Desmantelar el presidencialismo

Nuestro país ha sido siempre el gobierno de un solo hombre. Un presidente que ha estado por encima de los otros poderes. Un presidente centralista que controla a los gobernadores de los estados y al gobierno de la Ciudad de México. Un presidente que ha estado por arriba de las instituciones, maneja a su antojo el presupuesto federal y lo utiliza para controlar la vida política nacional.

A partir de 1988 se llevaron a cabo varias reformas para acabar con el presidencialismo, acabar con el partido de Estado, avanzar en el federalismo y en una auténtica división de poderes.

El primer paso fue una reforma electoral para abrir la posibilidad a la alternancia del poder, quitarle al gobierno el control de los órganos electorales, hacer las elecciones más competitivas y más plural el Congreso. Un segundo paso fue lograr la autonomía total del poder Judicial y avanzar en el federalismo a través de la descentralización de funciones y recursos hacia los estados.

Estos cambios permitieron en 1997 una Cámara de Diputados independiente que logró un verdadero equilibrio de poderes.

Se aprobaron varios organismos autónomos para limitar la discrecionalidad del poder presidencial, que dieron transparencia y garantías a los sectores económicos. Se avanzó también, aunque a paso muy lento, en la organización y participación de la sociedad civil en el gobierno.

Se pensaba que con esos cambios sería imposible regresar al presidencialismo y al partido de Estado, pero López Obrador nos ha demostrado lo equivocados que estábamos. Durante este sexenio hemos regresado al poder presidencial casi absoluto que controla al poder Legislativo a través de una mayoría incondicional del partido de Estado, a la Corte para que no pueda anular leyes inconstitucionales, a los gobernadores a través del gasto e inversiones, a los organismos autónomos nombrando a los titulares y consejeros y reduciéndoles el presupuesto y sobretodo ignorando a la sociedad civil organizada.

Esto lo ha podido hacer porque dejamos puertas abiertas en las reformas. En el caso de la Corte, el presidente tiene la última palabra para nombrar a un nuevo ministro si el Senado rechaza en dos ocasiones sus ternas. En todos los organismos independientes la propuesta del titular o de los nuevos consejeros viene del presidente que con su mayoría en el Congreso decide lo que éste propone. Controla a los gobernadores de Morena porque los nombró y a los de oposición a través de apoyos y obras en sus estados y con promesas de embajadas. A través de los programas sociales tiene injerencia directa en las vida política y en las elecciones de toda la República. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil simplemente las ignoró y les redujo cualquier apoyo. A través del Ejército y la Guardia Nacional tiene el control de la vida política de todo el territorio nacional.

Si queremos revertir el retroceso político que se ha dado en este sexenio, tenemos que llevar a cabo reformas para eliminar las facultades del presidente para proponer ministros, consejeros o titulares de otro poder o de organismos autónomos, descentralizar facultades, responsabilidades y el gasto público hacia los estados y municipios, desmilitarizar la Guardia Nacional y las oficinas y empresas que les han dado, despolitizar los programas sociales y sobretodo ciudadanizar la vida nacional promoviendo y apoyando la organización y participación de la sociedad civil en el gobierno.

Mientras no hagamos esto, México seguirá siendo el país de un sólo hombre o una sola mujer.