El costo de conformarse

La pobreza puede administrarse durante años; la prosperidad exige hacer las cosas bien… -Macraf

Hace unas semanas se publicó una noticia que pasó desapercibida por la euforia mundialera y el calor de ¿y si si?: México cayó al lugar 62 de 69 economías evaluadas en el Ranking Mundial de Competitividad 2026 del IMD. Para muchos puede parecer simplemente otro indicador técnico, una posición más en una lista internacional que pocas personas consultan. Sin embargo, detrás de ese número se esconde una realidad mucho más preocupante: la incapacidad creciente del país para generar riqueza, atraer inversión y mejorar de manera sostenida la calidad de vida de su población.

Porque aquí el matiz importante es que hablar de competitividad no es sinónimo de una competencia de popularidad entre naciones. No se trata de ganar medallas ni de presumir posiciones en una tabla. La competitividad es la capacidad de un país para crear las condiciones que permitan producir más, innovar más, invertir más y, en consecuencia, generar mejores oportunidades para las personas.

Y ahí es donde el problema deja de ser estadístico para convertirse en algo profundamente humano.

Cuando un país pierde competitividad, llegan menos inversiones, se crean menos empleos de calidad, la productividad se estanca y los salarios encuentran cada vez más difícil crecer. El resultado final no aparece primero en los informes internacionales. Aparece en el bolsillo de las familias.

Por eso resulta preocupante que mientras otros países discuten cómo incrementar su productividad, atraer industrias de alto valor agregado o formar capital humano especializado, en México seguimos atrapados en una discusión donde el crecimiento económico parece haberse vuelto sospechoso y donde cualquier referencia a la competitividad suele interpretarse como un asunto secundario frente a las prioridades políticas del momento.

La realidad económica es mucho más simple y mucho más dura.

No existe desarrollo económico sostenible sin crecimiento. Y no existe crecimiento sostenido sin competitividad.

Es cierto que el crecimiento por sí solo no elimina la desigualdad. También es cierto que el PIB no mide directamente el bienestar. Pero de ahí a concluir que el crecimiento es irrelevante existe una enorme distancia. Después de todo, los bienes y servicios que permiten satisfacer necesidades humanas, elevar ingresos y mejorar condiciones de vida no aparecen por generación espontánea. Deben producirse. Y para producir más y mejor se necesita inversión, innovación, infraestructura, capital humano y reglas claras.

En otras palabras, se necesita competitividad.

Lo que revela el informe del IMD no es solamente una caída en el ranking. Es la evidencia de que México está perdiendo capacidad para competir por oportunidades que otros países sí están aprovechando.

La paradoja es evidente. Nunca habíamos escuchado tantos discursos sobre bienestar, justicia social y prosperidad compartida. Pero al mismo tiempo observamos el debilitamiento constante de factores fundamentales para alcanzarlos.

La destrucción o desaparición de organismos autónomos, la incertidumbre jurídica derivada de diversas reformas, la creciente preocupación por la seguridad pública, la insuficiencia energética, los rezagos educativos y la falta de una estrategia clara para formar talento altamente especializado son elementos que terminan afectando directamente la competitividad nacional.

Y los inversionistas lo observan.

Porque una empresa puede tolerar impuestos más altos. Puede adaptarse a regulaciones complejas. Puede incluso enfrentar periodos de desaceleración económica. Lo que difícilmente puede aceptar es operar en un entorno donde las reglas cambian constantemente, las instituciones pierden credibilidad y la certidumbre jurídica se vuelve cada vez más frágil.

México sigue teniendo ventajas extraordinarias. La cercanía con Estados Unidos continúa siendo una de las más importantes. La integración comercial de América del Norte aún representa una oportunidad importante, acotando que, aunque es verdad que el T-MEC no desaparece, las condiciones en que quedó, abre la puerta más a la incertidumbre que a las oportunidades reales y el fenómeno de relocalización de cadenas productivas puede ofrecer posibilidades que muchos países envidiarían, pero tampoco nos ilusionemos tanto.

Porque las ventajas geográficas no son suficientes.

Un país puede tener la mejor ubicación del planeta y aun así fracasar si no construye las condiciones internas necesarias para aprovecharla.

Durante demasiado tiempo hemos asumido que nuestra posición geográfica resolverá por sí sola nuestros problemas económicos. Como si compartir frontera con la mayor economía del mundo fuera garantía automática de prosperidad. Sin embargo, la competitividad no se hereda. Se construye.

Y precisamente ahí es donde parecen acumularse los mayores rezagos.

Mientras otros países fortalecen instituciones, modernizan infraestructura, invierten en innovación y preparan a sus trabajadores para industrias cada vez más sofisticadas, nosotros seguimos concentrados en administrar problemas inmediatos sin resolver las causas estructurales que los generan.

La consecuencia es visible en rankings internacionales, pero también en la realidad cotidiana. Una economía menos competitiva genera menos oportunidades de movilidad social. Produce empleos menos productivos. Limita el crecimiento de los salarios reales. Reduce la capacidad de las empresas para expandirse. Y termina ampliando las desigualdades que supuestamente pretende combatir.

Por eso la competitividad no es una discusión reservada para economistas, empresarios o analistas financieros. Es una discusión sobre bienestar. Sobre desarrollo. Sobre oportunidades.

Es una discusión sobre el futuro.

El lugar 62 no significa que México esté condenado al fracaso. Pero sí representa una advertencia seria sobre el camino que estamos recorriendo. Porque mientras nuestros competidores avanzan construyendo condiciones para generar más riqueza, nosotros parecemos conformarnos con administrar lo que hay, lo que ya tenemos, es decir, la pobreza de millones de mexicanos.

Y administrar pobreza nunca ha sido sinónimo de desarrollo.

La prosperidad exige mucho más que discursos. Exige instituciones sólidas, educación de calidad, certidumbre jurídica, inversión productiva y una visión de largo plazo capaz de entender que si quieres repartir bienestar: primero hay que crearlo.

De esta forma, seguimos viviendo entre cifras que brillan… y bolsillos que no alcanzan.

* El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía y de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director general y fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa de análisis: Voces Universitarias.

Contacto y redes: https://eduardolopezchavez.mx/redes