Un buen crecimiento requiere unas finanzas públicas adecuadas

LONDRES – A principios de septiembre, el Ministro de Hacienda británico, John Healey, se comprometió a “reforzar el enfoque” de las instituciones de finanzas públicas del país. Cuatro regiones más se convertirán en socios estratégicos del Fondo Nacional de Riqueza (NWF), y el Banco Británico de Negocios destinará 150 millones de libras esterlinas adicionales (199 millones de dólares) para ayudar a expandir las empresas del norte.

Healey tiene razón al identificar las finanzas públicas como un motor clave del crecimiento. La financiación a largo plazo de instituciones públicas de desarrollo, como el KfW alemán y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) brasileño, es una de las herramientas más poderosas que tienen los gobiernos para dirigir el crecimiento y promover las transformaciones industriales, en lugar de simplemente reaccionar a las tendencias del mercado a posteriori. Son las instituciones públicas las que a menudo asumen el riesgo antes de que el sector privado se atreva a entrar en un mercado. Cuando la financiación a largo plazo se gestiona adecuadamente, con condiciones asociadas a la financiación pública, puede contribuir a configurar un mercado que genere un crecimiento inclusivo, impulsado por la innovación y sostenible.

Desde que adoptó sus cinco “misiones” nacionales en 2024, el Reino Unido ha prestado mayor atención a sus instituciones de finanzas públicas. La creación de nuevos organismos como la NWF, Great British Energy y el Banco Nacional de la Vivienda es un primer paso prometedor. No obstante, cada uno de ellos podría beneficiarse de una mayor orientación a los resultados. La estrategia de la NWF para la cadena de suministro de baterías es un buen ejemplo de lo que se necesita, ya que se centra en un desafío fundamental (la resiliencia de la cadena de suministro) en lugar de en un sector específico. Pero este enfoque debería ser la norma, no la excepción.

Otro problema es que ninguno de estos organismos, ni individual ni colectivamente, opera a la escala de un verdadero banco de inversión estatal. Todavía carecen de la capacidad de endeudamiento y la permanencia que han hecho eficaces al KfW, al BNDES y al Banco Europeo de Inversiones. El Fondo Nacional de la Economía (FNE) solo puede invertir hasta 5,500 millones de libras esterlinas al año durante los próximos cinco años. Pero las finanzas públicas necesitan escala para respaldar una transformación económica más amplia. El banco público de inversión de Alemania prestó 62,000 millones de euros (53,500 millones de libras esterlinas) a hogares, empresas y municipios solo en 2025, y sus préstamos a empresas están condicionados; por ejemplo, las empresas beneficiarias deben invertir en la ecologización de sus cadenas de suministro y en el apoyo al crecimiento sostenible.

La reforma sistémica es tan importante como el fortalecimiento de cualquier institución individual. Por ejemplo, la descentralización del poder de inversión a las autoridades conjuntas exige que el gobierno central y las regiones funcionen como un solo sistema. Pero para que esto suceda, el gobierno debe reformar las normas fiscales del Reino Unido. El cambio del indicador de referencia de la deuda neta del sector público a los pasivos financieros netos del sector público (PSNFL) generó aproximadamente 50,000 millones de libras esterlinas de margen adicional; pero Healey no debería detenerse ahí. Ampliar el horizonte de previsión sobre el cual se evalúan los objetivos fiscales, por ejemplo, permitiría juzgar una inversión orientada a la misión por lo que construye a lo largo de una década, y no por lo que cuesta en una sola revisión de gastos.

Aun así, el PSNFL seguiría siendo solo una medida financiera. No reflejaría el valor productivo de un ferrocarril, una red eléctrica más robusta ni una fuerza laboral más sana y cualificada. La construcción o la propiedad absoluta de un activo físico (ya sea una acería nacionalizada, instalaciones de generación de energía o viviendas sociales) seguiría registrándose como deuda pura, sin que se reconociera el valor del activo en sí.

Para cerrar esta brecha, el gobierno debe adoptar una métrica de Patrimonio Neto del Sector Público (PNSP) que contabilice los activos no financieros junto con los financieros. El PNSP es la única solución contable que evitaría que la agenda de control público del gobierno se vea penalizada por su propio marco fiscal. (Estos problemas no son exclusivos del Reino Unido. En el nuevo Consejo Global para una Economía del Bien Común, mis colegas y yo hemos estado reflexionando sobre cómo sería un marco fiscal verdaderamente responsable desde una perspectiva global).

Cabe destacar que, en el mismo discurso en el que anunció cambios en las instituciones de finanzas públicas del Reino Unido, Healey hizo hincapié en que el control público va más allá de la propiedad pública. Su visión es que los líderes locales y los responsables políticos colaboren para dar forma a los mercados de sectores esenciales como el transporte, la energía y la vivienda; para garantizar la rendición de cuentas en los asuntos que importan a las personas y las empresas, desde facturas justas hasta inversiones que realmente se financien; y para ser capaces de tomar decisiones más rápidas y establecer mejores regulaciones.

Los organismos de finanzas públicas están bien posicionados para asumir muchas de estas tareas. Una participación accionaria, un préstamo condicionado o un acuerdo de coinversión pueden garantizar el control público sobre la trayectoria de un sector esencial, influyendo en qué se construye, en qué condiciones y para beneficio de quién, sin que el Estado tenga que poseer o gestionar activos directamente. Bien gestionadas, las finanzas públicas pueden orientar la innovación hacia el bien común, por ejemplo, asegurando que los contratos incluyan condiciones para generar valor público, como una participación en los beneficios.

Existe un claro precedente: la NASA, una entidad pública con gran confianza en sí misma que ha colaborado con cientos de empresas privadas, incluyó la cláusula de “no obtener beneficios excesivos” en sus contratos de adquisición para la misión Apolo. Socializar tanto el riesgo como la recompensa de esta manera es fundamental para un crecimiento inclusivo.

En los últimos dos años, el Reino Unido ha sentado más bases para un ecosistema de finanzas públicas coordinado y orientado a objetivos que en toda una generación. Sin embargo, durante la mayor parte de las últimas tres décadas, ha registrado el nivel más bajo de inversión pública total del G7, una brecha equivalente a aproximadamente 500 mil millones de libras esterlinas. Y dado que las subvenciones e incentivos fiscales del Reino Unido a menudo no conllevan condiciones, su inversión en el sector privado también es una de las más bajas del G7.

Cerrar una brecha tan grande no se logrará mediante reformas graduales. Gran Bretaña no solo necesita más financiación pública, sino que necesita una organización diferente de las finanzas públicas, con instituciones públicas que operen a la misma escala que sus homólogas internacionales, con la independencia suficiente para planificar a largo plazo y la solidez necesaria para perdurar más que cualquier gobierno.

La autora

Mariana Mazzucato, profesora del University College London, es la directora fundadora del Instituto UCL para la Innovación y el Propósito Público y autora de numerosos libros, entre ellos The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023) y The Common Good Economy: A New Compass (Allen Lane, 2026).

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