Revocación de Mandato, los 16 millones de votos que no se pueden minimizar

Las opiniones políticas se polarizaron las últimas semanas entorno a la Revocación de Mandato; el tema se ha analizado en las calles, el Congreso, las instituciones electorales y hasta en la Suprema Corte, y por fin el 10 de abril la gente tuvo la opción de salir a la calle a emitir su voto.

La naturaleza de la Revocación de Mandato consiste en darle la oportunidad a la ciudadanía de retirar del cargo al gobernante que es sometido a esta evaluación, en este caso, al Presidente de la República. La Constitución establece que para poder remover al titular del Poder Ejecutivo Federal deberá votar al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores y sólo procederá por mayoría absoluta.

Generalmente se esperaría que la oposición promoviera la organización y participación en un proceso de Revocación de Mandato, pero en México no sucede así porque el Presidente mantiene altos niveles de aprobación. En este caso, la alta popularidad presidencial incentiva que quienes apoyan al Presidente sean quienes utilicen esta figura constitucional y no lo haga la oposición.

Por parte de la oposición es razonable que decidieran no participar. No esperaríamos que la oposición valide un ejercicio en el que era obvio que obtendrían un menor número de votos. Es más, también es razonable que la oposición exigiera que la votación de revocación de mandato se llevara a cabo en fecha distinta a los procesos electorales, particularmente separándolo de las elecciones intermedias en 2021. Sin embargo, también hay que reconocer la incongruencia de que sea la misma oposición quien ahora criticara este ejercicio como innecesario.

Del lado del gobierno y de la coalición de partidos que lo respaldan, surgen interesantes debates sobre nuestra legislación electoral. Nuestro marco legal electoral se ha construido a partir del fraude y la desconfianza, las reformas se hacen después de múltiples debates y conflictos de los que se supone que queremos aprender la lección, y esto ha limitado la actuación y expresión particularmente de los funcionarios públicos. Me parece razonable que muchos funcionarios desearan expresar su opinión y difundir el proceso del 10 de abril —en principio todos deberíamos tener esos derechos—, pero al final, la burra no era arisca y así se construyó nuestra democracia, y espero algún día contemos con las leyes y mecanismos que nos permitan recuperar la confianza y libertades, mientras seguimos fortaleciendo nuestra democracia.

Este domingo participaron 2 de cada 10 electores, pero aquí el contexto importa: se instalaron sólo un tercio de las casillas de las que normalmente se utilizan en los procesos electorales federales (principalmente por limitaciones presupuestales), se lleva a cabo en una fecha de inicio de vacaciones, no existe competencia alguna, la oposición se negó a participar, y es la primera ocasión en la que se organiza una votación de esta naturaleza. 

Aún así, votaron más de 16 millones de personas. Este dato no es menor: Ernesto Zedillo obtuvo poco más de 17 millones de votos, Vicente Fox casi 16 millones y Felipe Calderón 15 millones. Podemos también contrastar los 16 millones de votos de ayer con los resultados electorales de 2018 (campaña, recursos y movilización de por medio): Ricardo Anaya obtuvo 12.6 millones de votos y José Antonio Meade alcanzó 9.2 millones.

Para la Ciudad de México los resultados también llaman la atención. Mientras algunos critican la participación de 1.35 millones de capitalinos, en el 2018 la oposición apenas alcanzó 1.2 millones para Anaya y 0.65 millones por Meade. Cabe mencionar que aquí sólo comparamos la participación y no el resultado, ya que 9 de cada 10 personas que votaron decidieron refrendar su apoyo a López Obrador.

El proceso de revocación de mandato seguirá provocando numerosos debates, pero es una realidad que el Presidente goza de un importante apoyo popular y de una relevante capacidad de sus simpatizantes para demostrar su respaldo.