Condena AUSJAL el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana en Managua

Desde México, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) expresó su “más enérgico repudio ante la reciente toma de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, que por más de 63 años ha formado jóvenes visionarios pese al embate que hoy promueve el régimen que gobierna en Nicaragua”.

En una nueva andanada contra instituciones ligadas a la sociedad civil y a la iglesia católica, el pasado miércoles el Gobierno de Daniel Ortega ordenó confiscar los bienes muebles e inmuebles y congelar los fondos de la universidad jesuita en Nicaragua, bajo las acusaciones de ser un “centro de terrorismo” y “organizar grupos delincuenciales”.

Ante las “falsas e infundadas acusaciones”, respondió la Provincia de la Compañía de Jesús en Centroamérica, con sede en San Salvador, arguyendo que “se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientado a consolidar un Estado Totalitario”.

La propia AUSJAL, de la cual forma parte la UCA Nicaragua, junto con otras 30 universidades en América Latina y El Caribe, las provincias de la Compañía de Jesús en distintos países y el Gobierno general de la orden han sumado palabras de solidaridad con la universidad y con los jesuitas nicaragüenses, ante la ocupación violenta de sus instalaciones por parte de las fuerzas gubernamentales, lo que calificaron como “un atentado a la autonomía universitaria, libertad académica y a los derechos humanos”.

“Este triste episodio no sólo atenta contra la autonomía universitaria y la libertad académica, sino que también es un claro ejemplo de la violación de derechos humanos fundamentales para la salud de toda sociedad democrática” señaló el Observatorio de la Democracia de la AUSJAL.

“Una universidad debe ser siempre un espacio de diálogo, aprendizaje y crecimiento intelectual. Por ello, su autonomía es esencial para la promoción de la diversidad de pensamiento y el desarrollo de la vida democrática”, agregan en un comunicado.

Expresaron su solidaridad con la comunidad universitaria de la UCA e hicieron un llamado a la comunidad internacional “a unirse en condena de estas acciones antidemocráticas y a exigir el respeto de los derechos fundamentales en Nicaragua”.

“Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que cese de inmediato la ocupación de la UCA. También, para que permita que la comunidad académica recupere su libertad y su capacidad de contribuir al desarrollo intelectual y social del país. Además, exhortamos a la comunidad internacional, a los líderes regionales y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a unirse en la defensa de la democracia en Nicaragua. El desafío consiste en trabajar por la restauración de un sistema de Gobierno basado en la libre participación ciudadana y en el respeto de los derechos de todas y todos los ciudadanos”, manifestaron.

La Compañía de Jesús en Centroamérica responsabiliza “al Gobierno de Nicaragua de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores de la Universidad y del patrimonio cultural de dicho país que se deriven de semejante acusación injustificada y de la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua”.

Solidaridad y condena desde Roma

También el superior general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa, desde la Curia Generalizia, en Roma, expresó “Con gran sorpresa y mayor dolor por las consecuencias para la juventud y para todo el pueblo de Nicaragua, la noticia de la injusta medida de incautación y confiscación de los bienes de la Universidad Centroamericana, UCA, de Managua”, en una carta dirigida al superior provincial de los jesuitas en Centroamérica, José Domingo Cuesta.

Además de las palabras de solidaridad, Sosa reconoce a directivos, docentes y administrativos de la UCA Managua, “todo el trabajo que han venido realizando desde sus inicios en 1960, y de un modo especial en estos últimos años en los que se han logrado avances tan importantes en madurar como universidad al servicio de la nación”.

La UCA fue fundada en 1963 por la Compañía de Jesús como una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana.

“El servicio de la UCA ha estado siempre en consonancia con la misión de la Compañía de Jesús y de la Iglesia Católica. Defendiendo la causa de la justicia y la verdad. Promoviendo el derecho al pensamiento y a una educación abierta, democrática y libre. Comprometida socialmente con la calidad de la formación y la defensa del derecho y la vida de los más desfavorecidos. Todos los reconocimientos nacionales e internacionales recibidos por la UCA en estos 63 años dan testimonio de ello”, añade el padre Arturo Sosa.

“Sabemos que son totalmente falsas, y sin fundamento alguno, todas las acusaciones que se le hacen a la UCA. Se le ha negado además el derecho a la legítima defensa. Un juicio justo –con una justicia imparcial–  sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el Gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles del 2018, contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y contra miles de instituciones de la Sociedad Civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas. Con calumnias semejantes han ultrajado también los derechos de tantas personas, su reputación, su vida y sus bienes”, agrega.

