La ATDT, sin rumbo claro

El 14 de noviembre de 2024, Claudia Sheinbaum presentó públicamente la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Según el comunicado oficial que la Presidencia de la República emitió en esa misma fecha, la ATDT tenía como principales objetivos “lograr que los trámites que existen de manera presencial estén disponibles de manera digital” y “generar ahorros y oportunidad para tener cero corrupción”. El titular de la ATDT, José Peña Merino, explicó que se trataba de “un modelo realmente único en el mundo en términos de organización”, y la Presidenta señaló que el objetivo era “simplificarle la vida a las mexicanas y a los mexicanos”.

En realidad, siempre se supo que la creación de la ATDT era más bien una consecuencia de la reforma que extinguió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y a otros órganos del Estado, cuya autonomía constitucional incomodaba al expresidente López Obrador. La intención era que la ATDT reemplazara las funciones del IFT, como regulador de las telecomunicaciones, pero ahora bajo el control del Poder Ejecutivo. No obstante, cuando los legisladores alineados al oficialismo se dieron cuenta de que este berrinche violaba frontalmente al T-MEC, se tuvieron que hacer algunos ajustes. Se creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que supuestamente es independiente de la ATDT, y ésta quedó a cargo de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Así, la razón de ser de la ATDT se fue erosionando como consecuencia de la improvisación legislativa.

Al día de hoy, la ATDT está enfocada en la creación de Coatlicue, una supercomputadora del Gobierno que servirá para prevenir la evasión fiscal, y para “avanzar más rápido en temas de salud, clima, energía y movilidad”, con una “inversión” pública de 6,000 millones de pesos. Así lo expuso el propio Merino en la conferencia matutina de la Presidenta del 26 de noviembre pasado.

Por otro lado, de acuerdo con el portal de Compras MX, otro proyecto relevante de la ATDT, es su colaboración en la reforma electoral anunciada por Sheinbaum en agosto de este año. De los 16 procesos de contratación pública que la Agencia ha llevado a cabo en lo que va del 2025, al menos 7 son adjudicaciones directas a empresas o personas físicas que prestarán servicios de “muestreo, levantamiento y supervisión de la Encuesta Nacional en Vivienda para la Reforma Electoral”. El monto total de las adjudicaciones alcanza los $7,687,970.00 pesos. Según la ATDT, sus facultades para llevar a cabo estas encuestas están previstas en su Reglamento Interior que establece que su Dirección General de Atención Ciudadana tiene atribuciones para “diseñar y dirigir campañas para la atención de la demanda ciudadana de información y otras soluciones en los asuntos de interés de la población”, aunque no parece que la encuesta electoral atienda a una demanda ciudadana de información. ¿Quién necesita realmente los resultados de la encuesta? ¿Los ciudadanos o el Gobierno?

De esta manera, la ATDT no parece estar muy concentrada ya en la digitalización de trámites y en la eliminación de la corrupción. Es difícil descifrar cómo una supercomputadora que servirá para prevenir la evasión fiscal, y 7 adjudicaciones directas para encuestas en materia electoral le van a simplificar la vida a los mexicanos, o conducen a la eliminación de la corrupción.

Mientras tanto, la gestión de trámites en México se complica cada vez más. La Secretaría de Gobernación no quiere apostillar actas emitidas con la firma digital de los funcionarios públicos; en la oficina del Registro Público de la Ciudad de México hay letreros indicando que la autoridad no da cambio, así que los derechos gubernamentales se deben pagar con el monto exacto; conseguir una cita en el Instituto Nacional de Migración se ha vuelto casi imposible; y las filas en el Banco del Bienestar son interminables. Ojalá la ATDT retome sus objetivos originales y acate el principio de legalidad que limita sus actos a las facultades que le han sido conferidas.