“Elección sin Lula sería un nuevo golpe”

Maria do Rosario Nunes es pedagoga, maestra en Educación y Violencia Infantil y doctora en Ciencias Políticas. Fue concejal de Porto Alegre, diputada estatal y actualmente ocupa el cuarto mandato como diputada federal del estado de Río Grande del Sur por el Partido de los Trabajadores. Del 2011 al 2014 fue Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil.

La sociedad brasileña se enfrenta a un panorama de corrupción endémica. El presidente Michel Temer resiste a cada acción judicial en su contra. ¿Qué puede esperarse?

Maria do Rosário (MR) - A pesar de los numerosos indicios de que Michel Temer y algunos de sus principales ministros practicaron diversos delitos, la Cámara de Diputados ya ha demostrado en dos ocasiones que tiene un precio. Bolsas de dinero, liberación de enmiendas parlamentarias, cargos públicos y alivio de deudas estatales se han cambiado a la luz del día por los votos que impidieron la continuación de la investigación contra el presidente ilegítimo. En este escenario soy bastante escéptica sobre la posibilidad de que Temer sea destituido antes del final del mandato del que se apoderó.

Nuestra duda reside hoy en el carácter de las elecciones del 2018, pues existe una posibilidad real de que se conviertan en un juego de cartas marcadas. Una elección sin Lula da Silva —que sufre una persecución que sólo se puede comparar con lo que llevó a Getúlio Vargas a quitarse la vida— será un nuevo golpe.

Si se diera el caso de que aquel que encabeza todas las encuestas de intención de voto fuera impedido para participar en las elecciones, tendríamos un escenario de fuerte inestabilidad y clara reversión de la democracia que hemos estado construyendo durante las últimas tres décadas. En este punto, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles es muy claro: "ninguna restricción injustificada se puede colocar para evitar que el derecho a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas" y eso es exactamente lo que puede suceder en Brasil.

El 40% de los integrantes del Senado tienen también procedimientos abiertos por corrupción, parecen salvarse entre ellos, ¿qué opinión le merece?

MR - En mi opinión, hay dos situaciones distintas. De un lado tenemos el reino del amiguismo entre aquellos que siempre estuvieron al frente del poder político en este país, y del otro a un activismo judicial que hiere los preceptos democráticos.

Es necesario que separemos las dos situaciones, y no poner toda la política en una fosa común que sólo genera desconfianza en las instituciones y favorece a oportunistas que no tienen ningún compromiso con los valores básicos para el estado de derecho democrático.

El ejemplo más evidente de la primera situación —además del caso de Michel Temer— es el caso del senador Aécio Neves (del Partido de la Social Democracia Brasileña, y representante del estado de Minas Gerais). A Neves —que fue grabado pidiendo dos millones de reales a Joesley Batista y a Ricardo Saud del grupo empresarial J&F— se le acusa de los delitos de soborno y obstrucción de la justicia. A pesar de ello, no sólo está libre, sino que también su cargo le fue restituido por sus colegas del Senado.

A Neves también se le benefició archivando la solicitud de la instalación del Comité de Ética promovida contra él. Situación inaceptable, pero tan recurrente, que ha sido recibida con apatia por una población que sufre con la supresión de derechos y la sucesión de escándalos de corrupción.

No podemos olvidar, sin embargo, el proceso extremadamente dañino de judialización de la política que afecta a Brasil, en el que los jueces se otorgan poderes indebidos, se manifiestan fuera de los casos, afirman que la convicción sin pruebas es suficiente para una condena, entre otros descalabros. Vivimos en un país en el que supuestas “pedaleadas fiscales” sirven de argumento para la destitución de una presidenta legítimamente elegida; pero las evidencias, grabaciones y bolsas de dinero no son suficientes para el inicio de una investigación contra el autor de un golpe parlamentario.

Estamos en un país donde las delaciones premiadas de presos confesos se convierten en una prueba absoluta de culpabilidad en algunos casos e ignoradas en otros, donde la discrecionalidad y las motivaciones políticas con trampas legales son ahora la regla.    

¿Qué debate en el Congreso le parece el más crucial?

