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Patentes sin apropiación y capital sin banca: los dos cuellos de botella del crecimiento

Irasema Andrés Dagnini | Sextante financiero
México ocupa el lugar número 13 entre las mayores economías del mundo, con un Producto Interno Bruto de 1.86 trillones de dólares, y se posiciona como la decimoquinta potencia exportadora global. En el papel, estos indicadores proyectan una nación integrada a las cadenas de valor internacionales y atractiva para los flujos de inversión. Sin embargo, cuando se observa la capacidad real del país para generar conocimiento propio, financiar la expansión empresarial y traducir esas ventajas en bienestar duradero, emerge una contradicción estructural que frena el crecimiento potencial.
La paradoja de las patentes: mucho registro, poca innovación propia
El primer freno está en la propiedad intelectual y la absorción tecnológica. México cuenta con la onceava oficina de patentes más activa del planeta en cuanto a concesiones otorgadas: en el último registro anual se concedieron poco más de 14,800 patentes en el país. No obstante, apenas 972, alrededor del 6%, correspondieron a inventores o empresas nacionales. El restante 94% proviene de titulares extranjeros que protegen su tecnología para comercializarla en el mercado mexicano.
Esta asimetría explica por qué, pese a nuestro tamaño económico y volumen exportador, México descendió al lugar 65 de 139 economías en el Índice Mundial de Innovación 2026 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En conversación con el Dr. Juan Alberto González Piñón, especialista en innovación y transferencia tecnológica de Universidad Panamericana, queda claro que el problema no radica en la falta de talento: el país cuenta con más de 48,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que generan cerca del 1% del conocimiento científico mundial.
El verdadero cuello de botella es que ese conocimiento rara vez cruza la frontera del laboratorio hacia el mercado.
La raíz es doble. Por un lado, persiste una cultura empresarial cortoplacista enfocada en extraer valor mediante la reducción de costos o variaciones de precios, en lugar de crear valor agregado mediante investigación y desarrollo (I+D). Para muchas compañías asentadas en el país resulta más cómodo y rentable en lo inmediato comprar tecnología ya probada en el extranjero que coinvertir con universidades mexicanas en proyectos de maduración a mediano y largo plazo.
Por otro lado, la política pública tampoco ha logrado cerrar esa brecha: el gasto nacional en ciencia y tecnología se ha estancado en un pírrico 0.28% del PIB, una cifra insuficiente para construir la infraestructura de escalamiento tecnológico que permita validar prototipos y dar nacimiento a una industria nacional competitiva.
Desde la apertura comercial de 1994 hasta la actual ola de relocalización de cadenas productivas (nearshoring), México ha apostado por atraer manufactura y ensamblaje, pero sin consolidar mecanismos de apropiación tecnológica local. Como advierte González Piñón, si no articulamos un proyecto de nación donde gobierno, academia e iniciativa privada incentiven el licenciamiento y la transferencia tecnológica hacia empresas mexicanas, seguiremos compitiendo por mano de obra y ubicación geográfica en lugar de hacerlo por propiedad intelectual.
Financiamiento alternativo para destrabar el motor productivo
Ahora bien, incluso cuando una empresa mexicana logra desarrollar un modelo innovador o busca escalar su operación, enfrenta un segundo obstáculo determinante para el crecimiento del país: el acceso al capital. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) generan alrededor del 70% del empleo en México, pero cerca del 95% enfrenta el riesgo de desaparecer en sus primeros años dentro del llamado "valle de la muerte", muchas veces no por falta de clientes o de un buen producto, sino por deficiencias de gestión y asfixia financiera.
La banca tradicional y las casas de bolsa suelen concentrarse en proyectos de gran escala o exigir garantías difíciles de cubrir. En este espacio comienzan a ganar relevancia las instituciones de financiamiento colectivo reguladas bajo la Ley Fintech. Eloísa Cadenas, directora general de Arcángeles, explicó cómo el crowdfunding de capital busca atender precisamente esa brecha: en lugar de otorgar un crédito convencional que presiona el flujo de efectivo de la empresa desde el primer mes con pagos de capital e intereses, el inversionista entra como socio del proyecto y comparte tanto el riesgo como el potencial de crecimiento patrimonial.
Con más de una década de operación y bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Condusef, la plataforma ha ampliado su enfoque original de startups hacia las MiPymes y el sector inmobiliario, un segmento que concentra la preferencia de cerca del 40% de los inversionistas.
Aunque la regulación actual topa las emisiones en 63 millones de pesos para el crowdfunding por proyecto a la espera de una eventual actualización normativa, mecanismos como la evaluación por comités y el análisis de coherencia financiera mediante inteligencia artificial permiten filtrar proyectos viables y proteger al ahorrador frente a un ecosistema donde no todas las más de 1,100 fintech que operan en el país cuentan con autorización formal.
Hacia un crecimiento sostenido
El diagnóstico conjunto es contundente: México no logrará dar el salto hacia tasas de crecimiento económico elevadas y sostenibles mientras mantenga desarticulados sus motores de innovación y financiamiento. Transformar nuestra posición como potencia exportadora en prosperidad interna exige pasar de la maquila a la apropiación tecnológica con patentes nacionales, y acompañar ese esfuerzo con mercados de capital profundos, regulados y accesibles que permitan a las empresas mexicanas escalar sus ideas sin morir en el intento.
