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Barreras al desarrollo
Si seguimos siendo un país donde prevalezca la corrupción, nos mantendremos como una economía subdesarrollada.
En el artículo de la semana pasada traté el tema de libertad y desarrollo, destacando el lugar en el cual se sitúa México en el Índice de Libertad Económica elaborado por la Fundación Heritage. Nos situamos en el lugar 59 de entre 186 países con una calificación de 66.4, lo cual nos hace ser una economía medianamente libre. Por otra parte, México se sitúa en el lugar 71 en el Índice de Desarrollo Humano, lo que nos coloca como una economía medianamente desarrollada. La evidencia internacional al respecto es clara: aquellos países en los cuales es mayor la libertad económica de los individuos, actuando ya sea como empresarios o como consumidores, mayor es también el nivel de desarrollo económico.
En nuestro país siguen persistiendo varios elementos que restringen la libertad económica de los individuos y que, en consecuencia, inhiben el desarrollo económico, mismos que se constituyen como un lastre al mayor crecimiento económico, siendo ésta la fuente más importante para reducir la pobreza y la inequidad. Voy bien a destacar tres.
El primero lo constituyen las altas barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados, las cuales, además de impedir una mayor competencia con el beneficio que ello representaría para el bienestar de los consumidores, se traducen en una fuente de corrupción. Aunque al nivel federal estas barreras han ido cayendo, en los otros órdenes de gobierno siguen siendo muy elevadas. Mientras los funcionarios públicos federales, estatales y municipales sigan actuando como buscadores de rentas, utilizando su poder para obtener un beneficio personal a través de la extorsión a la cual sujetan a los agentes económicos privados, difícilmente habrá mayores tasas de inversión y de crecimiento económico.
El segundo lo constituyen las otras formas de corrupción diferentes a la expedición de licencias o permisos. Conflictos de interés, licitaciones amañadas de obras públicas y de contratos de proveeduría, van todas en contra del desarrollo económico. Ser un país de rentistas, uno que deviene en un capitalismo de compadrazgo, inhibe el crecimiento económico, daña a los consumidores y se convierte en una de las principales causas de la inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso.
El tercero es la notoriamente deficiente protección de los derechos privados de propiedad en dos vertientes. La primera es la escandalosa impunidad con la cual se cometen los delitos en este país; más de 95% de los delitos del fuero común nunca es penado, sea por la ineficiencia, ineficacia o corrupción de los cuerpos policiacos, ministerios públicos y funcionarios de los juzgados; y eso cuesta, y mucho. La segunda es la también notoria deficiencia de los poderes judiciales estatales, que son donde se dirime la mayor parte de las controversias mercantiles, del cumplimiento de los contratos. Poderes judiciales que no son independientes y más aun, no son imparciales, eficientes y expeditos derivan en menores tasas de inversión y menores tasas de crecimiento económico.
Para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico a través de lograr más altas tasas de crecimiento se requiere dotar a los agentes económicos privados de mayor libertad, una caracterizada por bajas barreras de entrada y salida de los mercados, una en donde predomine la competencia en los mercados, una en donde los derechos privados de propiedad estén efectivamente protegidos y garantizados. Si seguimos siendo un país en donde prevalezca la corrupción gubernamental, en donde se premie la apropiación de rentas, en donde los individuos actúen bajo una enorme incertidumbre sobre su propiedad, nos mantendremos como una economía subdesarrollada, con una alta incidencia de pobreza y de inequidad.