Las obligaciones de Ley

Cuando un compromiso se hace público, tiene un propósito. Se trata de que quién lo adquiere, no sólo lo asume como en un contrato, frente a otra persona, sino frente a la sociedad en su totalidad. Esa es la finalidad del artículo 87 de la Constitución que obliga a lo siguiente: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."

No es una fórmula, no es una frase vacía o un deseo al aire. Es un compromiso. Y lo es, porque las leyes que están plasmadas en la Constitución, son los acuerdos que el pueblo de México ha acordado como las guías para que la vida pública y privada, del país sea normada. Para que no venga nadie, aunque tenga muy buenas intenciones a dictar lo que debe o no debe hacerse según su criterio, del momento, la coyuntura o de su decisión personal consultada con su “letrada” esposa.

El principal objetivo es que exista alguien, que desde el Poder Ejecutivo, pueda impulsar y tratar de concretar lo que la ley dice en beneficio de todos. Que mueva el engranaje complejo y paquidérmico del Estado, para que la ley se cumpla.

Si uno no es experto en materia legal, como no lo es el Presidente de nuestro país, uno se asesora, sobre todo, si el trabajo para el que uno fue electo requiere de seguir ciertos lineamientos que están escritos en la Constitución o en sus leyes. 

En las últimas semanas, al Presidente se le han metido dos ideas lamentables en la cabeza. Una que tiene que ver con quién sostuvo, ayudó o financió a lo que el llama la intelectualidad orgánica. Termino francamente improcedente, pues lo que antes se llamaba la intelectualidad orgánica no existe en México desde hace décadas. Y, a través de uno de sus voceros más señeros, decirnos que si no nos gusta lo que está pasando, que nos vayamos del país. La visión ideológica del Presidente como apropiación de una Nación que es de todos y en la que todos tenemos derechos, entre otros a decir que no estamos de acuerdo. La guerra contra Nexos y contra Letras Libres, es por ello, un despropósito y una aberración.

La segunda es someter a consulta pública si los presidentes de México, los cinco anteriores a él, deben o no ser enjuiciados. La propuesta es grotesca. Lo es por dos razones. El ejercicio de la legalidad no está sometido a consulta, se ejerce o no se ejerce. La segunda, es que no hay consulta posible frente a la defensa o cuestionamiento de derechos humanos y la Constitución es muy clara al respecto (articulo 16). Nadie puede ser molestado en su persona o sus bienes si no es a través de un procedimiento estipulado en Ley y que siga el debido proceso (cito de memoria).

Lo que esto significa es que no se le consulta a la ciudadanía quien o porque razón han de ser juzgados presidentes o delincuentes comunes. Se les persigue, se les acusa y un juez decide. Lo que hace de todo el asunto una patraña y un engaño. Como ha dicho Javier Sicilia en otro texto. A la 4T no le importan los medios, le importan los fines. Y por ello, mandar a la legalidad a dormir el sueño de los justos les parece justificable; porque de lo que se trata es de crear un clima de linchamiento y de juicio en el ámbito público, no en el de los tribunales. AMLO está dispuesto a impulsar un juicio después de consultar, no con motivo de cumplir su juramento y compromiso, expresado en la Constitución.

Mal han salido los países qué confiando en la buena voluntad de sus gobernantes, abandonan el acuerdo colectivo y la ley, acaban expulsando a los traidores de la tierra prometida o creando campos de concentración. En otras, sencillamente los levantan y los mandan matar.