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Avances en erradicación de la pobreza en riesgo: pandemia y políticas públicas no transversales
De acuerdo con el informe sobre la política de desarrollo social del Coneval, en el escenario más optimista, la pandemia podría llevar a la pobreza por ingresos a 9 millones de mexicanos más. Las mujeres y la población indígena son los grupos que enfrentarán con más fuerza el impacto.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
Los avances en materia de pobreza han sido modestos y la llegada de la pandemia a México podría no sólo revertirlos, también profundizar la problemática. Adicionalmente, la mayoría de los programas sociales implementados por las autoridades fungen como transferencias directas que, aunque zurcen un primer momento de la carencia, no inciden en la erradicación estructural de la pobreza.
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 del Coneval, en el mejor de los escenarios la crisis Covid-19 provocaría un aumento de 7 puntos porcentuales en nivel de pobreza por ingresos en México, alcanzando a más de la mitad de la población: del 49 al 56% de los habitantes. En términos absolutos significa que hay 9 millones de mexicanos en riesgo de sumarse a los 61 millones que no tienen ingresos suficientes para cubrir la canasta básica.
Esta situación revertiría avances de al menos una década, profundizaría las brechas de desigualdad e impactaría de manera desproporcional a mujeres, población indígena y afro, jóvenes y otros grupos vulnerables.
La crisis se ha extendido por todo el mundo y aunque el impacto ha sido inevitable, las medidas de contención de los países serán determinantes en la recuperación; de acuerdo con el análisis del Coneval, en este sentido el Gobierno debe reestructurar algunos programas, reforzar otros e implementar perspectivas integrales en todos los órdenes y niveles de la política pública.
En reacción a las eventualidades generadas por la emergencia sanitaria se identificaron 53 programas sociales, de los cuales 31 son presupuestarios y 22 no presupuestarios. Del total de intervenciones, el 57% están ligadas a la salud y la asistencia social. Sólo 20% se dirige al mercado laboral, 9% a incentivos fiscales y crediticios y apenas 7% se dirige a una reactivación económica. En este sentido se debe reforzar los últimos rubros, bajo la perspectiva de insterseccionalidad, debido a que influyen directamente en el nivel de ingresos de los hogares y su capacidad de cubrir la canasta básica.
Por su parte, se identificó que el 64% del total de intervenciones para contener la pandemia sí están dirigidas a los grupos vulnerables: mujeres, población indígena, niños y jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. El contraste es que no todas las áreas de apoyos (educación, salud, economía, trabajo) quedan cubiertas equitativamente para cada grupo. En este sentido, el informe enfatiza la necesidad de integrar la perspectiva interseccional para garantizar el acceso efectivo a los derechos conforme las necesidades particulares de cada grupo.
A diferencia de la pobreza medida multidimensionalmente, la pobreza por ingresos ha seguido una tendencia creciente. Aunque la población en situación de pobreza tiene menos carencias en educación, vivienda o salud, lo que sí ha caído de manera importante es el ingreso laboral real y, en consecuencia, el ingreso total de los hogares.
La crisis sanitaria provocó una de las recesiones globales más importantes de la historia moderna y está desmantelando problemáticas estructurales en muchos países; sólo de la región latinoamericana, México sería el cuarto país que verá el mayor aumento de pobreza en su población, de acuerdo con estimaciones de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
Otros de los factores que se entrelazan en este severo impacto para México son el alto nivel de informalidad laboral, y la persistencia de una distribución inequitativa del ingreso. De acuerdo con las cifras publicadas por el IMSS, el nivel de empleos formales cayó 4.2% al corte del tercer trimestre del 2020, y aunque la caída fue menos profunda que en meses previos los indicadores oportunos no muestran señales de que se recupere totalmente al término del 2020.
El acceso a los derechos laborales es el más golpeado de los derechos sociales básicos y, de acuerdo con el informe presentado por el Coneval, será también el que más incida en la caída generalizada del ingreso de la población. En esta misma línea se enfatiza que quienes se encontraban previamente en ocupaciones precarias o vulnerables serán también quienes más riesgo tengan de entrar en la pobreza laboral y general.
Las mujeres y la población indígena, en la cabeza
Los grupos que enfrentarán impactos desproporcionalmente fuertes ante la crisis serán las mujeres y las comunidades indígenas por las condiciones previas en las que se encontraban en el mercado laboral.
Las mujeres, por un lado, ocupaban mayoritariamente empleos informales, con remuneraciones bajas, poco calificados y con dobles jornadas por la sobrecarga de tareas del hogar no remuneradas. Por otro lado, la población indígena, es la que presentaba los más altos niveles de marginación laboral, discriminación e inmovilidad social, cultural, laboral y económica.
En el 2019 el 50% de las mujeres presentaba ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica y un 17% tenía ingresos insuficientes incluso para cubrir sólo las necesidades alimentarias.
La brecha en la participación económica entre hombres y mujeres era de 32.2 puntos porcentuales en promedio y la participación laboral de las mujeres predomina en todos los sectores más golpeados por la pandemia: el comercio, el turismo, la educación y la salud.
Por su parte, la población indígena se posicionaba incluso antes de la pandemia como el grupo con mayor incidencia de pobreza moderada y extrema; 7 de cada 10 indígenas en México se encuentran en algún grado de pobreza.
En términos laborales, aunque la tasa de desempleo es de apenas 1% en la población indígena, este es el grupo que enfrenta las condiciones más precarias de los empleos. Sólo el 17% de los trabajadores indígenas tienen acceso a instituciones de seguridad social; para los no indígenas este porcentaje es más del doble (40 por ciento). Y el 10% de los trabajadores indígenas no recibe pago por sus labores mientras que para la población no indígena esta cifra es de apenas 4 por ciento.
Las condiciones de rezago y marginación laboral y de ingresos de las mujeres y la población indígena se profundizarán con la pandemia y podrían potenciarse si no se implementan políticas bajo perspectiva de derechos.
El informe del Coneval destaca que los programas de asistencia social que se enfocan sólo en transferencias directas pueden impactar positivamente como respuesta inmediata pero no se enfocan en atacar de raíz la problemática de la pobreza en México. Adicionalmente, si no se identifican las necesidades de quienes conforman los grupos con más riego de caer en pobreza las brechas de desigualdad se ampliarán revirtiendo los avances en desarrollo social e incluso creando una polarización del ingreso más fuerte.