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Niega la Corte amparo a Telcel
Marco A. Mares
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Guillermo Ortiz Mayagoitia, negó el amparo a Telcel, de Daniel Hajj, en contra de la Ley Federal de Derechos del 2003.
Con ello, el gobierno federal obtendrá una cantidad multimillonaria -como originalmente estaba previsto- por la explotación de los 10 megahertz, en la banda 1900, que le concesionó en el 2005 a Telcel.
Es decir, la Corte evitó que Telcel se quedara, por un precio de 55 millones de pesos -que pagó como primera parte de la contraprestación- con los 10 megahertz que obtuvo en la licitación de la banda 1900, realizada en el 2005.
Para tener una referencia, habría que recordar que Telcel le pagó a Unefon, en el año 2004, cerca de 300 millones de dólares por 9.0 megahertz.
En virtud de la resolución de la Corte, además de los 55 millones de pesos que pagó originalmente Telcel, tendrá que seguir pagando los derechos previstos por la ley, en pagos anuales.
Ésta es la segunda parte de la contraprestación a que Telcel se obligó a pagar desde el principio; son derechos determinados en función de las cuotas establecidas en el artículo 244-B de la Ley Federal de Derechos.
No quiere decir que Telcel no hubiera venido pagando lo que la ley prevé. De hecho, Telcel hoy no acumula adeudo alguno con el gobierno mexicano por el pago de esta concesión.
Sin embargo, si la Corte le hubiera dado la razón -a la operadora de telefonía móvil- respecto de la impugnación por presunta inconstitucionalidad de los artículos 239, 244-B, y décimo transitorio, fracción XVII, del decreto de reformas a la Ley Federal de Derechos, vigente en el 2005, el gobierno mexicano le habría tenido que devolver lo que hasta ahora ha pagado Telcel por derechos.
Telcel, tal y como lo hace su competidora, Telefónica-Movistar, de Francisco Gil Díaz, tendrá que pagar derechos de manera multianual por la explotación de la banda 1900.
Con tal resolución, indirectamente, la Suprema Corte eliminó un obstáculo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Juan Molinar Horcasitas, realice la licitación de frecuencias de espectro radioeléctrico, al establecer jurisprudencia para el pago de las concesiones.
Si la Corte hubiera declarado inconstitucional los artículos impugnados por Telcel, la licitación anunciada por la SCT simple y sencillamente no hubiera podido realizarse.
La resolución de la Corte sin duda es un triunfo legal para el gobierno federal que impugnó el amparo de Telcel desde la Secretaría de Hacienda, que encabeza Agustín Carstens.
Específicamente, fue el Subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade, el que -junto con el subprocurador de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Óscar Molina- encabezó el equipo para convencer a los 11 ministros de la Corte, de su argumentación.
Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comandaron el equipo quienes fueran subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, y el director de Asuntos Jurídicos, Gonzalo Martínez Pous, actualmente comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Para el equipo de Telcel, encabezado por Daniel Hajj y en la parte jurídica por Alejandro Cantú, en realidad no es una derrota muy significativa, pues esa empresa venía pagando puntualmente el pago de los derechos. En consecuencia no acumuló adeudo alguno.
Sin embargo, para Telcel el problema de la Ley de Derechos es que deja al concesionario en condición de inseguridad jurídica en el sentido de que año con año se modifica.
De hecho, recuerdan que Telcel interpuso el recurso de amparo para evitar que sus competidores -que previamente se habían amparado- quedaran exentos de un pago que ellos sí hubieran tenido que realizar.
Al final de la historia y paradójicamente, Telcel observa precisamente el escenario que quiso evitar: el de la asimetría.
Y es que Iusacell, de Ricardo Salinas Pliego, obtuvo en segunda instancia el amparo y no pagará derechos, y en cambio Telefónica, de Francisco Gil Díaz, también en segunda instancia, perdió el amparo y sí tiene que pagar derechos.
Para las autoridades gubernamentales en realidad se ganó un esquema justo de entrada al mercado con la resolución de la Corte.
Con ella se despejó el camino para la inminente licitación de espectro radioeléctrico.
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