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Opinión

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La Cultura de la Paz, Democracia en América

Pascual Hernández Mergoldd | La cultura de la paz

“La voluntad popular es el eje central de la vida pública”, Claudia Sheinbaum

El descontento de los electores estadounidenses con el manejo de la economía y la percepción de que su mandatario podía representar un riesgo para la democracia se reflejaron en los resultados electorales que, como castigo a su Ejecutivo, otorgaron al Partido Demócrata las mayorías legislativas y diversas gubernaturas.

Ante los procesos electorales de 2027 en México, el caso de Estados Unidos ofrece una referencia relevante al confirmar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y el respeto a la voluntad popular.

Otro ejemplo de estabilidad institucional es el de Canadá. Como monarquía constitucional y democracia parlamentaria federal, mantiene una sólida tradición democrática sustentada en el respeto al Estado de derecho y a sus instituciones.

En América Latina, las democracias han enfrentado desde 2010 diversos desafíos que han puesto a prueba su fortaleza institucional. Entre los problemas más significativos destacan la corrupción, la polarización política y la violencia. Actualmente, la región vive una paradoja democrática: aunque ha mantenido una prolongada continuidad electoral, experimenta simultáneamente una erosión en la calidad de sus instituciones y un marcado deterioro de la confianza ciudadana.

Este año se celebraron elecciones presidenciales en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú. En todos estos procesos pudo observarse que la voluntad popular fue respetada y que los resultados electorales se reconocieron dentro de los cauces institucionales establecidos.

Los uruguayos cuentan con una de las democracias más sólidas, estables y consolidadas de América Latina. Sus elevados estándares institucionales y el amplio respeto a las libertades civiles le han valido reconocimiento internacional. En ese contexto, resultó natural que el papa León XIV, durante su visita a Montevideo, destacara en su discurso principal la vigencia de la tradición democrática uruguaya.

En contraste, los pueblos de Cuba y Nicaragua son sometidos por dictadores. Sus gobernantes, como en nuestro país, se asumen como la personificación del pueblo por eso la voluntad popular se traduce en la voluntad de sus tiranos. En México, con el arribo de Morena al poder, el oficialismo pretende imponer un sistema similar.

Transitamos por un proceso de debilitamiento o demolición de contrapesos democráticos. Si entre 1997 y 2018 distintas corrientes ideológicas pudieron competir pacíficamente por los cargos de elección popular y propiciar la alternancia en el poder, desde 2019 el oficialismo ha impulsado la erosión de la democracia para ignorar o distorsionar la voluntad popular de los electores. Nuestras autoridades electorales, una vez colonizadas, dejaron de ser independientes.

El INE padece una actualmente crisis de corrupción que afecta su credibilidad. Ante ello, la Mandataria ha optado por deslindar a su extitular de Morena. Pretende que se ignoren tanto sus antecedentes políticos como el hecho de que fueron legisladores de su partido quienes le otorgaron facultades legales y extralegales. Desacredita a los anteriores presidentes del organismo para justificar la actuación de su exfuncionaria.

La extitular del INE parecía actuar con la confianza de quien se sabía respaldada por el gobierno, tanto por la información que presumiblemente poseía sobre Morena y sus integrantes, así como por lo que operó en el ámbito electoral desde 2024. Por ello la dejaron hacer y deshacer.

Validó la sobrerrepresentación legislativa en el Congreso de la Unión, la cual derivó en la aprobación de numerosas reformas constitucionales para destruir los poderes judiciales, debilitar el federalismo y fortalecer la hegemonía del oficialismo.

El gobierno debilita progresivamente al árbitro electoral y compromete seriamente su capacidad operativa e independencia. Para 2027 enfrentará una reducción presupuestaria sin justificación alguna, aun siendo un año electoral.

La denominada "mafia electoral" a la que alude la Presidenta no corresponde a los actores que ella señala. Dicha expresión describe la alianza que la llamada Cuarta Transformación tiene con grupos de narcoterroristas que, a cambio de la entrega de amplias regiones de México, financian sus campañas políticas e intervienen en los procesos electorales.

Mientras tanto, la oposición duerme el sueño de los justos y la cultura de la paz naufraga.

¡Despertemos!

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