La empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), le está dando al gobierno federal menos ingresos que nunca, situación que prevalecerá en los próximos años si durante la administración de Claudia Sheinbaum se continúa con la estrategia de reducir la carga fiscal y cobrarle menos. impuestos, de acuerdo con especialistas consultados. Jorge Cano, investigador de México Evalúa, explicó que como Pemex es una empresa del Estado, la renta petrolera que obtiene se divide en dos: una parte se la entrega al gobierno federal para el financiamiento de políticas públicas, programas, obras, mientras que otra parte se la queda Pemex. En el sexenio actual la proporción de la renta que se entrega al gobierno ha ido a la baja, particularmente en los últimos dos años, pues Pemex cada vez se queda con más recursos que destina a pagar su deuda, costos e inversiones. Durante la primera mitad del 2024, los ingresos petroleros (la renta petrolera) ascendieron a 547,199 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De esa cantidad, Pemex se quedó con el 83%, es decir, con 455,479 millones de pesos, mientras que el 17% restante o 91,719 millones de pesos se le entregó al gobierno federal como pago de derechos, principalmente. Es la proporción más baja para la Federación al menos desde 1990. A finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el 2018, Pemex se quedó con el 44% de la renta petrolera y el 54% restante se le entregó a la Federación para financiar obras y proyectos que abonaran al desarrollo del país. Incluso hubo años en que Pemex se llegó a quedar con una parte mínima de la renta petrolera, como en el 2008, cuando la Federación se quedó con el 86% de los ingresos y la petrolera estatal con el 14 por ciento. Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético, explicó que el cambio de paradigma en la dinámica de repartición de la renta petrolera tiene que ver con la transformación que ha habido del régimen fiscal de Pemex en los últimos años. Señaló que de 1994 al 2009, Pemex tenía un régimen fiscal que era muy sencillo, pero que resultaba demasiado oneroso, pues tenía que entregar al gobierno, a manera de impuesto, el 60% de sus ingresos totales. “Este régimen fiscal fue sangrando a la empresa y gracias al mismo hubo un incremento importante en su deuda, ya que hubo ocasiones en que Pemex tuvo que salir a endeudarse nada más para poder pagar todos los impuestos que se le cobraban”, apuntó Monroy. Desde el 2009 y hasta el 2013 hubo un relajamiento en el régimen fiscal y se le empezaron a reconocer ciertas deducciones a Pemex, aunque aún muy acotadas. “Era un método que ya se empezaba a parecer más al del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se le cobra a todas las empresas del país”, aseguró Monroy. Posteriormente vino la reforma energética de Enrique Peña Nieto con la cual se le comenzó a cobrar a Pemex tasas fiscales que podían variar. “Por ejemplo, la tasa del Derecho a la Utilidad Compartida (DUC) variaba dependiendo de factores como los precios internacionales del petróleo”, dijo el especialista. Una vez que llegó la administración actual todo cambió, pues se comenzó a dar apoyos fiscales a la empresa con el fin de darle mayor liquidez para que pudiera resolver sus problemas financieros y aumentar su producción. Estos apoyos incluyen la condonación del pago del DUC (la aportación principal de Pemex a la Federación) mediante créditos fiscales de 100% que se le han otorgado por decreto presidencial durante algunos meses, así como el recorte progresivo de la tasa del DUC que pasó de 65 a 30% entre el 2019 y el 2024. Diego Díaz, director de finanzas públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que sólo por condonaciones, a Pemex se le perdonó el pago de 267,300 millones de pesos a la Federación entre el 2019 y el 2023, a lo que se suman 500,000 millones de pesos que dejaron de pagar entre el 2020 y el 2023 por la reducción en la tasa del DUC. “En total, la petrolera recibió 767.300 millones de pesos en estímulos fiscales durante este sexenio a lo que, si le sumamos las aportaciones de capital que le dio el gobierno suman más de 1.81 billones de pesos en apoyos durante la administración actual”, explicó. El problema, dijo Díaz, es que no hay evidencia de que estos apoyos hayan servido para el objetivo por el que fueron otorgados, pues la producción de la empresa está estancada y sus finanzas siguen deterioradas. No obstante, se reconoce que sin los apoyos, seguramente la situación financiera de la empresa sería peor. “Lo que debe de entender la nueva administración (de Claudia Sheinbaum) es que los problemas de la petrolera no se resuelven nada más con la transferencia de recursos fiscales, sino que se deben de resolver los problemas de fondo que tiene la empresa”, dijo Díaz. Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseguró que Pemex, por su naturaleza de empresa del Estado, tiene que aportar sí o sí a las arcas públicas porque el petróleo es propiedad de todos los mexicanos. “Se expropió para que diera recursos que aportaran al desarrollo del país, cosa que no está sucediendo, porque ahorita somos los todos los mexicanos los que estamos salvando a Pemex mediante los apoyos fiscales y las aportaciones que le da el gobierno”, concluyó. sebastian.diaz@eleconomista.mx
