Proyectos fallidos, crisis del régimen

El nuevo régimen no ofrece una visión coherente para México a largo plazo a partir de conceptos y elementos programáticos articulados en lo económico, social y ambiental. No obstante, en lo político, sí denota una obvia voluntad de hegemonía más allá de sus límites sexenales constitucionales. Las ideas no son lo suyo; lo es su fuerza motivacional para la consolidación de un nuevo poder absoluto en México. Es muy fácil identificar los pilares del nuevo régimen. El primero es una presunta honestidad gubernativa que permitirá abatir la inseguridad y resolver, al parecer, todos los grandes problemas nacionales con el solo conjuro de “acabar con la corrupción”. Es la simplificación típica, reducción emocional, y negación de la complejidad (como instrumento argumental deliberado, o por ignorancia) en la que se sustentan los regímenes populistas. Será difícil que se logre dado el desmantelamiento de la administración pública en curso (e incompetencia palmaria), que la dejarán virtualmente incapacitada para asumir desafíos más o menos relevantes. El segundo es la construcción de una colosal red de clientelismo político a partir de caudalosos programas de subsidios (jóvenes, viejos, estudiantes, agricultores, ganaderos, madres, etcétera) financiados con los recursos liberados por el desmantelamiento de la administración pública con una coartada de “austeridad”. Se trata de asegurar lealtades e incondicionalidad en una alta proporción de la población total (cerca de 30 millones de personas) capaz de asegurar victorias electorales para el partido en el poder.

El tercer pilar es un conjunto de proyectos de infraestructura producto de la ocurrencia iluminada desde el poder absoluto, sin ninguna base lógica, sin estudios de mercado o de factibilidad, planteados a contrapelo de la razón técnica, económica y ambiental, y en contra de la opinión de las personas e instituciones expertas. El poder absoluto requiere significarse con símbolos físicos rotundos y de ruptura con el pasado —aunque sean inútiles— y de un sentido de trascendencia material, aunque contravenga a la inteligencia pública y a las realidades y retos del siglo XXI. (Igual que Trump y su muro fronterizo). En la 4T, son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Santa Lucía. Ninguno de los tres será factible. Ninguno de los tres surge de necesidades identificables y de estudios de prefactibilidad, sino de la fuerza bruta del poder absoluto. Peor, Santa Lucía proviene de la mayor destrucción y daño patrimonial deliberado a la nación en la historia por la absurda cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Según se vislumbra con los elementos disponibles, ninguno de estos proyectos será rentable. Ninguno atraerá inversión o capital de riesgo privados. Su conceptualización y localización es producto del capricho. Los tres generarán sobrecostos astronómicos. Servirán para apaciguar a grandes empresas contratistas, y garantizar docilidad y sumisión al régimen (también del Ejército, en el caso de Santa Lucía). De emprenderse, ninguno de los tres podría ser finalizado antes del 2024. Generarán en distinta medida impactos ambientales masivos. Los tres requerirán de cuantiosos recursos del erario, que, junto con los subsidios clientelares, acabarán por desfondar las finanzas públicas. Será necesario abortarlos, abandonarlos, o incurrir en déficit fiscal y mayor deuda soberana. El régimen tendrá entonces el dilema de sostener la construcción de estos proyectos, o de mantener los subsidios con fines político–electorales, ante una administración pública exangüe que no toleraría más recortes. Preferirá los subsidios, de mayor rentabilidad clientelar. Los proyectos quedarán como elefantes blancos, monumentos físicos o anecdóticos y documentales a la sinrazón.

En este escenario, si en paralelo se instala una atonía económica producto de la desconfianza e incluso del temor que ya se resiente, siguen aumentando el desempleo y la informalidad como ya lo hacen, y sin resultados claros en materia de seguridad (por la ausencia, como hasta ahora, de una política integral en la materia), los proyectos fallidos podrían ser capaces de detonar la crisis del régimen populista. Todo esto sería evidente ya para el 2021.