El nuevo padrón de telefonía costará 220 millones de dólares y los mexicanos lo pagarán

El padrón de telefonía móvil de México, cuyo espíritu está en apoyar a la prevención de delitos, tendrá un costo de infraestructura valorado en 4,053 millones 652,389.40 pesos, unos 220.70 millones de dólares, que primero será absorbido por las empresas de telecomunicaciones, para luego ser trasladado al consumidor en sus planes de servicio.

Esto, porque no todos los operadores cuentan con los márgenes financieros fuertes como para absorber ese tipo de costos operativos sin tener que afectar al consumidor, pues estos gastos significarán una importante disposición de dinero que tendrá que ser recuperado de alguna manera, incluso para Telcel, la compañía con el músculo financiero más tonificado del sector telecom de México.

La cifra todavía es preliminar, porque en uno de los documentos del Gobierno federal sobre esta iniciativa, los montos totales se elevan hasta los 4,569 millones de pesos, o 249 millones de dólares.

Podrían esperarse entonces alzas de precios en los planes de servicio, una bolsa con menos cantidad de datos móviles o paquetes de datos con menores tiempos de vigencia, en lo que las empresas consiguen recuperar esos recursos.

Esto ya se quedó demostrado, cuando meses atrás un operador mayorista de alcance nacional unilateralmente elevó sus ofertas de referencia para los operadores minoristas, una acción que trastocó las carteras de éstos últimos y con efectos directos en el consumidor final.

En México, un nuevo marco legal en telecomunicaciones y una iniciativa de seguridad de alcance federal para combatir al crimen organizado dispusieron de la creación de un registro nacional de las líneas telefónicas móviles, lo que significa que cada línea celular tendrá que estar asociada de manera obligatoria a una persona física o moral y mediante el uso de la CURP de los usuarios, y para hacer todo eso se necesita de la infraestructura adecuada.

Concretar el registro no será sencillo, ya que en México existían cerca de 156 millones de líneas celulares con actividad en marzo del año 2025, última de las cifras que develó el ahora extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y cada número celular registrado significará un costo económico para la industria, porque en México no sólo las empresas del mercado móvil comercializan accesos celulares. A modo de ejemplo, las empresas del sector fijo y satelital también soportan cerca de 2 millones de accesos celulares con los que complementan sus paquetes de servicios para mantenerlos atractivos, por lo que también tendrán que enfrentar gastos por el nuevo registro de números.

Este es el segundo intento del Estado mexicano por cristalizar un registro de telefonía como una manera más para prevenir el crimen. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil o Panaut fue el primer intento y falló, porque la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN) declaró que éste violaba los derechos a la privacidad y protección de datos personales de los mexicanos.

La iniciativa actual se encuentra en proceso de consulta en cuanto la configuración de sus lineamientos, con una primera fecha fatal para el jueves 27 de noviembre próximo y se desconoce todavía si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), como autoridad rectora de este proceso, ampliará la vigencia de esa consulta pública por la proximidad de los tiempos, como tampoco se sabe si la CRT estaría ya colaborando con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) en esta materia, a modo de adelantarse ambas para cuando se originen diferencias entre los operadores en situaciones derivadas por el manejo y acceso a esos registros, pues la CNA es la autoridad en tema de competencia económica en telecomunicaciones y tiene facultad para decidir sobre tarifas de interconexión, por ejemplo.

Lo que está claro es que los más de 4,000 millones de pesos que se estima costará el nuevo registro estará integrado por cuatro rubros, que se conocen como “Aviso de incidencia de seguridad”; “Aviso de falla en sistema”; “Pruebas de vida y validaciones biométricas” y “Costo de plataforma de registro de usuarios y consulta de líneas” y cuyos números todavía estimados son los siguientes:

• a) Aviso de incidencia de seguridad, 264.40 millones de pesos.
• b) Aviso de falla en sistema, 251.31 millones de pesos.
• c) Pruebas de vida y validaciones biométricas, 4,031 millones de pesos.
• d) Costo de plataforma de registro de usuarios y consulta de líneas, 22.65 millones de pesos.

La iniciativa indica que, por ejemplo, son los operadores mayoristas quienes realizarán las inversiones de mayor relevancia para la disposición de la nueva infraestructura, sin que ello signifique que los pequeños operadores minoristas como los operadores móviles virtuales no desembolsarían dinero.

“Cada operador mayorista de telecomunicaciones será quien desarrollará estas plataformas. Son dos, la de acceso y la de consulta. Y a su vez, los operadores o los concesionarios, los operadores móviles, habilitarán sus plataformas a través de los servicios de estos operadores mayoristas. Todos tendrán que asumir un costo, que se esperaría tendrían que trasladar al usuario final. ¿Quién podría soportar más estos impactos? Quizá los operadores de mayor escala”, consideró Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting.

Existe además el riesgo de que se creen barreras de mercado, sobre todo en el segmento móvil, ya que, por ejemplo, un operador de mayor escala tiene un margen más amplio para financiar este tipo de infraestructuras, frente al poder de aquellos operadores de menor tamaño por número de clientes.

“Cada operador se hace cargo de su plataforma o de sus plataformas y de los mayoristas igual sus plataformas y eso podría incluso generar un problema de barreras a la entrada a pequeños operadores y minar también la innovación de los servicios (…) En términos económicos, siempre que hay un incremento en los costos de operación de un operador, obviamente tendría que haber un ajuste de tarifas. De por sí ya tienen un ARPU muy castigado, sí tendría que, de alguna manera, recuperar esos costos adicionales; y quizá no ahorita mismo, pero en el mediano plazo, sí, porque obviamente va a haber impacto”, dijo Carolina Cabello, consultora senior en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting.

En términos financieros, Telcel es la compañía con el mejor nivel de margen EBITDA para soportar este tipo de impactos. El suyo se ubicó en 41.4% en marzo del 2025. Y el consumo promedio mensual o ARPU de sus usuarios es también el más elevado del sector, ubicado éste en 186 pesos y de ahí, hacia abajo, hasta los 146 pesos por mes que registra AT&T.

En materia económica, el nivel mínimo aceptable para no poner en riesgo a una compañía se ubica en 27%, pero detrás de aquel de Telcel, el “mejor” margen EBITDA en el negocio celular es el de AT&T, con 18.2%; mientras que Telefónica, otro operador de peso en México, tiene un margen EBITDA del 9 por ciento.

Si bien los operadores mayoristas serían los encargados de hacer las mayores inversiones, los minoristas también observarán un impacto en algún grado, dijo Carolina Cabello.

Altán Redes, Telcel y AT&T, por naturaleza técnica, por obligación regulatoria y por necesidad financiera, operan redes mayoristas de telecomunicaciones en México, y entre las tres soportan el grueso de todo el tráfico que generan las 156 millones de líneas celulares que existen en 2025 en este país.

Telcel y AT&T son empresas de capital netamente privado, pero la financiación de Altán también proviene del Estado mexicano, al ser éste el principal accionista en esa compañía, por lo que no deben descartarse que con la implementación del nuevo registro de líneas celulares se originen distorsiones de mercado o algún otro tipo de efecto negativo.

“Si por ejemplo Altán es una empresa donde el Estado inyecta recursos y los otros dos son privados, entonces ahí entramos en un tema de neutralidad de la competencia”, dijo Carolina Cabello.

“La neutralidad de la competencia es un principio donde si tú estás participando en el mercado como otro jugador, no se vale que le metas un dinero tú, porque tú eres gobierno. Porque eso desequilibra el tipo de competencia; porque eso hace que los otros tengan menos incentivos para seguir invirtiendo. Eso, desde el punto de vista de competencia, es un principio que se tiene que respetar, y en todo caso, tendría que hacerlo Altán con recursos venidos de su propia operación, que además ya tiene algunos problemas”.