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Reforma aduanera encarecerá importaciones en Quintana Roo, advierte Comce

Sergio León Cervantes, vicepresidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en el Sureste, advirtió que el mayor riesgo es la discrecionalidad.

Jesus Vazquez

Cancún, QRoo.- Quintana Roo, que importa 60% de los 23,000 millones de dólares que consume al año, enfrentará encarecimiento de productos, retención de mercancías y golpe a micronegocios con la reforma aduanera que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Así lo advirtió Sergio León Cervantes, vicepresidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) en el Sureste.

El estado importa bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos, textiles y calzado, decoración y materiales de construcción, por lo que cualquier cambio en las reglas de comercio exterior impacta directamente en su economía.

Sin embargo, la reforma contempla mayor vigilancia del SAT y de Aduanas para revisar el valor de las mercancías y los gastos generados en el extranjero para traerlas. Los precios bajos quedarán bajo sospecha: si un producto se importa demasiado barato frente a mercancías comparables, habrá revisión y puede haber embargo precautorio y retención de la mercancía por diferencia de valoración.

Además, se establece la regla del 20% que impone distintas garantías según la diferencia de precio, nuevas obligaciones para importadores y agentes aduanales para justificar todas sus operaciones y multas de 50 a 100% del valor comercial en casos como combustibles.

León Cervantes advirtió que el mayor riesgo es la discrecionalidad. Cuestionó quién decide cuál es el precio correcto, al poner como ejemplo un vaso de marca que puede costar 10 dólares frente a uno genérico a granel que cuesta 50 centavos.

Comprar barato no significa cometer fraude, dijo, pues influyen la capacidad de compra, los proveedores y el volumen, pero al no haber reglas claras, la valoración quedará a criterio humano.

Reconoció como positivo combatir la subvaluación y la evasión fiscal, lograr una competencia más justa para productos nacionales, mayor recaudación sin elevar impuestos y cerrar el paso a contrabandistas y empresas fraudulentas.

Sin embargo, alertó sobre los efectos negativos: encarecimiento de importaciones, precios más altos para consumidores en plena contracción económica, más burocracia y tiempos de despacho aduanal, afectación a cadenas productivas y turísticas, menor competitividad frente a otros países y riesgo de arbitrariedad y corrupción.

Recordó que en México hay 5.5 millones de empresas registradas, más de 6,500 IMMEX y 5,200 manufactureras, pero 95.5% son micronegocios vulnerables cuando dependen de importaciones y tienen poca liquidez.

Inmovilizar mercancías es inmovilizar capital, lo que golpea principalmente a pequeñas empresas y genera incertidumbre, sostuvo.

“No podemos combatir la ilegalidad sacrificando la competitividad”, afirmó, al llamar a conformar un frente empresarial para exigir reglas claras del juego, para que una medida que es positiva no se vuelva negativa y afecte el costo de vida y sectores clave como industria, agricultura, ganadería, pesca y turismo.

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