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Milei iniciará arbitraje contra Reino Unido
Argentina dijo el lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido si no frena la explotación petrolera en la zona de las disputadas Islas Malvinas mediante el proyecto Sea Lion.
El gobierno de Javier Milei exigió a Reino Unido frenar la explotación petrolera en las disputadas Islas Malvinas.
Argentina dijo el lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido si no frena la explotación petrolera en la zona de las disputadas Islas Malvinas mediante el proyecto Sea Lion.
La medida llega en momentos de tensión entre Argentina y el Reino Unido por la disputa de soberanía de las Islas Malvinas, cuyo control está en manos británicas.
En un comunicado oficial, el gobierno indicó que la medida busca impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte y cita el procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La medida busca evitar la adopción de nuevas decisiones vinculadas a la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
"Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", dijo el presidente libertario argentino, Javier Milei, en su cuenta de X, donde compartió el comunicado.
El gobierno sostiene que Reino Unido lleva adelante un "accionar ilegítimo" en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.
"La explotación unilateral de los recursos naturales (...) es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina", indicó.
Los propietarios del proyecto Sea Lion, Navitas Petroleum NVPTp.TA, de Israel, y Rockhopper Exploration RKH.L, del Reino Unido, han dicho que cuentan con licencias válidas del Gobierno de las Islas Malvinas para operar en la zona.
El gobierno dijo que intimó a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina.