Falta de reglas claras frena la adopción de IA en el gobierno mexicano

La falta de lineamientos claros dentro de las dependencias y las ambigüedades en los procedimientos administrativos dificultan la adopción de inteligencia artificial en el gobierno mexicano, coincidieron funcionarios federales y especialistas.

Durante un encuentro celebrado en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), los participantes advirtieron que las autoridades necesitan definir cómo utilizar estas herramientas en sus actividades. El diagnóstico incluye las reglas que rodean cada procedimiento, además de la preparación de quienes tendrán que operarlas.

Marco Antonio Moreno Ibarra, director general de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de Secihti, explicó que la digitalización requiere procesos administrativos estructurados y datos disponibles. Identificó como obstáculo la normativa que regula esas actividades.

“Si ese marco regulatorio no es completo, no está bien definido, pues la inteligencia artificial no va a trabajar correctamente porque se requiere que sean bien estructurados, bien definidos y que no dejen ahí una vaguedad”, dijo Moreno Ibarra.

Su señalamiento sitúa parte del problema en el funcionamiento cotidiano de las oficinas públicas. Antes de incorporar una herramienta, explicó, las personas responsables de conducir el proyecto deben comprender qué puede hacer la IA y cuáles son sus límites.

Diego Flores Jiménez, titular del Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía, coincidió en la falta de lineamientos internos para establecer cómo utilizarla en los procesos gubernamentales. También identificó dificultades en la contratación y planteó fortalecer el trabajo entre dependencias, con participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

“Creo que el trabajo coordinado, la colaboración en ese sentido ayudaría a detonar este mayor uso dentro de la administración pública de la inteligencia artificial en los distintos procesos”, dijo Flores Jiménez.

El encuentro acompañó la presentación del informe “Hacia un Estado más eficiente y moderno al servicio de cada ciudadano”, elaborado por Access Partnership por encargo de Salesforce. El documento sostiene que el principal cuello de botella regional está en convertir las estrategias de IA en aplicaciones concretas.

Pablo Pruneda Gross, coordinador general del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM, cuestionó que el componente normativo pudiera considerarse un asunto superado en México.

“Me parece que sí en México nos ha faltado el aterrizaje normativo de una forma un poco más concreta para estar siquiera a la par de Latinoamérica”, dijo Pruneda Gross. El académico agregó que hace falta una visión estratégica que permita coordinar los esfuerzos institucionales.

De los principios a los procedimientos

El gobierno federal presentó el 29 de enero de 2026 los Principios de Chapultepec, una declaración de ética y buenas prácticas para el desarrollo y uso de IA. Secihti y la ATDT establecieron el documento como una guía de adopción voluntaria.

La declaración plantea que las decisiones apoyadas en IA deben tener responsables humanos. También pide que las personas puedan comprender cómo se llegó a una resolución y reconstruir el proceso que la produjo. Su carácter orientador deja a las instituciones la tarea de traducir esos principios en instrumentos para sus operaciones.

En materia de trámites, México cuenta con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Su artículo 21 establece una agenda para identificar costos burocráticos y procesos redundantes, a partir de la cual las autoridades deben programar acciones de simplificación y digitalización.

La ATDT informó que un equipo de 20 especialistas diseñó durante 2026 proyectos para servicios gubernamentales, entre ellos herramientas dirigidas a agilizar la asignación de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La agencia también reporta modelos de riesgo para aduanas. En su agenda de inteligencia artificial describe sistemas destinados a asignar inspecciones según el historial de cumplimiento de los operadores y la capacidad de cada instalación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documentó rezagos institucionales en su informe “Perspectivas del gobierno digital 2026”.. México obtuvo 0.51 puntos en el Índice de Gobierno Digital 2025, frente a un promedio de 0.70 entre los países de la organización.

Durante ese periodo, el país tampoco reportó una estrategia dedicada al talento digital del sector público. El organismo identificó oportunidades para desarrollar las capacidades del personal gubernamental.

Capacitación y supervisión

Moreno Ibarra planteó que la formación debe adaptarse a las necesidades de cada institución y alcanzar tanto a los mandos como al personal operativo. Señaló que algunas dependencias cuentan con presupuesto para iniciativas de IA y propuso avanzar hacia una preparación especializada.

“Creo que debiera haber una estrategia para el propio gobierno de cómo implementar la inteligencia artificial. Por ejemplo, algunas instituciones del propio gobierno ya tienen por ahí algún presupuesto destinado a iniciativas sobre inteligencia artificial”, dijo el funcionario de Secihti.

El informe de Salesforce recomienda extender esa preparación a quienes compran tecnología y supervisan contratos. Para evaluar avances propone medir el tiempo de resolución de los 10 trámites de mayor volumen antes y después de incorporar IA.

El estudio advierte que los sistemas públicos suelen conservar información en bases separadas. Para conectar un agente de IA con un trámite, propone establecer reglas de acceso a los datos y mantener registros de su utilización.

Pruneda Gross planteó que las universidades podrían revisar los sistemas antes de su aplicación y auditarlos posteriormente. Mencionó la inclusión lingüística como un aspecto que debe examinarse al desarrollar servicios para la población mexicana.

El documento de Access Partnership propone que los sistemas de alto riesgo cuenten con evaluaciones de impacto publicadas y mecanismos de apelación operativos. Entre los indicadores sugeridos incluye cuántos trámites dejan de exigir documentos que el Estado ya posee. Para los usuarios, esa medición permitiría comprobar si la incorporación de IA reduce requisitos y tiempos de atención.