“Me uno al reclamo para que se revierta y corrija esta medida judicial contra la UCA, para que cese la agresión gubernamental contra ella y contra sus integrantes, para que se abran caminos de diálogo en base a la verdad. la libertad y el derecho a la calidad de la educación de la juventud y de todo el pueblo de Nicaragua”, concluye la carta del General de la orden jesuita.

La represión en Nicaragua

La ocupación de la UCA no es del todo sorpresiva. Como un centro de estudios que promueve el pensamiento crítico y la justicia, ha estado bajo acoso del régimen de Daniel Ortega desde 2007.  Una fuente al interior de la universidad sostiene que se agudizó  a partir de la postura que tomó la institución frente a la crisis social que se vivió entre abril y octubre de 2018, durante la cual murieron asesinados 332 civiles y 23 policías, según el conteo de la CIDH. A partir de ese momento “se nos fue reduciendo progresiva y significativamente el subsidio que por determinación constitucional nos correspondía, hasta llegar a que, por ley emitida en abril del 2022, se nos retirara del beneficio implicado en el 6% asignado por el Estado de Nicaragua a la educación superior pública y subsidiada, al ser la UCA miembro fundador y hasta entonces del Consejo Nacional de Universidades”, indica la fuente.

Con la toma de la UCA Managua ya son 27 centros de estudios superiores confiscados por el régimen de Ortega.

Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la ONU, (GHREN, por su sigla en inglés) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “A partir de las protestas de abril de 2018, los ataques al pluralismo cívico y político en Nicaragua se aceleraron y agudizaron. A lo largo del periodo examinado, las autoridades provocaron el cierre total del espacio cívico y democrático, a través de la persecución de las personas y organizaciones que expresaron o sostuvieron posturas diferentes a la línea del Gobierno”.

“Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de ONGs, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se han visto forzadas a abandonar el país”.

En febrero de 2023, las autoridades de Nicaragua privaron arbitrariamente de su nacionalidad a 316 personas de diversos perfiles acusándolas de ser “traidoras a la patria”, y expulsaron a 222 de ellas, en violación de su derecho a permanecer en su propio país. El común denominador de todas ellas es que fueron percibidas por el Gobierno como una amenaza a su control del Estado.

La Asamblea Nacional adoptó una serie de leyes que fueron utilizadas para cancelar organizaciones sin fines de lucro y partidos políticos, cerrar medios de comunicación, y criminalizar a personas opositoras, reales o percibidas.

El GHREN concluyó que la cancelación de organizaciones de la sociedad civil por el Gobierno es arbitraria, y está dirigida a reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social.

La iglesia católica en Nicaragua ha sido uno de los blancos de la persecución de Ortega. De acuerdo con la abogada y defensora de derechos humanos Martha Molina (3ª entrega, "Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?"), de abril 2018 a marzo 2023 ha habido, por lo menos, 529 profanaciones a templos, atentados, robos y ataques en contra de la Iglesia católica. En su investigación registra además la clausura de 13 medios de comunicación y 10 ONG´s, así como 8 centros de Cáritas, la Universidad Juan Pablo II, con cuatro sedes en Managua, Chontales, Matagalpa y Granada, y el Instituto Técnico de Agricultura de la diócesis de Estelí, también fueron cerrados y confiscados; añádase que las cuentas bancarias de todas las parroquias están congeladas.

La persecución a miembros del clero ha sido constante: un obispo y doce sacerdotes han sido encarcelados. Monseñor Rolando Álvarez, titular de la diócesis de Matagalpa, fue condenado por un tribunal sandinista a 26 años y 4 meses de prisión por traición a la patria, despojado de su nacionalidad nicaragüense y privado de por vida de sus derechos políticos.

Otros religiosos y religiosas –más de 80– han sido expulsados del país o exiliados (incluyendo al nuncio apostólico), despojados de su nacionalidad, o inhabilitados para volver a su país.

El discurso de odio y la propaganda gubernamental han jugado un papel central en esta persecución. De acuerdo con el GHREN, "altos cargos del Gobierno, representantes de instituciones públicas, medios oficialistas y usuarios en redes sociales, hicieron uso de una retórica incendiaria que estigmatizó e incitó al odio contra las personas opositoras, reales o percibidas. Los discursos descritos fueron parte de una estrategia comunicacional que incluyó la implementación de campañas de desinformación y estigmatización a través de redes sociales, espacios institucionales y medios de comunicación afines al Gobierno. Para ello se impartieron directivas a funcionarios y funcionarias y medios pro-gobierno sobre la información que debía difundirse y la manera en que debía articularse”.