que caen en desgracia.

Las empresas que se resisten a la supervisión democrática ordinaria se arriesgan a la imprevisibilidad: el control político directo del gobierno de turno. La rendición de cuentas democrática, el estado de derecho y la competencia abierta no son costos que deban evitarse en nombre de la victoria. Son lo que hará que la IA estadounidense sea más confiable, más resiliente y, en última instancia, más fuerte que las propuestas chinas. El tiempo se agota para que las empresas estadounidenses de IA elijan sabiamente.

El autor

Yaqiu Wang es investigadora del Proyecto Penn sobre el Futuro de las Relaciones entre Estados Unidos y China en la Universidad de Pensilvania.

El autor

Nicholas Bequelin es investigador sénior del Centro Paul Tsai para China de la Facultad de Derecho de Yale e investigador del Centro de la Asia Society sobre las Relaciones entre Estados Unidos y China.

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