Austeridad para unos, privilegios para otros

Soy de la generación que juntaba sus monedas en la primaria para comprar timbres del Ahorro Nacional para abrir una cuenta en Serfin y a la que la crisis de 1982 llevó a perder sus pocos pesitos. Soy de la generación a la que la hiperinflación de finales de los 80 le arrebató el poco poder de compra de sus “domingos” de adolescentes. Soy de la generación a la que la crisis del 94 le quitó el primer cochecito que había comprado a crédito.

Pero también soy de esa camada de adultos jóvenes que empezamos el siglo con una desconocida estabilidad macroeconómica que nos permitió conseguir un crédito hipotecario a tasa de un solo dígito, con inflación estable, sin amenazas de devaluación y con una reestructuración institucional que nos daba confianza.

¿Cómo no tener animadversión hacia este régimen que ahora nos hace pertenecer a una generación de adultos en la antesala de la jubilación, a los que repentinamente les cambian las reglas y los condenan a la incertidumbre de un retiro paupérrimo?

Ahora, por decreto, se frustran los planes de jubilación de muchos de los casi 13 millones de mexicanos de entre 50 y 60 años que hoy viven en México. Al cuestionable acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, seguirá la obediente confirmación de la oficialía de partes legislativa, con la imposibilidad de impugnarlo en el Poder Judicial de los acordeones.

Es discutible el costo financiero del esquema llamado Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS –popularmente conocido como Modalidad 40–; es un hecho documentado que ese, y tantos otros esquemas públicos, son usados de forma fraudulenta. El problema real en los tiempos de la autollamada Cuarta Transformación es la fragilidad de la certeza y la incongruencia de sus acciones.

Primero, por la impredecibilidad de estos tiempos. En los últimos años hemos sido testigos de la erosión sistemática del marco legal: la cancelación unilateral del aeropuerto de Texcoco, la alteración retroactiva de los contratos del sector energético, expropiaciones de facto a vías férreas, el desmantelamiento de los organismos regulatorios autónomos y la demolición de la independencia judicial. Modificar las reglas sobre la marcha ahuyenta la inversión y destruye la confianza que tardó décadas en construirse –precisamente en ese tiempo entre el populismo del siglo pasado y la llegada de este régimen–. Data Coparmex advierte que 80% de las empresas ajusta o evalúa su protección jurídica ante un Estado que ignora el principio de irretroactividad.

Segundo, por la abismal incongruencia fiscal. Los argumentos financieros para asfixiar a los cincuentones de la Modalidad 40 chocan con el restablecimiento de los privilegios insostenibles de las burocracias sindicales: la restitución de la jubilación anticipada en la CFE disparó el pasivo laboral de la empresa de 327,000 a 487,000 millones de pesos; hay que sumar la “compensación vitalicia” a los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, más los privilegios sindicales intocables de Pemex y todas las joyas de la corrupción tan documentadas como impunes.

Resulta indignante que el costo total de la Modalidad 40 –restringida a un grupo demográfico con fecha de extinción natural por ser exclusivo de la Ley 73– sea catalogado como insostenible, cuando realmente se trata de un despojo a la clase media para fondear a los grupos clientelares.