La TV pública del presidente Calderón

La semana pasada el presidente Calderón encabezó un acto para dar a conocer la ampliación de la red TV México de retransmisoras de la televisión pública nacional, del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).

Algunos han cuestionado la falta de transparencia del gobierno federal para mostrar a la ciudadanía la forma en que se ha venido estructurando este nuevo modelo de medio público, creado por el Ejecutivo federal apenas en el 2010, y evidentemente respecto de la cantidad de recursos públicos que se han destinado a la fecha a este proyecto.

Resulta imposible poder establecer si los recursos públicos se están utilizando conforme a lo programado o si existen desviaciones en el cumplimiento de las metas. Por ello, sin información pública disponible no es posible valorar la puesta en operación de ocho retransmisoras en Monterrey, Mérida, Oaxaca, Celaya, León, Tampico, Hermosillo y Tapachula, tal como lo destacó el Presidente.

Sin embargo, gracias a información provista por el propio titular del OPMA a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, que honrosamente presido, resulta evidente que existe un retraso en los planes de expansión del OPMA. En octubre del 2011, informó a la Cámara de Diputados que al cierre de ese año estarían ya en operación las retransmisoras que a pesar de su retraso se festejaron la semana pasada, así como las de Puebla, Distrito Federal, Querétaro y Toluca. Ahora sabemos que ello no ocurrió.

De hecho, de acuerdo con la información que el OPMA proporcionó, con las retransmisoras que entraron apenas en operación, más otras cuatro que empezaron en el 2011, el Canal OnceTV apenas estaría alcanzando una cobertura de 57%, muy por debajo de 70% que alguien le hizo decir al presidente Calderón.

Llama la atención que se omita mencionar que mientras la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para ser ejercido por el OPMA en el 2011 por 26.4 millones de pesos, conforme a la propuesta remitida por el propio Ejecutivo, al cierre del 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado una ampliación de 306.8 millones de pesos para ese mismo ejercicio. Conociendo esas ampliaciones, el OPMA solicitaba directamente a la Cámara de Diputados para el 2012 una ampliación de 679 millones de pesos para otras 11 estaciones.

Aparte de esa danza de cifras, llama la atención que el propio presidente Calderón hubiere indicado: Con la entrada en operación de estas retransmisoras, el Canal 30, del Organismo Operador, tendrá una cobertura de más de 50% del territorio, a través de una señal análoga. Esto es de la mayor importancia, porque significa que la señal puede ser vista en cualquier televisor, sin necesidad de decodificadores y de manera totalmente gratuita .

Tal pronunciamiento es inconsistente con la política de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Llama la atención que sea el propio gobierno federal el que esté abriendo la transmisión de señales analógicas en determinadas zonas, cuando el objetivo es incentivar la de señales digitales y no analógicas.

Bajo este contexto de incoherencia entre la política de medios públicos y la política de transición a la TDT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) retomará en fechas próximas la discusión sobre la segunda, buscando establecer un calendario de apagón de la señal analógica en forma escalonada entre el 2012 y el 2015 para todas las concesiones y permisos de canales de televisión.

Ello ocurre nuevamente en un contexto en el que todos sabemos que la penetración de receptores digitales es reducido aún, que la mayoría de los medios públicos no cuentan con los recursos para desplegar su infraestructura de transmisión digital y, por tanto, que se requerirán importantes montos de recursos públicos para planear adecuadamente la transición. Nuevamente, el Ejecutivo avienta sus planes primero, sin acercarse al Legislativo para determinar con la debida anticipación los proyectos que requerirán recursos públicos y el monto de éstos, que evidentemente deberían ser aprobados por la Cámara de Diputados.

Esta ausencia de planteamientos formales es lo que dio lugar al candado impuesto en el PEF2012. Por tal razón, llama la atención la expresión del Presidente desgraciadamente, para ello, se nos ha impuesto una prohibición por parte del Congreso en tiempo electoral. Habrá alguna razón de ello . Ojalá alguien informe al Presidente que nadie del Ejecutivo ha planteado a la Cámara de Diputados una solicitud expresa de recursos para hacer frente al apagón analógico, por tanto, no ha lugar al extrañamiento del Presidente.

*El autor es Diputado federal. Presidente de la Comisión de RTC y Secretario de la Comisión de Comunicaciones.