¿Adiós a Procampo?

Para combatir la pobreza, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha roto con los paradigmas del pasado. Y en una primera etapa -como claramente muestra la Cruzada Nacional contra el Hambre- decidió seguir las pautas marcadas por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y afrontar los problemas de la desigualdad en las zonas urbanas.

En el medio rural, sin embargo, la pobreza ha echado raíces por décadas, quizá siglos. No se trata de una valoración a priori. En el ámbito académico, entre los expertos internacionales e incluso entre las más altas autoridades en México, circulan con profusión los análisis estadísticos de expertos como John Scott e Isidro Soloaga, que no aceptan interpretaciones: la población que vive en el medio rural -que abarca a ejidatarios, labriegos y de pequeños productores agrícolas- sufre mucho, por su extrema pobreza y carencia por acceso a alimentación. Y sufre más, en épocas de crisis económicas o de conflagraciones causadas por eventos naturales.

Para el campo mexicano, ¿qué es mejor: los programas de superación de pobreza o los esfuerzos de protección social no contributiva? Un grupo de expertos -en el que además de Scott y Soloaga, participan Julio Berdegué, Gustavo Gordillo, Leonel Ramírez, Héctor Manuel Robles y Antonio Yúnez-Naude- elaboró a propósito de la entrada en vigor de la nueva política pública del gobierno federal una propuesta que trata de resolver esa añeja incógnita.

Y es que hay quienes piensan que el compromiso de todo gobierno debe ser la protección para la población vulnerable a los riesgos asociados a la falta de ingresos -sin importar si se trata del medio rural o el urbano- mientras hay quienes piensan que en el mediano y el largo plazo resulta mejor generar capacidades para la salida sostenida y permanente de la situación de pobreza.

Este grupo de expertos -como Omar Garfias Reyes y Ramón Sosamontes, de la Sedesol- nunca perdió de vista que la nueva metodología debería evitar la exclusión de territorios por diseño e insistió en observar la distribución entre las brechas sociales de la pobreza para después focalizar el gasto público.

Al final, propuso unificar las políticas de desarrollo social y de desarrollo productivo para ampliar los beneficios que otorgan Oportunidades y Procampo -los dos programas estandarte de la política asistencial en México- a partir del ofrecimiento de un conjunto básico de servicios complementarios de desarrollo productivo, que sería reforzado con otros servicios como banca de desarrollo, caminos rurales, riego y almacenamiento.

Todos los beneficiarios recibirían el mismo conjunto de servicios, pero en modalidades diferenciadas según una tipología que considere tanto los activos y capacidades de los hogares-unidades productivas, como características y potencialidades del entorno socioeconómico y agroecológico. ¿La población objetivo? Quienes trabajan la tierra en 20 hectáreas o menos. La propuesta llegó al escritorio de Rosario Robles Berlanga poco después del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y salvo el subsecretario Jesús Aguilar Padilla, exgobernador de Sinaloa, mandos superiores de la Sagarpa mostraron desinterés y recelo. Y es que entendieron que los pobretólogos querían fusionar Procampo y Oportunidades, lo cual no sólo en términos presupuestales, sino de políticas públicas, resulta un despropósito. Son universos que apenas se tocan. O dicho en términos llanos: no todos los empadronados a Oportunidades tienen acceso a Procampo.

El debate está abierto, pues -si el Presupuesto 2014 se mantiene en los términos presentados por el Secretario de Hacienda, hace dos semanas- Procampo se convertirá en Proagro Productivo y dispondrá para el próximo año fiscal de 15,000 millones de pesos, aunque esa cifra podría aumentar cuando las afectaciones de Ingrid y Manuel terminen de ser cuantificadas.

EFECTOS SECUNDARIOS

ALCANCES. Los nexos entre el empresario Alejandro Puente y la exprocuradora Marisela Morales van más allá de lo estrictamente comercial o profesional. Las pesquisa a las que ha sido sometido el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable repercuten en la exfuncionaria pero involucran a otros calderonistas, en particular, a aquéllos que tuvieron altas responsabilidades en la SCT.

CONGESTIONADOS. Por carriles distintos, pero en el mismo sentido, correrían dos iniciativas de ley elaboradas por legisladoras panistas. Ambas tratan de llenar un vacío legal y que no es otro sino la regulación de las marchas, mítines y plantones que desde hace mucho tiempo han agobiado a comerciantes, empleados y transeúntes del primer cuadro de la ciudad que gobierna Miguel Ángel Mancera Espinosa. Pero como bien dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y mientras Gabriel Gómez del Campo y Priscila Vera enfilaban a la Asamblea Legislativa del DF, en el CEN del PAN otra iniciativa buscaba el beneplácito de la cúpula blanquiazul. Tuvo que intervenir Gustavo Madero para frenar a los acelerados y dejó en claro que esa bandera es de todos los panistas. Y que sobran los protagonismos.