Lectura 4:00 min
Subsidios y depredación en el mar
En un país como México, estupefacto ante la necrosis del Estado de Derecho, y paralizado por una democracia inefectiva, tal vez sea necedad hablar de la depredación de los mares causada por subsidios gubernamentales. Corramos el riesgo.
La FAO estima en su último informe ( FAO. 2011. State of the Worlds Fisheries and Aquaculture ) que casi la tercera parte de las pesquerías en el planeta se ha derrumbado y agotado por sobreexplotación, y que más de la mitad se encuentran explotadas al máximo y ante un umbral inmediato de debacle.
Esto se debe, en buena medida, a los subsidios a la pesca otorgados por los gobiernos. Más todavía, investigaciones recientes proyectan que hacia la mitad del siglo la totalidad de las pesquerías comerciales del mundo se habrán colapsado (Worm, Boris, et al. 2006. Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. Science, 3 November 2006). En México, se puede apreciar de acuerdo con datos oficiales en la Carta Nacional Pesquera, que la mitad de las pesquerías se encuentran al límite y más de la tercera parte en franco agotamiento en extensas regiones marinas (tiburón, cazón, sierra, róbalo, guachinango, mero, caracol y camarón blanco y rosado). Además de la situación casi generalizada de tragedia de los recursos comunes que prevalece en el mar, los subsidios sellan cínicamente el exterminio de especies y ecosistemas, en el contexto de un exceso de embarcaciones y pescadores, y uso de tecnologías de localización y artes de pesca inmisericordes. Es una falla estrepitosa del Estado para regular el uso sostenible del patrimonio público. Se estima que el monto total de subsidios a los combustibles pesqueros en el mundo puede oscilar entre 4,000 y 8,000 millones de dólares anuales.
Los subsidios a los combustibles pesqueros reducen el costo de operación de las embarcaciones y aumentan su rentabilidad a corto plazo. De manera directa e indirecta, esto contribuye a un exceso de capacidad y de esfuerzo pesquero, por tanto a la sobrexplotación, además, por supuesto, a un deterioro profundo en los ecosistemas marinos por el colapso de poblaciones, destrucción de cadenas tróficas y de hábitat por artes de pesca de gran impacto ecológico, como es el caso de las redes de arrastre.
De hecho, se estima que los métodos de arrastre dejarían de ser rentables sin subsidios al diesel, ya que se trata de una tecnología intensiva en el consumo de energía por la resistencia mecánica del lecho marino y el peso de la columna de agua a grandes profundidades. Sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero son cuantiosas, además de que compite deslealmente con métodos pasivos de pesca energéticamente más eficientes y que dependen más del trabajo humano directo.
La pesca de arrastre deja una vasta estela de fondos marinos arrasados; mata de manera incidental más de 80% de los organismos capturados, que son arrojados por la borda, mutilados o sin vida al mar. La pesca con redes de arrastre, valga la metáfora, es equivalente a intentar cazar un venado destruyendo hectáreas de bosque con un bulldozer. En México existen y operan más de 1,000 embarcaciones de arrastre, en buena medida, gracias a los subsidios a los combustibles marinos, que en el 2010 ascendieron a 762 millones de pesos. Con ello se cultiva en el mar un desfachatado rentismo de clientelas políticas (en tierra, esto se hace con el Procampo y el Progan). Es notable el contraste con el presupuesto destinado por la Sagarpa (Conapesca) al retiro de barcos de arrastre camaronero: sólo 120 millones de pesos en ese mismo año.
Además de distorsionar decisiones económicas, los subsidios inhiben esfuerzos en favor de la conservación de ecosistemas marinos y obstaculizan las negociaciones en materia de comercio internacional.
Los presupuestos que actualmente se otorgan en México para subsidiar combustibles, reorientados a la conservación, serían suficientes para asegurar la sustentabilidad de las actividades pesqueras a largo plazo y la biodiversidad en los ambientes marinos, especialmente, por medio de áreas naturales protegidas, sistemas eficaces de regulación e información, vigilancia eficaz y retiro a gran escala de embarcaciones de arrastre. Pero esto ahora no es una prioridad y de hecho parece estar fuera del campo visual del gobierno.