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La conservadora Ley de Seguridad Nacional en tiempos de la 4T
Culiacán fue un corto circuito. Expuso una crisis del diseño legislativo de la seguridad, no necesariamente de un diseño estratégico u operativo. Se busca implantar un nuevo paradigma de seguridad, que involucra demostrar que el Estado ya no está en el centro, sino ahora lo está la seguridad del ciudadano, pero las decisiones tomadas por el Gabinete de Seguridad en los momentos más álgidos de la situación en Culiacán, y respaldadas por el presidente, no hallan proyección en la restringida visión de la Ley de Seguridad Nacional vigente.
Los derechos humanos no tienen lugar congruente en esta ley, principalmente el derecho a la vida, el más prioritario a proteger por el Estado mexicano. Por el contrario, define a la seguridad nacional como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, una definición jurídica incompleta e incierta, sin unidad de doctrina o planeación estratégica. Ni siquiera sirvió para definir los límites entre los tres niveles de seguridad, para aclarar cuándo un problema de seguridad pública puede volverse en uno de seguridad interior, o escalar a uno de seguridad nacional, como aconteció recientemente en Culiacán. La ley de Seguridad Nacional ha caducado.
Escrita en el 2004 durante el gobierno de Vicente Fox, su redacción corrió a cargo del entonces Cisen, sin el consenso o participación de las instancias del Consejo de Seguridad Nacional. Se giró a la Consejería Jurídica de Presidencia, y después al Poder Legislativo para su aprobación en el 2005.
Hoy, casi 15 años después, la ley es anacrónica, pues sigue incólume de cambios sustanciales y ampara el paradigma estatocéntrico y conservador que respondía a las necesidades del gobierno en ese momento.
Además, la ley no esclarece la inmensa responsabilidad del Poder Judicial, para que otorgue celeridad a las órdenes judiciales de cateo o de aprehensión cuando fueran requeridas en asuntos de seguridad nacional, tal como se necesitó recientemente en Culiacán y que imposibilitó la aprehensión definitiva del principal narcotraficante de fentanilo en México.
Después de Culiacán, se necesita pasar a revisión la ley vigente, y en su caso, redactar una ley de seguridad de los Estados Unidos Mexicanos, con cuatro capítulos: seguridad nacional, seguridad interior y pública, inteligencia para la seguridad nacional y defensa exterior, redactada ahora con todas las instancias que integran el Gabinete de Seguridad, basada en un paradigma que promueva la paz, pero también el ejercicio congruente del Estado para hacer frente a los riesgos y amenazas que atentan contra la sociedad.
Una nueva Ley de Seguridad Nacional daría mayor certidumbre jurídica a las decisiones del Gabinete de Seguridad, un petit comité dentro del Consejo de Seguridad Nacional, conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (encargada de la Guardia Nacional), la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, quienes actuaron en el operativo en Culiacán con apego a los principios de proporcionalidad, precaución y prioridad humanitaria del derecho internacional humanitario, puesto que la Ley de Seguridad Nacional no ampara explícitamente la decisión de usar medios pacíficos en un conflicto inusitado desarrollado en un teatro de operaciones complejo, como lo es detener un operativo para garantizar la seguridad ciudadana, es decir, priorizar la vida de los civiles sobre el éxito de la operación militar.
De no renovarse la Ley de Seguridad Nacional, se seguirá operando una estrategia de seguridad de alto voltaje, montada en una ley con fusibles del viejo régimen.
*La autora es especialista en seguridad nacional.