Morelos, otra vez Morelos

En febrero de 1998, fueron detenidos el excoordinador del Grupo Antisecuestros de la Judicial de Morelos, Armando Martínez Salgado, los comandantes Jacinto Armendáriz Rosas, Pedro Rafael Reybal Martínez, José Luis Estrada Aguilar y Oscar Ignacio Portugal Popoca, y el agente Fidel Pascual Espinoza López, justo en el momento en el que pretendían deshacerse del cadáver de Jorge Nava Avilés.

Este último había sido detenido, torturado y finalmente asesinado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Morelos.

Días después, el 19 de febrero de ese año, la Procuraduría General de la República informó que el propio procurador estatal, Carlos Peredo Merlo, fue quien dio la orden a Martínez Salgado y Estrada Aguilar para deshacerse del cadáver del presunto delincuente.

La detención de estos policías detonó el primer escándalo de gran magnitud en el que se vio involucrado el gobierno de Morelos y que terminó, meses después, con la caída del entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea.

Lamentablemente, en las tres últimas administraciones, los funcionarios encargados de la administración de la justicia en el estado han caído por sus vínculos con las bandas de narcotraficantes que operan a ojos vista en el estado.

En el ya lejano 1998, junto con el procurador Peredo Merlo, se arraigó y posteriormente se destituyó al exsubprocurador Rafael Borrego Díaz y el exdirector de la Policía Judicial del Estado, el mítico Jesús Miyazawa Álvarez.

Años más tarde, el 7 de abril del 2004, ya con Sergio Estrada Cajigal como Gobernador -el primer panista en el cargo-, fue detenido José Agustín Montiel López, coordinador general de la Policía Ministerial -antes Judicial- de Morelos, por formar parte de una banda que daba protección a los narcotraficantes Juan José Esparragoza Moreno El Azul y a Vicente Carrillo Leyva.

Junto con Montiel fue detenido también Raúl Cortez Galindo, coordinador operativo de la misma corporación.

Montiel y Cortez formaban una célula que recibía cocaína procedente de Colombia en el aeropuerto de Cuernavaca; desembarcada la droga, se trasladaba al municipio de Los Reyes la Paz, en el Estado de México, a bordo de patrullas de la policía morelense.

Lo interesante del caso es que estos sujetos vincularon sentimentalmente a Estrada Cajigal con una hija de El Azul, lo que explicaría la operación de estos grupos con la complacencia del gobierno estatal.

Sin embargo, el 13 de abril del 2004 el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, deslindó totalmente al gobernador Estrada Cajigal de las acusaciones de estos sujetos.

Incluso, el propio gobernador se había entrevistado con el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para ponerse a su disposición’’ en el caso de que fuera requerido; no lo fue y Estrada, hoy militante priísta, salió librado del entuerto.

El turno corresponde hoy al gobernador Marco Antonio Adame Castillo.

La semana pasada, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva detuvieron a 40 policías municipales de Yautepec, acusados de brindar protección a narcomenudistas de la zona.

También fue detenido el Coordinador de Seguridad Pública municipal; sin embargo, dos días después todos los policías y su Coordinador fueron dejados en libertad por falta de pruebas".

Ello, sin embargo, desató una ola de protestas y una lluvia de sospechas sobre los mandos superiores de la policía ministerial y estatal, que obligó a la renuncia del secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Ángel Cabeza de Vaca; de Francisco Sánchez González, exsecretario de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Metropolitano de Cuernavaca, y del procurador del estado, Francisco Coronato Rodríguez.

Los dos primeros, junto con el policía ministerial, Salvador Pintado Vázquez, y la ciudadana María del Carmen Ríos Mendoza fueron arraigados por 40 días en tanto se profundiza la investigación.

El exprocurador Coronato Rodríguez, tramitaba ayer un amparo para no ser detenido ni arraigado.

Todo este recuento viene al caso porque pareciera que Morelos ya fue declarado territorio del crimen organizado, cuyas actividades no podrían prosperar sin la complacencia y complicidad de altos funcionarios de los gobiernos estatal y municipal.

Desde Carrillo Olea, que tenía como vecino al Señor de los Cielos sin que aparentemente se diera cuenta, hasta Estrada Cajigal y su helicóptero del amor’’, el estado ha sido escenario de secuestros espectaculares o de disputas entre bandas rivales por ganar el territorio.

Lamentablemente para los morelenses, la administración de Castillo Adame no ha sido ajena a esta lacra.

Ayer la oposición, encabezada por el PRI y el PRD, solicitó la renuncia del Gobernador, como lo hizo en su momento Adame Castillo en su carácter de Presidente del Congreso de Morelos en el caso de Carrillo Olea.

Las investigaciones, en manos de la PGR que por cierto ayer alabó el comportamiento del gobernador, determinarán una primera radiografía de lo que el crimen organizado ha hecho en ese estado.

Qué pena.

atrejo@eleconomista.com.mx