¿Una certificación laboral para todas las empresas?

Imagínese que para que una empresa pudiera operar su negocio se le exigiera cumplir al pie de la letra con todas las obligaciones laborales que marca la ley. ¿Cuántas organizaciones pasarían este filtro?

No es necesario asustarse, no es algo que se contemple en el horizonte normativo cercano. Al menos no para todo el mercado laboral formal en México, sólo para las empresas agropecuarias, en especial para las exportadoras.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República hace unos días una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Comercio Exterior para, entre otras cosas, crear el Certificado Laboral para la Agroexportación, una especie de sello de cumplimiento normativo para las compañías agrícolas.

Así, si una empresa que opera en México quiere exportar productos agrícolas sin restricciones, deberá demostrar previamente que cumple con derechos laborales, seguridad social y condiciones de trabajo dignas para su plantilla.

“Mientras la agroindustria se consolida como motor de divisas y empleo, se debe garantizar a las y los trabajadores del campo condiciones dignas, pues los beneficios del comercio internacional no se generan únicamente en el punto de exportación, sino a lo largo de toda la cadena de valor: desde el pequeño productor hasta las empresas empacadoras y comercializadoras”, expresa la mandataria en la propuesta que será analizada por la Cámara Alta.

El gobierno estima que al menos 2.8 millones de hombres y mujeres se desempeñan en el sector agrícola en México. De este universo, cuatro de cada cinco personas trabajan en condiciones de informalidad, es decir, sin protección legal, prestaciones básicas ni acceso a seguridad social.

Específicamente, la Secretaría del Trabajo (STPS) estima que la reforma beneficiará de entrada a 200,000 personas que laboran en la actualidad en la agroexportación en las condiciones antes descritas.

Pero detrás de este proyecto no hay sólo un tema de lucha social, la realidad es que hay un gran foco de presión: los compromisos adquiridos por México en el T-MEC desde 2020, tratado que actualmente se encuentra en proceso de revisión y que contiene un mecanismo que se ha traducido ya en 46 quejas de Estados Unidos por la violación de derechos en empresas en México.

Ante este contexto, la STPS reconoce que este nuevo certificado y “la formalización laboral permitirá reducir la informalidad en cultivos de alto valor como el aguacate, las berries, los espárragos y el jitomate, además de contribuir al cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al tiempo que se fortalece la competitividad del sector agroexportador”.

Más allá de la desproporción que representan estas reglas para México frente a Estados Unidos, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que contiene el T-MEC se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades federales y locales en nuestro país.

La realidad es que la violación de derechos laborales es más común de lo que queremos admitir y eso ha evidenciado la gran mayoría de las resoluciones en torno a estas quejas provenientes desde EU. Y aunque en un inicio se concentraron mayormente en el sector automotriz, el caso del call center Atento de agosto pasado demostró que no es necesario ser una empresa exportadora para ser sometida a este proceso.

En el día a día, los mecanismos de simulación para evadir las responsabilidades laborales se multiplican por grandes números a lo largo y ancho del país. Ejemplos hay muchos, uno muy emblemático es el de la informalidad. De los 32.7 millones de personas con una ocupación informal en México, cerca del 45% lo hace dentro de empresas e instituciones formales, incluido el sector público

Hoy el gobierno va por una reforma muy puntual, enfocada en la agroexportación y en buena medida impulsada por las presiones que implica la revisión del T-MEC y el escrutinio internacional sobre las condiciones laborales en México. Pero el incumplimiento suele ser más la regla que la excepción.

¿Qué piensa ahora de un certificado laboral para todas las empresas en el país? Al adentrarse en la realidad de la vida cotidiana del mundo del trabajo mexicano, quizá ya no suena tan descabellado.