Cuando el derecho queda detrás de la interfaz: ciudadanía digital frente a la IA

Un derecho no necesita ser derogado para desaparecer. Puede extinguirse en silencio cuando la persona ya no sabe dónde ejercerlo y la interfaz convierte el reclamo en una ruta sin salida. Muere, sobre todo, cuando una decisión automatizada responde sin dar razones. En ese punto, la libertad conserva su nombre jurídico, pero ha perdido su forma práctica.

La inteligencia artificial ha dejado de ocupar solamente la superficie visible de las aplicaciones. Se ha instalado en la arquitectura que clasifica personas, ordena la visibilidad de los discursos, recomienda contenidos, distribuye servicios y anticipa comportamientos. No llega después de la vida social para hacerla más eficiente. Entra en ella, aprende de sus desigualdades y puede devolverlas convertidas en puntuación, perfil de riesgo o criterio de elegibilidad. El algoritmo no es un oráculo ni un sujeto moral. Es una mediación de poder diseñada, contratada y desplegada por instituciones que deben responder por sus efectos.

México se conecta con rapidez. La ENDUTIH 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó 104.9 millones de personas usuarias de internet, equivalentes al 86.1% de la población de seis años y más. La cifra alcanzó 88.9% en zonas urbanas y 75.2% en las rurales. Sin embargo, sólo 38.1% utilizó computadora, mientras 21.7% de los hogares permaneció sin conexión. La señal se expande, pero no distribuye por sí sola capacidad política. Tener una pantalla permite entrar. Saber qué hace el sistema con nosotros, objetar sus decisiones y modificar las condiciones de su funcionamiento es otra forma de acceso, mucho más profunda.

Durante años pensamos la brecha digital como distancia entre conectados y desconectados. Esa cartografía ya resulta insuficiente. La frontera atraviesa ahora a quienes pueden comprender, producir y gobernar tecnología frente a quienes sólo comparecen ante ella como usuarios, expedientes o fuentes de datos. Acceso, uso, consumo y apropiación no son momentos intercambiables. El acceso abre la puerta; la apropiación permite decidir qué clase de habitación queremos construir y bajo qué reglas aceptamos habitarla.

La Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México dio un paso valioso al reconocer principios como privacidad desde el diseño, equivalencia funcional e igualdad de responsabilidades entre los actos presenciales y los digitales. También articuló el Autenticador Digital Único para realizar trámites con validez. Pero autenticar a la persona no basta para reconocerla como ciudadana. Si el Estado puede saber quién soy, yo debo poder saber qué sistema intervino en una decisión que me afecta, con qué información operó y ante quién puedo reclamar.

Rainer Forst sitúa en el centro de la justicia el derecho a la justificación: nadie debería quedar sometido a normas o relaciones de poder que no puedan ofrecer razones recíprocas y públicamente defendibles. Trasladado al gobierno algorítmico, este principio cambia el sentido de la explicabilidad. Una explicación no es una cortesía técnica ni un anexo de transparencia. Es la condición para que la persona deje de ser objeto de cálculo y recupere su lugar como interlocutora. Tampoco sirve entregar código ilegible o una fórmula genérica. La razón debe ser comprensible, pertinente para el caso y susceptible de impugnación.

La economía digital añade otra capa. Couldry y Mejias denominan colonialismo de datos al proceso que convierte la vida humana en materia disponible para la extracción de valor. No todo uso de datos reproduce esa lógica, pero la relación se vuelve injusta cuando la experiencia cotidiana es capturada sin negociación real y después retorna como predicción capaz de condicionar crédito, empleo, seguridad o reputación. El perfil inferido comienza entonces a competir con la biografía. La persona termina obligada a demostrar que no es aquello que el sistema calculó.

Esta disputa ya no pertenece al futuro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reportó que 67% de sus países utilizaba IA para mejorar el diseño y la prestación de servicios públicos. En México, la evaluación de preparación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoció fortalezas legales en privacidad y transparencia, pero señaló la ausencia de mecanismos específicos para atender y reparar daños causados por sistemas de IA. También advirtió rezagos en representación lingüística, inclusión y alfabetización mediática e informacional. La innovación pública no puede medirse sólo por trámites ahorrados. Debe medirse por la indefensión que evita.

Sheila Jasanoff propone tecnologías de humildad para gobernar la incertidumbre: instituciones capaces de reconocer lo que no saben, identificar vulnerabilidades y aprender de quienes soportan los riesgos. Ése es el espíritu que debería orientar una política mexicana de derechos digitales. Cada sistema de IA de alto impacto utilizado por una autoridad tendría que inscribirse en un registro público, someterse a evaluación previa y avisar de manera clara cuándo interviene. La revisión humana debe tener autoridad real para corregir. La ciudadanía necesita una vía accesible de queja, auditorías independientes y reparación cuando el daño ya ocurrió.

La Ciudad de México podría encabezar este tránsito mediante una Carta de Existencia Digital Digna que reúna derechos hoy dispersos y los convierta en capacidades exigibles. Su alcance tendría que incluir la identidad y la imagen, la memoria, la desconexión, la accesibilidad y la protección frente a decisiones automatizadas. Las compras públicas deberían exigir trazabilidad y pruebas de impacto. Las defensorías digitales y los observatorios académicos de algoritmos podrían vigilar sin sustituir a la ciudadanía. Regular no significa vigilar la conversación pública. Significa limitar a quien concentra capacidad de clasificar, silenciar o excluir. Cuando el Estado invoca protección para adjudicarse la última palabra sobre la verdad, convierte la garantía en tutela y los derechos en pretexto de control.

Sin alfabetización crítica, los derechos se vuelven una contraseña que nadie recuerda. Formar ciudadanía digital exige enseñar a leer interfaces, reconocer contenidos sintéticos y cuidar los datos, pero también aprender a preguntar quién diseñó la regla y quién obtiene beneficio de ella. La competencia más urgente no es saber pedirle una respuesta a la IA. Es conservar el criterio para discutirla y la voluntad moral para asumir las consecuencias de usarla.

Hay una dimensión de la persona que ningún perfil logra agotar. Somos memoria interpretada, relación, promesa y apertura a un sentido que no cabe en una variable. La dignidad no nace cuando el sistema consigue identificarnos; existe antes de toda captura y permanece cuando el cálculo falla. Olvidarlo sería conceder a la legibilidad tecnológica un poder que no posee: decidir cuánto de lo humano merece ser reconocido.

La pantalla es ya territorio porque una parte sustantiva de la vida ocurre en ella. Por eso, defender derechos digitales no es nostalgia frente al progreso, sino el trabajo político de impedir que la eficiencia se convierta en obediencia. La ciudadanía que falta construir comenzará cuando cada persona pueda mirar al sistema y exigirle: explícate y acepta ser corregido, porque yo sigo siendo más que lo que tus datos alcanzan a saber de mí.