Intereses en conflicto

El drama de los moches enfila a su capítulo final? El priísta Luis Fernando Gutiérrez Márquez había cumplido 10 meses al frente del gobierno de Guanajuato capital, cuando el cabildo decidió donar un predio de 733 metros cuadrados ubicado en la calle de Molinos del Viento, en el fraccionamiento Las Teresas, a la fundación De Corazón por Guanajuato.

El Centro Cultural y Educativo Mariel allí tendría su sede, que a más tardar en junio del 2015 debería abrir sus puertas, de acuerdo con el bando del ayuntamiento guanajuatense.

Aún no empezaba la edificación de este mini CRIT cuando la presidenta del patronato de esa ONG, Alma Lilia de la Rosa Escamilla, había recibido 7 millones de pesos del Conaculta bajo el rubro de actividades culturales .

De Corazón por Guanajuato nació el 23 de abril del 2010 según la escritura pública 6376 de la Notaría Pública 60 de Irapuato con el objetivo de promover la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad de escasos recursos en los 43 municipios de aquella entidad, gobernada por el PAN desde hace 20 años.

De la Rosa Escamilla estaba felizmente casada con el entonces senador Luis Alberto Villarreal García, ex alcalde de San Miguel de Allende y a quien había conocido en El Benavente, la universidad lasallista cuyo campus se ubica en Celaya.

De sus afanes altruistas, ahora al descubierto, surgen dudas debido a la supuesta red de tráfico de influencias que habría tejido desde la Cámara de Diputados para exigir mochadas a alcaldes, a cambio de ser incorporados a partidas presupuestales.

En pos de la gubernatura de Guanajuato en el 2018, el legislador habría tenido en la fundación de su ex esposa una envidiable plataforma de gestión de recursos y dotación de obras sociales, tareas que practica desde hace 15 años, cuando fungía como representante legal de instituciones de beneficencia privadas, como Casa de Niños y Feed the Hungry, entre otras.

Para los Villarreal García su hermano Ricardo también es diputado federal por el distrito II de Guanajuato gestionar financiamiento para ONG y alcaldes necesitados es un asunto familiar. Lo mismo para otros políticos, de otras formaciones partidistas, pero han tenido la mala fortuna de que la opinión pública ahora ponga la mirada en este fenómeno y que circulen reportes oficiales que materializan la dimensión del conflicto de interés en la función pública. En el sector educativo está la evidencia más contundente: ocho de cada 10 mandos medios y superiores de los institutos y secretarías de ese ramo, a nivel estatal, son ex dirigentes o militan en el SNTE, según informes de la Auditoría Superior de la Federación entregados a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Y en el sector energético brota un caso escandaloso, a raíz de la denuncia presentada por los senadores perredistas contra el titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, por un aparente conflicto de interés, ya que es el principal distribuidor de gasolinas y combustibles para uso terrestre y marítimo en la Isla de Cozumel, Quintana Roo.

Conforme a la Ley de Responsabilidades, esto le impedía asumir ese cargo en orden a manejar la energía en todo el país , resumió el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada perredista en la Cámara Alta, quien emplazó a la Secretaría de la Función Pública inhabilitar a Coldwell, además de dar vista a la PGR para incurrió en abuso de autoridad.

Incómodos ante las críticas, jueces, magistrados y altos mandos de la administración pública federal han decidido ignorar las críticas de la opinión pública. La excepción es el ex candidato presidencial del PAN y ex senador de la República, Diego Fernández de Cevallos.

La ley es la única que puede acotar, fundada y motivadamente, las actividades de los funcionarios públicos y restringirles sus derechos y garantías constitucionales para el debido cumplimiento de sus tareas , escribió en su colaboración mensual para un diario capitalino, con aplicar la ley se resolverá el problema, lo demás es hacer ruido y dejar que las desviaciones en el ejercicio del poder se sigan dando .

En efecto, los constitucionalistas lo llaman principio de legalidad. Y cualquier conflicto de interés incluso aparente o potencial debería quedar absolutamente descartado, antes de algún funcionario participe en la toma de decisiones.

Sin rodeos, El Jefe Diego fijó postura sobre estos asuntos, justo cuando circula un expediente en el que se revelan sus nexos con los magistrados del Tribunal Superior Agrario.

Odilisa Gutiérrez Mendoza, propuesta por el presidente Felipe Calderón Hinojosa al Senado de la República, contó con la recomendación que hiciera el ex candidato presidencial Fernández de Cevallos ante el consejero jurídico de Los Pinos . También contó con el respaldo de Emilio Gamboa. A ese órgano jurisdiccional busca llegar la esposa del presidente del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos.