Días Mundiales de la Salud y el Gobierno de Mentiritas

"Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas: la indiferencia" Patch Adam

Los días internacionales de salud promovidos por la OMS y la OPS no son un capricho del calendario ni un ejercicio de mercadotecnia multilateral, sino instrumentos de gobernanza y de gestión de obligaciones jurídicas. El Día Mundial de la Salud y las efemérides sanitarias funcionan como hitos temporales para concentrar esfuerzos, visibilizar problemas prioritarios y ordenar la acción estatal conforme a los estándares internacionales del derecho a la salud. Reducirlos a campañas de “sensibilización” es vaciar de contenido uno de los mecanismos más simples y recurrentes de evaluación pública de los gobiernos.

En México, esta lectura mínima es incompatible con el propio orden constitucional y convencional. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce la vigencia de los derechos humanos contenidos tanto en la Norma Fundamental como en los tratados internacionales, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, e impone el criterio de interpretación pro persona. El artículo 4º del CPEUM consagra el derecho a la protección de la salud y lo vincula con la alimentación, el agua, el medio ambiente sano, la vivienda, la seguridad social y la protección reforzada de los grupos en situación de vulnerabilidad. En el plano internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) y la Observación general número 14 del Comité DESC detallan las obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad que se imponen al Estado mexicano.

El calendario de efemérides de la OPS para 2026 puede leerse como una cartografía compacta de obligaciones estatales. Incluye fechas sobre enfermedades transmisibles y vacunación (Día Mundial de la Tuberculosis, Semana Mundial de la Inmunización), enfermedades crónicas no transmisibles (Día Mundial contra el Cáncer, Día Mundial de la Obesidad, Día Mundial del Corazón), determinantes sociales y ambientales (Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo), etapas de vida y grupos prioritarios (pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas mayores) y funciones sistémicas de los servicios de salud (Día Mundial de la Seguridad del Paciente, Día de la Cobertura Sanitaria Universal). Cada efeméride puede mapearse en las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, así como en mandatos concretos de la CPEUM, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la legislación ambiental y las normas en materia de grupos en situación de vulnerabilidad.

Preguntarse, en el Día Mundial de la Tuberculosis o durante la Semana Mundial de la Inmunización, si el país cuenta con infraestructura suficiente, personal capacitado, esquemas de vacunación actualizados y vigilancia epidemiológica eficaz, es un mínimo de diligencia debida, no una cortesía política. Lo mismo ocurre con el Día Mundial del Agua, que interpela directamente las obligaciones del Estado respecto del acceso al agua suficiente y salubre (art. 4º CPEUM), o con las efemérides sobre seguridad y salud en el trabajo, que se relacionan con el artículo 123 CPEUM y la normativa laboral y de salud ocupacional.

Pese a ello, el comportamiento del gobierno federal frente a estas fechas evidencia una brecha creciente entre el discurso y las obligaciones. En lugar de aprovechar las efemérides como “ventanas de evaluación” de políticas, presupuestos e indicadores, se opta recurrentemente por boletines autocomplacientes, actos protocolarios sin contenido o por el silencio administrativo. Se desperdicia así un mecanismo de rendición de cuentas que, por su recurrencia anual y su anclaje a estándares internacionales, permitiría detectar regresiones, corregir desviaciones y justificar decisiones bajo el escrutinio ciudadano. A la luz del principio de progresividad y de la prohibición de regresividad (art. 1º CPEUM y doctrina del Comité DESC), esta omisión deja de ser sólo un problema de comunicación: puede configurarse como incumplimiento de obligaciones jurídicas positivas.

El desdén tampoco es neutro en términos materiales. Minimizar el Día Mundial de la Obesidad, la Diabetes o las efemérides sobre salud mental equivale a relegar emergencias silenciosas que ya concentran una parte crítica de la carga de enfermedad y amenazan la sostenibilidad del sistema. Hacer lo mismo con las fechas sobre agua, saneamiento, calidad del aire o seguridad y salud en el trabajo implica desatender determinantes estructurales que afectan con especial crudeza a quienes viven en pobreza, muchas veces pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas protegidos por el artículo 2º CPEUM. Y pasar de largo frente a las efemérides de pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas mayores o población penitenciaria envía el mensaje de que la “protección reforzada” puede seguir siendo una declaración programática sin consecuencias.

Frente a una actitud evasiva del Ejecutivo, el calendario internacional abre una ventana estratégica para la función legislativa y el control democrático. Las comisiones de salud y comisiones afines del Congreso podrían organizar buena parte de su agenda anual en torno a las efemérides sanitarias: audiencias públicas, comparecencias, solicitudes de información desagregada y la revisión del impacto normativo y presupuestario. Asociar cada conmemoración a un conjunto acotado de indicadores, con enfoque de progresividad y no regresividad, permitiría convertir el calendario en una herramienta sistemática para la supervisión del cumplimiento de la CPEUM, del PIDESC, de la Convención Americana y de la legislación secundaria.

La información en salud, reconocida como interés público por la Constitución y la Ley General de Salud, exige, además, que los mensajes de estas fechas sean claros, basados en evidencia y culturalmente pertinentes, no eslóganes efímeros ni propaganda personalista. Mientras el Ejecutivo siga desperdiciando año tras año este instrumento de gobernanza, corresponderá al Poder Legislativo, a la academia y a la sociedad civil apropiarse del calendario sanitario internacional como lo que realmente es: un recordatorio recurrente de que el derecho a la salud no es un programa sexenal ni una promesa de campaña, sino un mandato jurídico permanente que no se agota en fotografías oficiales.

Referencias

1. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). Observación general núm. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del PIDESC). https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3. Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf
4. Organización Mundial de la Salud. (2026). World Health Day themes and campaigns 1950–2026. https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2026
5. Organización Panamericana de la Salud. (2026). Calendario de prensa OPS/OMS 2026. https://www.paho.org/es/documentos/afiche-calendario-celebraciones-dias-salud-ops-para-2026
6. Ramírez Barba, É. J. (2026). Panorama actual de la salud en la Constitución. Campus León de la Universidad de Guanajuato. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15179.14882

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.