MR - El Congreso se convirtió en el escenario de reveses inimaginables hace unos años. Hay tantas agendas negativas que es difícil decir lo que es más crucial. Hemos visto en poco más de un año la adopción de una reforma laboral perversa que elimina los derechos de los trabajadores; se establece un techo de gasto para el presupuesto del 2018 que dará lugar a una reducción drástica de recursos en diversas áreas de bienestar social y de educación; la entrega de los yacimientos pretroleros presal, entre otras medidas para beneficiar a algunos sectores a expensas de la mayoría de la población.

En la agenda siguen estando la reforma de la Seguridad Social y la venta de Eletrobras, empresa brasileña de generación, transmisión y distribución de energía.

Otro aspecto importante son los numerosos programas promovidos por sectores fundamentalistas que conforman la coalición de gobierno. A cambio de votos que benefician al sector financiero y las multinacionales, a través de la entrega del patrimonio de los brasileños y multiplicando las ganancias de los empresarios, el gobierno apoya asuntos que atentan contra el Estado laico, pasando por encima de los derechos de las minorías sociales como la LGBT y las mujeres.

¿Con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff se abrió una crisis aún mayor en Brasil o ha mejorado en algún sentido?

MR - Parte de la crisis económica que nos enfrentamos al comienzo del segundo gobierno de Dilma Rousseff fue resultado de errores tales como la reducción de impuestos indiscriminada, sin tener en cuenta que fue promovida en su primer gobierno, pero otro tiene su origen en una crisis política fabricada. Esta que fue capitaneda por el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, detenido actualmente por numerosos crímenes, con la que trató de profundizar los problemas económicos y evitar que se implementaran soluciones. El caos se instaló con la promesa de que con la remoción de la presidenta el país volvería al carril; nada más falaz.

La economía nacional no ha mejorado. Mientras que el desempleo está creciendo, con cifras qu alcanzan los 14 millones de desempleados, los precios de la gasolina, la electricidad y el gas se disparan; los derechos laborales y sociales se ha flexibilizado, y las medidas de transferencia de renta que quitaron a Brasil del Mapa del Hambre son cortadas. Las universidades están en proceso de liquidación, al igual que los Institutos Federales, y con la aprobación del ya citado techo al gasto, la desvinvulación de los ingresos de la Unión, y un ministro de Salud financiado por los planes de salud privados, el Sistema Único de Salud (SUS) también está en riesgo.

Internacionalmente, Brasil, que en la última década había ganado el respeto a su política exterior, queda en ridículo cada vez que el presidente ilegítimo participa en eventos internacionales. Los descalabros del ministro de Asuntos Exteriores son conocidos, atacando a los organismos internacionales, construyendo una política que se aleja de los compañeros de nuestra victoriosa relación Sur-Sur y que se caracteriza por la sumisión a los países capitalistas centrales.

¿Ve posible el regreso de Rousseff al escenario político de Brasil?

MR - En realidad, Dilma nunca dejó el escenario político brasileño. Siguió denunciando el golpe dentro y fuera del país y ahora en gira por Brasil al lado de Lula en su caravana. En cuanto a la contienda electoral, muchas personas han dado señales de reconocer la injusticia que se ha cometido contra esta mujer que dedicó su juventud a enfrentarse a la dictadura militar durante décadas y tuvo una carrera intachable y competente en la realización de numerosas funciones públicas. Dilma es la primera en las encuestas de intención de votos para el Senado en Minas Gerais, pero la decisión de participar en la contienda depende de ella; si lo hiciera tendrá todo el apoyo de nuestro partido.

Lula da Silva, está a merced de los tribunales ordinarios, tiene ya una condena de nueve años de cárcel, ¿podría quedar fuera de la disputa presidencial?

MR - Sí, podría, sería ingenuo de mi parte afirmar que no. Pero, él ha demostrado su deseo de regresar para retomar el desarrollo brasileño, para recuperar la dignidad del pueblo, tenemos la esperanza de que vuelva el año próximo. Lula quiere ser candidato y quiere ser electo, eso es algo importante para nosotros, los petistas, porque la verdad es que no hemos generado una alternativa, por lo menos una alternativa electoral como Lula.

¿Eso sería algo bueno o malo?

