Acoso en la universidad: ¡ya basta!

Hace una semana, estudiantes de la Universidad de Guanajuato en León denunciaron en una rueda de prensa 17 casos de acoso cometidos por seis profesores. Exponerse a la mirada pública en una sociedad y un país misóginos es un acto de gran valentía. Cabe preguntar, sin embargo, ¿qué orilló a estas jóvenes a la denuncia pública? ¿Qué dejó de hacer la universidad ante denuncias previas? ¿Por qué se tolera el acoso en las universidades?

El acoso sexual es un problema recurrente en las universidades públicas y privadas mexicanas, de la capital y de provincia. Aunque las autoridades académicas tienen la responsabilidad y obligación de garantizar un clima propicio para el desarrollo personal e intelectual de la comunidad estudiantil, lo que incluye prevenir y sancionar toda violencia, en particular el acoso y la violencia sexual contra cualquiera de sus integrantes, tienden a eludirla y la enfrentan sólo cuando hay presión de estudiantes y profesoras, o escándalos públicos*.

En algunos casos, las autoridades han respondido negando el problema: “Aquí eso no pasa”. Otras revictimizan a estudiantes, profesoras o empleadas que se atreven a denunciar. Otras han creado protocolos que no han resuelto de fondo el asunto, ya sea porque el proceso se burocratiza, porque se protege más al agresor que a las víctimas —a quienes se impone la carga de la prueba o una “confidencialidad” que limita las acciones colectivas de las denunciantes— , ya sea porque, en vez de adoptar un compromiso claro, se busca administrar el problema y se apuesta por el olvido. Subsisten, además, inercias machistas y complicidades entre académicos y autoridades, empleados y sindicatos, que favorecen el ocultamiento y la repetición.

La Universidad de Guanajuato no es un caso único pero es un ejemplo de un proceso fallido de prevención del acoso y la violencia sexual puesto que, pese a contar con un protocolo y un programa de igualdad de género (UGénero), creado a raíz del Caso Kala del 2015, no respondió con eficacia a las denuncias internas de las estudiantes que se vieron entonces orilladas a denunciar públicamente y a pedir una reunión con el rector general Guerrero Agripino para tratar el problema y exponer sus propuestas. A sus demandas, apoyadas por dos profesoras y la organización Las Libres, se ha sumado un pronunciamiento de académicas de Guanajuato que expresan su solidaridad con las denunciantes y señalan que ellas mismas han hecho propuestas a la universidad, que ésta ha ignorado. Ellas también exigen una respuesta clara de la universidad para que se haga justicia.

Exponerse a la opinión pública para denunciar acoso sexual, en una sociedad donde la violencia de género está normalizada, es un acto de valentía al que el rector está obligado a responder con sentido ético para garantizar una investigación imparcial y, como piden las estudiantes, sanción a los presuntos culpables, la reparación del daño y la no repetición. La Universidad de Guanajuato tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Puede revisar su protocolo a la luz de alguno mejor planeado, como el de la UAM-Xochimilco, asesorarse con especialistas nacionales, que las hay; considerar la prohibición, en su normativa, de sostener relaciones sentimentales con alumnas o subordinadas, que no elimina pero acota el acoso en universidades de Estados Unidos. Sobre todo, debe enviar un mensaje contundente de no tolerancia a los acosadores y cumplir con acciones integrales su obligación de respaldar a las estudiantes, académicas y empleadas que tienen derecho a estudiar y trabajar sin violencia.

El acoso sexual en la universidad no es inevitable. Las autoridades universitarias del país tienen la obligación ética insoslayable de contribuir a la erradicación de la desigualdad de género y la violencia. Proteger a los acosadores porque son “académicos destacados” o “defensores de derechos humanos”, absolverlos y promoverlos incluso, es ser cómplices del daño emocional y profesional que se hace a las mujeres acosadas, y contribuir a la impunidad.