Caso Jiménez: rehabilitación impensada

El pleno del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebra una sesión extraordinaria. La discusión y aprobación, en su caso, de la modificación al Estatuto del Partido Verde es el primer punto de la orden del día.

Casi al final vendrá la polémica, cuando se debata el proyecto de resolución sobre la queja presentada contra Miguel Ángel Jiménez Godínez, antiguo Director de la Lotería Nacional, por presunto peculado electoral.

Esta historia comenzó hace seis meses. El 1 de abril, los periódicos afiliados a la Asociación de Editores de los Estados (AEE) hicieron eco de una denuncia formulada por Megamedia, casa editora del Diario de Yucatán y de La I de Campeche. De acuerdo con su versión, el funcionario les había ofrecido contratos publicitarios con la dependencia a su cargo, como contraprestación adicional al convenio que suscribirían con el equipo de campaña del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila.

Jiménez Godínez rechazó inmediatamente las acusaciones, pero su palabra no bastó. Estaban por iniciar las campañas federales y la Comisión Especial para el Correcto Uso de los Recursos Públicos en el Proceso Electoral 2009, de la Cámara de Diputados, inició una indagatoria.

Para afrontar su defensa, el servidor público presentó una solicitud de licencia temporal al cargo, ante la Secretaría de la Función Pública. Había cumplido apenas 47 días como titular de esa institución. En el IFE se abrió el expediente 033/2009 a partir de una queja interpuesta por el PRD.

Adicionalmente, el PAN y el Instituto Electoral de Campeche solicitaron a la autoridad electoral que investigara al Director de la Lotería Nacional. De manera separada, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales inició una averiguación previa, por el presunto cohecho, y el Órgano Interno de Control de la Lotería Nacional, como instancia dependiente de la Función Pública, hizo lo propio, para buscar responsabilidades administrativas.

En suma, cuatro pesquisas por la tentativa -que no la comisión- de un atípico e ilógico desvío de recursos. En su defensa, Jiménez Godínez debió presentar media docena de testimonios ante autoridades distintas; la Fepade citó a más de 100 personas, los gruesos expedientes se apilan en varias paredes y nada.

Los consejeros electorales serán enterados de que el Ministerio Público no encontró elementos para ejercer acción penal. Y también sabrán que cuando fueron requeridos por la autoridad administrativa, los denunciantes no aportaron pruebas fehacientes que soportaran la acusación, lo que impidió fincar responsabilidades.

Ante el desvanecimiento del caso, lo congruente sería que los consejeros electorales exoneraran a Jiménez Godínez. Y enseguida, que se conocieran detalles de las indagatorias. Ambas cosas son inevitables. Basta recordar que hace una semana el pleno del IFAI resolvió en favor de Jorge

Buenrostro, colaborador del Diario de Yucatán, quien había solicitado a la PGR el documento completo donde conste la resolución de la Fepade del no ejercicio de la acción penal o cualquier otro documento donde se funde y motive la negativa de no proceder en contra del exdirector de la Lotería Nacional.

Sin elementos para La Secretaría de la Función Pública también tendrá que emitir una resolución exculpatoria, con lo que deberá terminar el linchamiento político sufrido por Jiménez Godínez, quien parece haber pagado muy caro su filiación al elbismo, en primera instancia, y después al mouriñismo, que algunos connotados panistas aún intentan exterminar, sin éxito.

Al final, ¿le ofrecerán una disculpa?

EFECTOS SECUNDARIOS

FRACTURADOS. La definición del paquete económico 2010 no sólo provocó fisuras dentro del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. También los diputados verdes se fraccionaron. No se rasgen las vestiduras , reclamó Juan Gerardo Flores a sus compañeros de bancada Adriana Sarur y Alberto Cinta, quienes, en el seno de la Comisión de Hacienda, se oponían al artículo 244-E de la Ley de Derechos, que establece una exención de impuestos a quienes inviertan en la ampliación de la banda de 1,700 Megahertz, próxima a licitarse.

El gobierno federal dejará de percibir 2,800 millones de pesos y se abrirá la competencia por la transmisión de contenidos vía banda ancha. Antes de ser diputado verde, Juan Gerardo Flores trabajó en la Cofetel y podría decirse que sabe más del tema que Sarur, expresentadora y analista política en el Proyecto 40.

NEGLIGENTE. Ése es el calificativo que MVS Comunicaciones le endilgó al presidente de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime, quien hace unos días deslizó la posibilidad de que el gobierno licite frecuencias en la banda de 2.5 a 2.7 gigahertz, actualmente bajo control de la empresa de Joaquín Vargas.

Cierto es que desde el 2005, está pendiente de refrendo la concesión, pero también que desde entonces, MVS ha invertido más de 70 millones de dólares en la modernización de su red nacional. Es importante destacar que ante la incertidumbre, la empresa ha perdido oportunidades de inversión por más de 300 millones de dólares.