Dispendios y campañas

En la etapa de Alejandra Sota como coordinadora de comunicación social de Los Pinos y vocera del gobierno federal, genéricamente se llamó medios complementarios a todo lo demás que no fueran spots en radio o televisión y publicidad en periódicos o revistas. Ese término fue como la pampa para las campañas oficiales.

Banners en páginas electrónicas; cine minutos en los cortos de las salas de proyección; spots en las tiendas de autoservicio; en andenes del metrobús, en puentes peatonales, en vallas móviles Hasta los logotipos de los programas asistenciales del gobierno calderonista en el mobiliario urbano, en camiones de pasajeros y cajas de tráilers, en bolsas ecológicas o envoltorios de tortillas, formaban parte de las campañas y, por ende, fueron facturados. En el presupuesto de la Federación, las partidas para sufragar las campañas y su producción, además de otros servicios publicitarios y algunos estudios demoscópicos, están contenidos bajo el rubro 36101 y las claves para registrar las campañas eran otorgadas por Luis Alejandro Echegaray Suárez, quien fungió como director de normatividad en comunicación mientras Héctor Villarreal fungió como subsecretario de Normatividad y Medios en Gobernación. En esa oficina y en Los Pinos decidieron sobre las pautas de las secretarías de Estado, las empresas paraestatales y los órganos desconcentrados; sin importar -en este último caso- que para celebrar contratos publicitarios o tramitar ampliaciones presupuestales deben contar con la autorización previa de su consejo directivo y la opinión técnica de su órgano interno de control. En las semanas recientes -a raíz de conflictos que van de lo afectivo a lo punitivo y que tienen como protagonista al ex vocero de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos Tomasini- ha comenzado a develarse el mecanismo de la maquinaria secreta que llevó al gobierno calderonista a gastar más de 7,000 millones de pesos en los rubros de comunicación social y publicidad (erogaciones correspondientes al concepto 3600 del Presupuesto de Egresos) en el 2012. Entonces, la lista de proveedores de servicios comunicacionales contratados por la dependencia que encabezaba Salomón Chertorivski Woldenberg sumaba casi tres centenas y sólo con 15% de esas personas físicas y morales estaba al día, al cierre del ejercicio. En los últimos tres años del sexenio calderonista, esa secretaría erogó 4,605 millones de pesos en la elaboración y difusión de sus campañas, la mitad de los cuales gastaron en el último tramo. De acuerdo a la respuesta de David E. Waag Gutiérrez, director del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud, en el 2012 esa dependencia ejerció un presupuesto de 2,124 millones 366,344 pesos; una erogación 97.5% mayor a la originalmente autorizada por la Secretaría de Hacienda. La legislación vigente obliga al gobierno federal a suspender la difusión de su propaganda en la veda electoral y sólo autoriza campañas ligadas con programas sanitarios, de seguridad y desarrollo social. Al iniciar el 2012, Olmos Tomasini tenía un presupuesto autorizado por 500 millones de pesos. Las ampliaciones presupuestales que permitieron el sobre ejercicio llegaron en dos entregas: las dos primeras -el primero y el 29 de octubre- sumaron 1,185 millones 723,463 pesos y las otras dos -el primero y el 22 de noviembre- alcanzaron 938 millones 409,399 pesos. Entonces, Olmos Tomasini llevaba un mes en el despacho del coordinador de comunicación social del Senado, cargo al que renunció hace 10 días.

En Salud había quedado Claudia Solís Beltrán, actual encargada de mercadotecnia y publicidad en la Lotería Nacional, quien todavía dos semanas antes de que concluyera el 2012 había solicitado una quinta ampliación presupuestal para pagar adeudos que sumaban entonces 317 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda, con Luis Videgaray, simplemente ignoró ese pedimento.

Para el 2013, la Secretaría de Salud tuvo un presupuesto autorizado para la difusión de sus campañas de tan sólo 8 millones de pesos. Media docena de proveedores han acudido a los tribunales para reclamar el pago de los adeudos vencidos hace más de un año.

EFECTOS SECUNDARIOS

ASPIRANTES. Sin santones tendrá lugar la designación de los cuatro consejeros electorales y el nuevo presidente del IFE. Las listas presentadas por las siete bancadas a la Junta de Coordinación Política no rebasaron el tope de 10, salvo la perredista. Ahora, el órgano que preside el perredista Silvano Aureoles hará un primer corte para seleccionar a los 24 aspirantes. Podemos adelantar que entre ellos estarán: Alberto Alonso y Coria, ex director del Registro Federal Electoral; Enrique Andrade; César Astudillo; Patricio Ballados; Agustín Basave; Rolando De Lasse; Roberto Duque Roquero; Jorge Eduardo Navarrete; Mauricio Farah Gebara -secretario general de la Cámara, juez y parte en el inicio del proceso de selección y no se excusó de los trámites-; Adriana Favela, ex magistrada electoral, apoyada por Eruviel Ávila; Ciro Murayama; Adolfo Riva Palacio; Jacinto Silva Rodríguez; Javier Santiago; Iskra Tapia y Néstor Vargas Solano, ex consejero presidente del IEDF, carta amarilla para el IFE. El PAN buscará la unción del ex consejero Arturo Sánchez; mientras el PRI, el arribo de Marcela González-Salas, actual directora de Juegos y Sorteos en la Secretaría de Gobernación.