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Inteligencia artificial podría ayudar a gobiernos a mejorar servicios públicos y atender demandas ciudadanas
El uso de inteligencia artificial permitiría procesar miles de propuestas ciudadanas, identificar problemas sociales y diseñar políticas públicas más efectivas; expertas señalan que el reto es convertir la participación de la población en resultados concretos.

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La inteligencia artificial (IA) podría convertirse en una herramienta para que los gobiernos mejoren los servicios públicos, identifiquen las necesidades de la población y aprovechen las propuestas ciudadanas en el diseño de políticas públicas.
Sin embargo, su potencial no radica únicamente en incorporar nuevas tecnologías a las instituciones, sino en utilizarlas para ofrecer respuestas más efectivas a los problemas sociales, explicó Beth Simone Noveck, directora de GovLab (Governance Lab) de Northeastern University.
Durante la Conferencia Magistral sobre Inteligencia Artificial en el Gobierno, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la especialista señaló que uno de los principales desafíos de las administraciones públicas es transformar la participación ciudadana en decisiones y acciones concretas.
Esto implica ir más allá de abrir espacios para que las personas expresen sus opiniones; los gobiernos también necesitan desarrollar capacidades para organizar esa información, identificar prioridades y aprovecharla en beneficio de la sociedad.
¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a los gobiernos?
Una de las principales ventajas de la IA es su capacidad para procesar grandes cantidades de información en menos tiempo, una tarea que suele representar dificultades para las instituciones públicas cuando reciben miles de solicitudes, comentarios o propuestas.
Noveck recordó que, en 2007, durante los preparativos de los primeros 100 días de la administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama, una iniciativa de gobierno abierto recibió cerca de 125,000 propuestas ciudadanas en apenas una semana.
Aunque el ejercicio permitió conocer numerosas inquietudes de la población, también dejó al descubierto un problema: las instituciones carecían del tiempo y las herramientas necesarias para revisar y aprovechar toda esa información.
Actualmente, herramientas basadas en inteligencia artificial ofrecen posibilidades para clasificar propuestas, identificar coincidencias y facilitar su análisis; esto permitiría a los gobiernos reconocer problemas recurrentes y establecer prioridades de atención.
Para la investigadora, el objetivo es que principios como la transparencia, la participación y la colaboración dejen de ser únicamente compromisos institucionales y se traduzcan en mejores políticas públicas y servicios.
De las propuestas ciudadanas a las políticas públicas
La especialista expuso algunos ejemplos de cómo estas tecnologías ya se han utilizado para atender necesidades concretas.
Uno de ellos ocurrió en California, Estados Unidos, donde, después de los incendios registrados en ese estado, se recopilaron sugerencias de miles de ciudadanos para encontrar formas de mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias.
Mediante herramientas de inteligencia artificial, las propuestas fueron clasificadas y organizadas hasta identificar 19 iniciativas de política pública, de las cuales cinco lograron avanzar.
El caso muestra cómo la tecnología puede ayudar a las instituciones a aprovechar las aportaciones de la población, particularmente cuando el volumen de información dificulta su revisión mediante métodos convencionales.
Noveck también mencionó la experiencia de una docente australiana que desarrolló una aplicación para evaluar habilidades de comunicación en inglés.
La herramienta comenzó a compartirse con otros profesores y posteriormente se extendió a más escuelas y distritos escolares; su utilización permitió liberar tiempo que los docentes pudieron dedicar a la atención directa de sus estudiantes.
En ambos casos, explicó, la inteligencia artificial funcionó como un apoyo para mejorar procesos y atender necesidades específicas, sin sustituir el trabajo de las personas.
La IA no debe reemplazar a funcionarios ni docentes
La directora de GovLab subrayó que el propósito de incorporar inteligencia artificial a las instituciones no es reemplazar a los servidores públicos ni a los profesionales de otros sectores.
Por el contrario, estas herramientas deben contribuir a que las personas desempeñen mejor sus funciones y cuenten con mayores capacidades para resolver problemas.
Desde esta perspectiva, la utilidad de la tecnología no debería medirse únicamente por su nivel de innovación, sino por los beneficios que genera para la población y los resultados que permite alcanzar.
En ello coincidió Gabriela Ramos Patiño, exsubdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien sostuvo que la tecnología debe entenderse como un medio para responder a las necesidades sociales y no como un fin en sí mismo.
Para aprovechar sus posibilidades, consideró necesario invertir en investigación, infraestructura tecnológica y formación de funcionarios públicos, además de contar con datos que permitan comprender las características y necesidades de las poblaciones locales.
El reto de los gobiernos es recuperar la confianza ciudadana
Las especialistas también abordaron la relación entre inteligencia artificial, participación ciudadana y democracia.
Noveck planteó que incorporar estas herramientas a la gestión pública representa una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones, siempre que su utilización esté orientada a resolver problemas reales.
Por su parte, Ramos advirtió que las decisiones gubernamentales deben sustentarse en evidencia y acompañarse de mecanismos de retroalimentación ciudadana que permitan evaluar sus resultados.
La especialista señaló que la crisis democrática no puede atribuirse exclusivamente a la tecnología, pues también está relacionada con la distancia entre los gobiernos y las demandas de la sociedad, así como con la falta de resultados.
En ese contexto, el desafío para las administraciones públicas no consiste solamente en escuchar a más ciudadanos, sino en contar con herramientas y capacidades institucionales para convertir sus propuestas en soluciones.




