“Salus populi suprema lex est”: Dictadura Sanitaria

“La medicina es una ciencia, hacer de ella una práctica es un arte”. Anónimo.

Con los resultados definitivos de las “Estadísticas de defunciones registradas 2021” en México publicados por el INEGI, de los registros administrativos dicen que ocurrieron 1.122,249 defunciones, habiendo fallecido los hombres el 57.6% y 42.3% las mujeres. Por enfermedades y problemas relacionados con la salud fue el 92.5% y por homicidos, accidentes y suicidos el 7.5%. De manera sucinta en el encabezado de comunicación del INEGI deslizan: las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron COVID-19, enfermedades del corazón y diabetes mellitus. Y en los hombres, los homicidios representaron la sexta causa de muerte.

El Consejo de Salubridad General (CSG), organismo que el Constituyente Permanente de 1917 le otorgó una estructura singular en la misma Constitución ordenando que dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Además, que en caso de epidemias de carácter grave (COVID-19) o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. Y por último, que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

El 23 de marzo del 2020, con base en esas atribuciones constitucionales, el CSG reconoció en México la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, como una “enfermedad grave de atención prioritaria” y con ello, estimados lectores, la imposición en la práctica de 954 días de “Tiranía Sanitaria” por “Nuestro Bien”.

El CSG le dio un cheque en blanco a la Secretaría de Salud para que estableciera las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS- CoV2, COVID-19, y en “consenso” (sic) con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.

También el CSG exhortó a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garantizara la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización. Por último, la “Iluminada Institución”, el CSG, nos informó que se constituía en “sesión permanente hasta que se disponga lo contrario”.

Al día de hoy estimados lectores, “día de Muertos”, el CSG continúa en “Sesión Permanente” y por tanto la población bajo las medidas de la “Dictadura Sanitaria” manejadas con negligencia criminal por el presidente López Obrador, el Dr. Jorge Alcocer Varela, el Dr. Hugo López-Gatell y demás funcionarios responsables de los evitables cientos de miles de fallecimientos causados por el manejo negligente de la “enfermedad grave de atención prioritaria” denominada por la Organización Mundial de la Salud como “Pandemia”.

En el espíritu del diario de los debates del Constituyente que le otorgó al CSG se percibía una Salud Pública con un aura moral positiva. Sin embargo, como hoy se percibe nítidamente, al ser el primer lugar de mortalidad en el mundo por COVID-19, el ejercicio de la salud pública provoca daños, algunos de ellos evitables. De aquí que los profesionales como el secretario Alcocer ausente, el Dr. López-Gatell, colaboradores, intervenciones, programas e instituciones (Birmex, Cofepris, etc.) deben ser objeto de juicios morales, además de científicos, y cierto estoy, juicios legales, ante los miles de niños y niñas huérfanos, viudas y viudos y familias enlutadas.

El ”Imperdonable” que por su arrogancia causó la muerte prematura y caos económicos sin precedentes, no dudó en recurrir a la legitimación de los clásicos como Cicerón, para quien “Salud populi suprema lex est”. López-Gatell, quién desde siempre ha ejercido la práctica de la salud pública en la administración pública, particularmente sanitaria, y en el ámbito académico, no respetó las normas deontológicas cuyo propósito es, entre otros, el pincipio básico “Primum non nocere”, esto es, garantizar que no perjudicarán ni estafarán a la ciudadanía.

El imperdonable esgrimió la preeminencia absoluta de la salud en abstracto frente a otros valores e intereses ideológicos, como ha ocurrido durante buena parte de la pandemia. Ignoró y relegó, sin el “consenso”, a los demás componentes del Sistema Nacional de Salud. Culpó, relegó e ignoró a los determinantes sociales y las comorbilidades de los mexicanos como la raíz de sus muertes que eran evitables. Evidencia clara además, fue que pospuso la exigencia de equidad que requieren las intervenciones que pretenden mantener y mejorar la salud comunitaria, como por ejemplo, la vacunación de las personas que integraban el sector privado y social de la salud, así como vacunar a regañadientes y a ordenamientos judiciales a nuestros menores.

Los invito a tener una implicación activa, a empoderarnos como sociedad, a exigir que instancias internacionales ajenas evalúen el daño causado por la dictadura sanitaria y sus actores. A poner en la mesa la discusión ética de las acciones realizadas. Poner en el poder judicial las denuncias legales que hagan justicia a los cientos de miles de víctimas fatales por la negligencia cuasi criminal a quienes, como el innombrable, desde el púlpito gubernamental quieren seguir adoctrinando en lugar de informando; manipulando en lugar de proponiendo; seduciendo en lugar de animando y, alienando en lugar de emancipando a la sociedad.

Es hora que el CSG deje de estar en “Sesión Permamente”, porque nunca lo ha estado, ni siquiera aparece en sus agendas de las escasas sesiones que ha tenido. Es hora de quitar la “dictadura sanitaria”.

*Éctor Jaime Ramírez Barba es médico cirujano, especializado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXV Legislatura.