El Niño amenaza con una doble factura a 10 estados: menos crecimiento y más gasto público

El fenómeno climático de El Niño podría representar un doble golpe para las finanzas públicas de los estados mexicanos, al provocar una desaceleración de la actividad económica y aumentar las necesidades de gasto para atender los efectos de sequías, inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos.

De acuerdo con un análisis de S&P National Ratings, publicado el 12 de octubre de 2026, diez entidades federativas presentan una alta exposición económica al fenómeno debido a la concentración de sus actividades productivas en sectores vulnerables a las alteraciones de temperatura, precipitación y disponibilidad de agua.

Se trata de Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, donde más de 34% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal proviene de actividades sensibles a las condiciones climáticas, principalmente el turismo, la agricultura y la industria alimentaria.

La calificadora advierte que, aunque el impacto potencial de El Niño en México sería moderado en comparación con otros mercados emergentes, las consecuencias podrían variar considerablemente entre regiones y generar presiones sobre la liquidez y el desempeño presupuestario de algunos gobiernos estatales.

En particular, señala que las afectaciones climáticas podrían reducir la producción y el dinamismo económico, mientras las administraciones locales enfrentan mayores gastos operativos y de inversión para atender emergencias, restablecer servicios públicos y reconstruir infraestructura dañada.

Diez estados concentran la mayor exposición económica

El análisis de S&P clasifica a las 32 entidades federativas en tres categorías, de acuerdo con la proporción de su economía vinculada con sectores susceptibles a los efectos de El Niño.

Además de los diez estados con exposición alta, la calificadora identifica once con exposición moderada, donde entre 27% y 34% del PIB depende de estas actividades: Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

En contraste, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco presentan una exposición baja, al concentrar menos de 27% de su economía en los sectores analizados.

A escala nacional, las actividades vulnerables al fenómeno representan alrededor de 24% del empleo local. Sin embargo, la dependencia laboral es considerablemente mayor en algunas entidades.

Baja California Sur, Quintana Roo y Nayarit concentran, en promedio, 39% de sus empleos en estas industrias, mientras que Chihuahua, Coahuila y Baja California Sur registran una participación promedio de 13%, de acuerdo con el indicador utilizado por S&P.

La exposición económica, no obstante, no significa que las entidades necesariamente enfrentarán los mayores daños meteorológicos, ya que las consecuencias dependerán de la intensidad de las lluvias, sequías y otras alteraciones climáticas en cada región.

Sequías también amenazan a la industria automotriz

Aunque las actividades agropecuarias y turísticas destacan entre las más vulnerables, los efectos de El Niño también podrían alcanzar a estados con una importante actividad manufacturera.

S&P identifica que Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora mantienen una elevada dependencia de industrias intensivas en el consumo de agua, particularmente aquellas vinculadas con el sector automotriz.

En estas entidades, dicho segmento representa, en promedio, alrededor de 27% del PIB estatal y genera cerca de 13% del empleo local, por lo que una menor disponibilidad de recursos hídricos podría afectar su desempeño productivo.

La calificadora señala que, durante el episodio de El Niño de 2023-2024, gran parte del territorio nacional enfrentó condiciones de sequía, altas temperaturas y bajos niveles de almacenamiento en presas.

En ese periodo, once estados registraron una alta exposición a condiciones de sequía, principalmente en el norte y el Bajío, aunque únicamente Durango y Sinaloa combinaron una elevada exposición económica directa con este tipo de condiciones climáticas.

Por otra parte, el episodio de 2015-2016 estuvo caracterizado por precipitaciones intensas en distintas regiones del país. En ese caso, once entidades registraron niveles de lluvia superiores al promedio nacional, de las cuales cinco presentaban una alta exposición económica.

Estos antecedentes muestran que las consecuencias de El Niño pueden ser diferentes entre episodios, por lo que la vulnerabilidad de cada estado depende tanto de su estructura productiva como de las condiciones meteorológicas que enfrente.

Menores ingresos y mayores gastos presionarían las finanzas estatales

Desde una perspectiva crediticia, S&P identifica tres canales mediante los cuales los eventos climáticos asociados con El Niño podrían afectar a los gobiernos estatales.

El primero corresponde a la actividad económica, debido a que las sequías, lluvias extremas y otros fenómenos podrían reducir la producción, el empleo y los ingresos en sectores particularmente expuestos.

El segundo está relacionado con las finanzas públicas, ya que las administraciones podrían enfrentar mayores gastos operativos y de inversión para atender emergencias, reparar infraestructura, restablecer servicios y desarrollar proyectos de resiliencia hídrica.

Finalmente, la calificadora advierte sobre posibles presiones de liquidez y una menor flexibilidad presupuestaria, especialmente cuando los gastos extraordinarios coincidan con una reducción temporal de ingresos derivada de la desaceleración económica.

La magnitud de estos efectos dependerá de la diversificación productiva, la fortaleza fiscal y financiera de cada entidad y la capacidad de sus administraciones para manejar las contingencias.

En este sentido, una elevada exposición económica no implica necesariamente un deterioro de la calificación crediticia, pues S&P señala que sus evaluaciones ya incorporan riesgos asociados con la concentración productiva y los pasivos contingentes derivados de desastres naturales.

Apoyo federal será clave para enfrentar los daños

Otro factor determinante será la disponibilidad de recursos federales para atender las emergencias y financiar la reconstrucción de infraestructura.

S&P recuerda que, antes de su extinción en 2020, el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) contaba con recursos cercanos a 27,000 millones de pesos y funcionaba como una reserva financiera para responder a contingencias.

Tras su desaparición, la atención de estos eventos depende en mayor medida de asignaciones presupuestarias directas del gobierno federal, cuyo margen fiscal es limitado, de acuerdo con la calificadora.

Aunque algunas entidades han constituido fondos específicos y contratado seguros catastróficos, estos instrumentos suelen representar costos elevados y no necesariamente cubren la totalidad de las pérdidas ocasionadas por fenómenos de gran magnitud.

Por ello, la oportunidad y el alcance de los apoyos federales serán determinantes para reducir las presiones sobre las finanzas estatales y municipales.

El análisis también destaca que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como las inversiones en infraestructura hídrica y medidas de adaptación, serán fundamentales para mitigar los riesgos económicos.

De cara a los próximos meses, S&P advierte que el fenómeno podría alcanzar niveles excepcionalmente intensos, de acuerdo con las previsiones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Aunque el informe no establece una estimación monetaria de las pérdidas potenciales, sí advierte que las administraciones estatales podrían enfrentar una menor actividad económica y, al mismo tiempo, mayores obligaciones de gasto, una combinación que limitaría su capacidad presupuestaria y pondría a prueba la fortaleza de sus finanzas públicas.