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Transparencia, alternancia y calidad democrática
En la primera década del siglo XXI tuvimos una tendencia virtuosa en el ámbito legislativo que derivó, además de en una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en junio del 2002, en una cascada de legislaciones locales que incluyeron paulatinamente a todas las entidades federativas en el nuevo esquema de rendición de cuentas y acceso permanente de la ciudadanía a cualquier dato o registro en poder de las instituciones del Estado.
Ya en la segunda década de este siglo, encontramos un nuevo impulso legislativo que volvió homogénea la base local y federal para el acceso a la información, no sólo con alcance para dependencias gubernamentales sino también para órganos autónomos, congresos, el Poder Judicial e incluso los partidos políticos, los sindicatos y cualquier persona física o moral que administre recursos públicos.
Fue en abril del 2015 cuando se concretó la aprobación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con ello se abrió un horizonte de oportunidad para fortalecer la calidad de la democracia, para transitar a una democracia mejor informada que no se conforme con informes de labores anuales, auditorías, comparecencias al Congreso o campañas publicitarias genéricas que exponen actividades de entes públicos sin detalle ni atendiendo las preocupaciones específicas de cada persona.
Algunos estudiosos han sugerido una relación o vínculo entre la transparencia y los fenómenos de alternancia en el poder. Creo que la alternancia puede explicarse cuando hay contextos de exigencia funcionales y quizá desde esa perspectiva es un síntoma de salud democrática en una sociedad plural, pero no necesariamente un fin en sí mismo o una consecuencia que hoy pueda adjudicarse únicamente a las leyes de transparencia.
De hecho, la primera alternancia que tuvimos en el gobierno federal en el 2000 fue previa a las legislaciones en esta materia y de ahí que más que una vinculación causal entre la alternancia y la transparencia, encuentro una relación directa entre la transparencia y la democracia de calidad, siempre que el derecho se ejerza.
Si asumimos que sin información no hay democracia, pues las herramientas para que los integrantes de una sociedad podamos allegarnos de cualquier información relevante que solicitemos (no sólo la que se nos presente) permiten evaluar a detalle, sin filtros, el desempeño del aparato público y de los partidos políticos respecto a temas y agendas y animan las convicciones individuales y que libremente abren paso a valorar para decidir, por ejemplo, si refrenda el respaldo a un gobierno o a un representante al momento de acudir a las urnas.
Al existir instrumentos de evaluación ciudadana, la alternancia puede ser una consecuencia o no, pero sin duda en la medida en que se arraigue el ejercicio del derecho de acceso a datos y registros públicos como instrumento de valoración generalizado, tendremos una garantía adicional de votos cada vez más informados.
La transparencia garantiza una rendición de cuentas activa porque las personas no deben acreditar un interés o esperar a que se presenten informes de gestión para conocer lo que hacen sus representantes. Permite que en cualquier momento se soliciten datos que arrojen luz sobre el quehacer gubernamental, de partidos e instituciones, sin filtros o intermediarios.
La nueva ley general abre ese horizonte de calidad democrática, pero falta un camino por recorrer en cuanto al uso del derecho. El último informe del INAI (su balance 2015) nos dice que se registraron 121,000 solicitudes de información, lo que significa un incremento de 5.3% frente al 2014, pero una cifra todavía menor frente a la potencia e impacto que puede representar la transparencia en la democracia.
Hoy tenemos poco más de 1 millón de solicitudes de información a nivel federal en la historia, a punto de cumplir tres lustros de transparencia. Ojalá que pronto tengamos esa cifra como registro mínimo anual y que se relacione cada vez más con las rutinas de evaluación ciudadana para definir su voto, para detonar alternancia o para respaldar a los buenos gobiernos y representantes.