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Digitalizar no se decreta

Eduardo López Chávez | Columna invitada
El gobierno descubrió que para modernizar la economía basta con publicarlo en el Diario Oficial, Macraf
México quiere convertirse en una economía más digital. La intención tiene sentido. Menos efectivo puede significar transacciones más rápidas, menores costos de manejo, mayor seguridad, más información financiera y mejores posibilidades de incorporar a personas y pequeños negocios al sistema formal. El problema comienza cuando confundimos construir las condiciones para digitalizar una economía con simplemente ordenar que se digitalice.
El Congreso aprobó recientemente la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es precisamente cerrar la distancia entre la infraestructura que México ya posee y el uso que realmente hacemos de ella. La diferencia no es menor.
Hoy tenemos SPEI, aplicaciones bancarias, tarjetas, códigos QR, CoDi, DiMo y teléfonos capaces de realizar una transferencia en segundos. Sin embargo, cuando un mexicano compra algo de 500 pesos o menos, el efectivo sigue siendo el medio frecuente de pago para 85.2% de la población. Incluso cuando la compra supera esa cantidad, 73.5% continúa utilizando billetes y monedas.
Eso ocurre aunque 63% de las personas de entre 18 y 70 años ya tenga al menos una cuenta de ahorro formal.
Ahí está el verdadero problema.
México no carece solamente de infraestructura financiera. Tiene un problema de utilización. Podemos abrir cuentas, instalar aplicaciones y llenar comercios de terminales; si para el consumidor y para el negocio el efectivo continúa siendo más sencillo, barato o práctico, seguirá utilizándose.
La nueva ley busca acelerar esa transición. Autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán avanzar en la aceptación de medios digitales y los proveedores de bienes y servicios tendrán que desarrollar las condiciones necesarias para recibirlos. Además, Hacienda podrá determinar actividades en las que los pagos electrónicos adquieran un papel mucho más relevante.
La intención puede ser correcta. El riesgo está en creer que modificar el medio de pago transforma automáticamente la economía que está detrás de él.
Pensemos en una pequeña tienda. Para el consumidor, acercar una tarjeta o enviar una transferencia puede resultar trivial. Para el dueño significa conectividad confiable, una cuenta financiera funcional, algún dispositivo, aprendizaje, conciliación de operaciones y, dependiendo del mecanismo utilizado, costos y comisiones. Naturalmente existen alternativas prácticamente gratuitas, como diversas transferencias electrónicas, y la tecnología está reduciendo rápidamente esas barreras. Pero no han desaparecido.
Por eso resulta revelador que el propio gobierno haya impulsado programas para facilitar terminales y soluciones digitales a las mipymes. Si bastara con ordenar su adopción, esos incentivos serían innecesarios.
Y después está la geografía.
Para operaciones mayores a 500 pesos, el efectivo continúa siendo utilizado frecuentemente por alrededor de 55% de la población en Ciudad de México. En el sur del país la proporción llega a 82%.
La misma ley pretende transformar dos realidades económicas profundamente distintas.
Eso también es desarrollo económico. No basta con que exista tecnología; importa quién puede utilizarla, cuánto le cuesta hacerlo y qué beneficio obtiene de ella.
La digitalización puede generar ventajas enormes para un pequeño negocio. Cada operación electrónica deja información. Esa información puede ayudar a demostrar ventas, construir historial financiero y reducir la incertidumbre que enfrenta un banco al decidir si presta dinero. Si eso termina convirtiéndose en financiamiento para inventario, maquinaria o expansión, la digitalización puede elevar productividad y facilitar crecimiento.
Pero hay que completar el círculo.
Registrar digitalmente una venta no vuelve automáticamente productiva a una empresa. Tampoco formaliza por sí misma a un negocio.
La informalidad mexicana no existe porque los comerciantes prefieran los billetes.
El efectivo es, en buena medida, consecuencia de una estructura económica conmillones de unidades pequeñas, baja productividad, escaso acceso al crédito, costos regulatorios, márgenes reducidos y limitada capacidad administrativa. Digitalizar esas operaciones puede hacerlas más visibles. Pero una economía más visible no necesariamente es una economía más productiva.
Ese es el desafío que la ley tendrá que superar.
Si los pagos digitales reducen costos, facilitan ventas, generan acceso al crédito y permiten que un pequeño negocio compita mejor, la transición ocurrirá porque económicamente conviene hacerla. Si solamente añadimos obligaciones a empresas que todavía encuentran más sencillo operar en efectivo, cambiaremos el instrumento sin resolver el problema.
México sí necesita una economía más digital. También necesita mayor inclusión financiera, más formalidad y empresas más productivas. Pero ninguna de esas cosas aparece automáticamente al cambiar billetes por códigos QR.
El éxito no debería medirse por cuántas actividades terminen obligadas a aceptar o privilegiar pagos electrónicos, sino por cuántas personas y empresas descubran que utilizar efectivo dejó de ser su mejor alternativa.
Porque digitalizar una economía no consiste en quitarle los billetes. Consiste en darle razones suficientes para que deje de necesitarlos.
De esta forma, seguimos viviendo entre cifras que brillan… y bolsillos que no alcanzan.
* El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía y de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director general y fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa de análisis: Voces Universitarias.
Contacto y redes: https://eduardolopezchavez.mx/redes