MR - Como ya he indicado anteriormente sería bastante negativo, una afrenta a la democracia. Los que quieren poner en práctica un proyecto político diferente de aquel que fue escogido por el pueblo brasileño por cuatro veces consecutivas, necesitan comprender que sólo podrán hacerlo si convencen a la población de que sus propuestas merecen sus votos. Deben competir con Lula, no impedir su candidatura promoviendo otro golpe.

Se habla mucho del 2018, ¿hay algún candidato “creíble”? La corrupción amenaza a los partidos más importantes.

MR - En efecto, la política brasileña ha sufrido un gran descrédito. Numerosos estudios indican que los partidos políticos, el Congreso Nacional, la Presidencia y los Ministerios son las instituciones que gozan de menos confianza entre los brasileños. Este hecho apunta a una caída del apoyo popular a la democracia, escenario muy preocupante que podría conducir a un aumento de abstenciones, los votos en blanco y nulos, que, a su vez, pueden permitir el ascenso de candidatos que representan riesgos a los elementos básicos de la democracia como respeto a las minorías, a los derechos civiles y políticos.

Si consideramos a los dos partidos que desde 1994 han ocupado el primero y segundo lugar en las elecciones presidenciales, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Partido de los Trabajadores (PT), podemos decir que tienen candidatos creíbles.

En el caso del PSDB, tanto Geraldo Alckmin, gobernador de Sao Paulo, como João Dória, alcalde de Sao Paulo, son figuras presentadas como posibles nombres del partido que, de momento, no cuentan con un apoyo popular comparable al de Lula, pero no sufren una crisis de credibilidad.

Sin duda la situación del PT es más compleja, pero aún frente al escenario adverso no es poco que Lula siga siendo señalado como el candidato preferido de los brasileños y arrastrando multitudes por donde pasa, lo que representa una razón más por la cual el impedir su candidatura sin base jurídica real podría ser nocivo para la democracia brasileña.

Una parte de la población opina que el PT fue quien comenzó con las prácticas de corrupción en el país, ¿qué opina?

MR - Este tipo de pensamiento es el resultado de una campaña cínica de la derecha brasileña, pero que ganó eco entre la población en los últimos años. Considerar que la corrupción, en cualquier país del mundo, es el resultado de la acción de un solo partido es una tesis no menos que risible, y que en el caso de Brasil carece aún más de sentido. Esto porque fueron Lula y Dilma los que tomaron la decisión política de invertir en el fortalecimiento de los organismos de control y de investigación, tales como la Contraloría General de la Unión (CGU), la Policía Federal y el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).

Lula y Dilma abrieron la puerta y la información del Poder Ejecutivo a un amplio escrutinio del Ministerio Público, para que pudiera cumplir mejor su función constitucional, y al contrario de lo que ocurrió antes, cuando en el tiempo de Fernando Henrique Cardoso, el Fiscal General República era conocido como "el engavetador general de la República”, pues no daba curso a las investigaciones.

La prensa y la población en su conjunto nunca antes habían tenido ese acceso a la información sobre las investigaciones y sobre la aplicación del gasto público, resultado del aumento cada vez mayor transparencia. También hubo un cambio radical en los organismos de control del Estado, que comenzaron a operar de una manera integrada y coordinada, aunque cada uno en su papel: UGE, PF, los fiscales, el Tribunal Federal de Auditoría, el COAF, Servicio de Impuestos Internos, entre otros. La luz se colocó en algo que ya existía. Esta profundización en las investigaciones son la gran diferencia en comparación con períodos anteriores.

¿En América Latina llegó el fin el ciclo progresista?

MR- No lo creo. Lo que está en marcha es una ofensiva conservadora que vuelve a despreciar a la democracia por saber que en la mayor parte de América Latina sus propuestas de ortodoxia económica y eliminación de derechos son impopulares.

En Brasil ganamos las elecciones, pero estábamos lejos de la presidencia. Hoy en día, incluso después de más de una década de continuo ataque, Lula sigue en primer lugar en la preferencia de los brasileños. En Bolivia, Venezuela, El Salvador, Uruguay, las fuerzas progresistas siguen logrando importantes victorias electorales. Ciertamente no estamos en la curva ascendente de la década del 2000, pero decretar el final del ciclo progresista es pasar por alto estos resultados y desconocer que las políticas implementadas por los sectores progresistas de estos países han dejado su huella porque cambiaron la vida de las personas, y aún tienen fuerza.