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Pequeños operadores cuestionan a CRT la división de México en 242 zonas para licitar espectro
Empresas de Jalisco, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo advierten que el diseño territorial y económico de la licitación de espectro realizada por la CRT podría encarecer sus proyectos, por lo que solicitaron concursos preferentes, menores garantías y reglas diferenciadas.
Los pequeños operadores de telecomunicaciones cuestionaron el diseño de la próxima licitación de espectro radioeléctrico de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al advertir que la división de México en 242 Unidades Básicas de Servicio (UBS) podría encarecer proyectos regionales, limitar su participación y dificultar el despliegue de infraestructura en comunidades rurales.
Empresas de Jalisco, Chiapas y Quintana Roo, entre otras, solicitaron concursos reservados, precios diferenciados y garantías proporcionales a su capacidad financiera.
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Los comentarios de las empresas también crean interrogantes sobre qué tipo de compañías deberían recibir un trato preferente o diferenciado, lo que demuestra el interés de estos empresarios por las frecuencias.
La controversia forma parte de la consulta pública CRT-REF-01-2026, relacionada con la licitación de frecuencias para radioenlaces fijos en las bandas de 10.5 y 38 GHz, utilizadas para transportar tráfico entre puntos de una red.
La CRT propone adjudicar frecuencias mediante 242 UBS, con concesiones de 20 años. En la banda de10.5 GHz se contemplan bloques de 10+10 y 15+15 MHz, mientras que en el espectro de los 38 GHz se ofrecerían bloques de 14+14 MHz.
Los pequeños operadores quieren reglas propias
Telesur, empresa de Tuxpan, propuso definir al pequeño operador mediante dos límites simultáneos: Accesos activos no superiores a 0.5% de la población nacional e ingresos anuales inferiores a 0.2% de los ingresos del sector de telecomunicaciones.
La compañía solicitó una primera ronda exclusiva para pequeños operadores y una segunda abierta para adjudicar los bloques restantes, con el propósito de evitar que los proveedores regionales compitan inicialmente con empresas de mayor capacidad financiera.
Fuentes y Fuentes Telecom, identificada comercialmente como Maxicable en Chiapas, planteó valores mínimos de referencia diferenciados, garantías proporcionales y criterios de adjudicación que reconozcan la infraestructura previamente desplegada y la cercanía con localidades prioritarias, una propuesta que los operadores micro y regionales han empujado por años.
TVCABLE TEPA, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, fue más allá al solicitar espectro a precios accesibles o incluso sin costo para proveedores rurales, al argumentar que atienden mercados donde las grandes compañías encuentran menores incentivos para invertir.
Otros participantes propusieron permitir garantías mediante fianzas, para evitar que el capital destinado a equipos y construcción de redes permanezca inmovilizado durante el procedimiento.
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CW Redes y Construcciones, que opera como BLM Telecom en Cozumel, Quintana Roo, propuso una definición más restrictiva: Concesión única vigente, operación en una sola UBS, menos de 10,000 accesos activos e ingresos anuales inferiores a 50 millones de pesos.
La empresa, por su parte, cuestionó que el criterio de 0.5%de la población nacional permita considerar pequeños a operadores cientos de veces mayores que un proveedor estrictamente local.
BLM Telecom solicitó entonces tres concursos sucesivos: Uno reservado para pequeños operadores, otro para nuevos participantes y un tercero abierto.
La diferencia importa, porque la definición determinará quién podrá acceder a frecuencias mediante procedimientos reservados y condiciones económicas especiales.
Esto, porque un umbral demasiado amplio podría beneficiar a compañías de mayor escala; uno excesivamente restrictivo podría excluir a proveedores regionales con capacidad de expansión.
Cozumel y el costo de compartir mercado con Cancún
BLM Telecom informó que atiende a más de 200 clientes residenciales y comerciales en Cozumel y depende de un enlace de aproximadamente 21 kilómetros sobre el mar para transportar tráfico hacia tierra firme.
Sin embargo, la isla pertenece a la UBS 8.04.01, junto con municipios de mercados mayores, entre ellos Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum.
La compañía advirtió que el precio del espectro podría reflejar la demanda de esos centros turísticos y urbanos, aunque su proyecto responda a las necesidades de un mercado insular mucho más pequeño.
De esta manera, un proveedor que necesita establecer un enlace específico podría enfrentar condiciones económicas asociadas con un territorio comercial considerablemente mayor.
En Guerrero, Viridiana Prudente Martínez presentó una observación semejante sobre la inclusión de Acapulco en una unidad territorial que comprende municipios rurales de la Costa Chica.
Advirtió que la presencia de un mercado urbano más grande podría elevar los costos de proyectos destinados a comunidades pequeñas y solicitó mecanismos para enlaces específicos, georreferenciados y técnicamente justificados.
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) también sugirió evaluar concesiones por corredores de transporte, porque un radioenlace puede atravesar varias UBS sin explotar comercialmente todo su territorio.
Las montañas tampoco respetan límites municipales
Miguel Mousa Hernández cuestionó la justificación técnica de agrupar aproximadamente diez municipios por unidad sin demostrar suficientemente su correspondencia con la propagación radioeléctrica, la demanda y los costos.
Citó las sierras de Zongolica, Negra y Mazateca, en Veracruz, Puebla y Oaxaca, donde los enlaces dependen de la topografía, la línea de vista, las interferencias y las condiciones atmosféricas.
“La contigüidad municipal no equivale a conectividad radioeléctrica”, sostuvo Mousa Hernández.
AT&T también advirtió que una delimitación basada en proximidad y contigüidad podría fragmentar redes metropolitanas y aumentar las necesidades de coordinación entre unidades vecinas.
Si bien sus dimensiones empresariales son distintas, AT&T, Promtel y los proveedores regionales coinciden en cuestionar que las fronteras administrativas correspondan necesariamente con la arquitectura técnica de las redes.
La decisión económica de la CRT
Las propuestas plantean un dilema regulatorio, porque reservar frecuencias y reducir garantías puede facilitar la entrada de proveedores regionales, pero también exige mecanismos para impedir que empresas mayores aprovechen beneficios concebidos para operadores pequeños.
Asimismo, adjudicar espectro con descuentos o sin contraprestación no garantiza por sí mismo mayor cobertura. Su efectividad dependerá de compromisos verificables de despliegue, plazos y supervisión.
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Promtel pide revisar la subasta de la CRT por riesgo de mayores precios
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/promtel-pide-revisar-subasta-crt-riesgo-mayores-precios-20261028-840950.html
Las observaciones tampoco demuestran que la metodología territorial de la CRT sea técnicamente inválida, pero sí obligan a esa autoridad a trabajar más en explicar cómo se ponderaron las diferencias de demanda, infraestructura, geografía y costos entre los municipios agrupados.
El calendario preliminar contempla manifestaciones de interés del 23 al 27 de noviembre de 2026 y ofertas a partir del 12 de abril de 2027. Los precios de salida no se habían revelado en la propuesta originalmente publicada.
De esta manera, la decisión de la CRT determinará quién puede adquirir espectro, cuánto capital necesita y qué proyectos resultan económicamente viables.