Discusión sobre redes de pago debe considerar impactos en modelos de negocio

La consulta pública sobre redes de pago, lanzada de manera conjunta por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pone sobre la mesa un tema clave para la operación de múltiples actores del sector financiero: la definición de topes máximos a las tasas de intercambio de 0.3% para transacciones con tarjeta de débito y de 0.6% para operaciones con tarjeta de crédito.

Estas tasas, conocidas como cuotas de intercambio, corresponden a la comisión que una institución emisora —encargada de emitir y administrar las tarjetas— cobra a una institución adquirente, responsable de afiliar a los comercios para la aceptación de pagos con tarjeta. Su propósito es compensar al emisor por los servicios prestados y por los riesgos asociados al procesamiento de cada transacción.

En este contexto, el debate no se limita únicamente al nivel de las tasas, sino que también abarca las condiciones de competencia y la forma en que operará la interoperabilidad entre las distintas redes.

“Promover la competencia es legítimo, pero hay que tener muchísimo cuidado en cómo se hace”, señaló Álvaro Vértiz, analista privado y director nacional de DGA Group.

La propuesta incluida en la consulta, cuyo plazo se extendió hasta el 20 de enero del 2026, ha generado posturas encontradas entre los participantes del mercado. De acuerdo con especialistas, dependiendo del modelo de negocio, los límites inicialmente planteados pueden considerarse agresivos o insuficientes, ya que podrían incentivar esquemas fuera del marco regulado o reducir los incentivos para emisores de menor escala.

Uno de los casos más sensibles es el de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Su modelo de negocio opera con márgenes estrechos debido a las limitaciones que impone la Ley Fintech y, en el 2022, se consolidaron como la segunda entidad con mayor número de operaciones en Terminales Punto de Venta, según datos de la extinta Cofece. En este sentido, la cuota de intercambio resulta un elemento fundamental para la viabilidad de su modelo de negocio.

El “Estudio de competencia y libre concurrencia en los servicios financieros digitales”, elaborado por el propio organismo, recomendó reformar la Ley Fintech para permitir que las IFPE funcionen como corresponsales digitales, dado que actualmente su actividad está prácticamente limitada a transacciones realizadas por sus propios tarjetahabientes. Desde otra perspectiva, el debate también apunta a la forma en que se determinan estas cuotas.

El problema de fondo

Establecer límites adecuados es esencial: si las tasas son demasiado altas, los comercios podrían dejar de aceptar pagos con tarjeta; pero si se fijan demasiado bajas, los emisores perderían incentivos para cubrir los costos y riesgos asociados a la emisión. Sin embargo, este ajuste, por sí solo, podría no resolver el problema de fondo que, de acuerdo con especialistas, está vinculado con la falta de competencia y con los procesos de contratación con las Cámaras de Compensación, cuyo rol es clave en los flujos y esquemas de los pagos electrónicos.

“Las modificaciones no atacan el problema de fondo. El problema es que los bancos siguen controlando el mercado. Me tocó conocer el caso de una Caja que buscó firmar un contrato directo con una Cámara de Compensación y las cosas por las que pasó para lograrlo fueron complejas, porque claramente no era una prioridad para la Cámara de Compensación”, señaló Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox.