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China sancionará a agencias de corretaje Tiger, Futu y Longbridge por operaciones transfronterizas ilegales
China anunció este viernes una importante campaña de represión contra la inversión transfronteriza y afirmó que sancionará a los corredores de bolsa a los que acusa de transferir fondos ilegalmente a mercados extranjeros.
China anunció este viernes una importante campaña de represión contra la inversión transfronteriza y afirmó que sancionará a los corredores de bolsa a los que acusa de transferir fondos ilegalmente a mercados extranjeros.
Las corredoras en línea Tiger, Futu y Longbridge serán sancionadas por captar clientes en China sin una licencia nacional, según informó el regulador bursátil. Las acciones de Futu y de UP Fintech Holding, matriz de Tiger, cayeron más de un 30% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.
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La medida intensifica el escrutinio de las salidas de capital —que están estrictamente controladas por China— y también provocó una caída de las acciones de populares empresas chinas que cotizan en el extranjero, ya que los clientes de los corredores solo podrán vender acciones, no comprarlas.
La Comisión Reguladora de Valores de China, que puso en marcha la campaña junto con otros siete organismos gubernamentales, incluido el banco central, afirmó en un comunicado que su objetivo eran las empresas extranjeras y sus socios locales que operaban sin autorización.
Afirmó que se confiscarían las ganancias ilegales, pero no detalló el importe de las sanciones económicas que impondría a los corredores.
Un portavoz de Tiger afirmó que la empresa "siempre ha dado prioridad absoluta al cumplimiento normativo". Tomó nota del comunicado de la CSRC, se comprometió a cooperar y señaló que "todas las operaciones comerciales siguen con normalidad".
Futu afirmó que cuenta con estrictos estándares de cumplimiento normativo, que ya había dejado de abrir cuentas para solicitantes del continente y que había rechazado decenas de miles de solicitudes que no cumplían los requisitos. Al final del primer trimestre, los inversores del continente representaban el 13% de su base de clientes.
Longbridge, que no cotiza en bolsa, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
"El Gobierno quiere asegurarse de que cualquier flujo de capital hacia el exterior esté bajo su control", afirmó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico en Natixis.
Las empresas dispondrán de un periodo de gracia de dos años para poner fin a las actividades ilegales, según informó el regulador, durante el cual los clientes solo podrán vender sus participaciones existentes y retirar fondos, sin que se permitan nuevas inversiones.
La ofensiva del viernes amplía años de escrutinio, que se intensificó a finales de 2022 cuando la CSRC prohibió a las instituciones extranjeras abrir cuentas para inversores del continente.